Parte V: Arnold Chacón encabeza la agenda proguerrilla de Washington
Unas semanas después del intento de asesinato de Gilda Aguilar en 2012, el coautor de esta serie de artículos, Steve Hecht, fue invitado a reunirse con Arnold Chacón, embajador de Estados Unidos en Guatemala. Hecht asistió a la reunión junto con el profesor Armando De La Torre, decano de la Universidad Francisco Marroquín y columnista para El Periódico de Guatemala.
Desde el comienzo, Chacón dejó en claro que De La Torre y Hecht —ambos ciudadanos estadounidenses— no debían difundir nada de lo que iban a escuchar en aquella reunión. Ellos, por su parte, no estaban allí para escribir nada, sino para informarle al embajador sobre las malas actuaciones del Ministerio Público y el daño que la fiscal general Claudia Paz y Paz le estaba haciendo al imperio de la ley.
Como era de esperar, Chacón y su embajada fueron bastante abiertos sobre el tema de Paz y Paz. Un tiempo antes de recibir a De La Torre y a Hecht, el embajador convocó al activista guatemalteco Ricardo Méndez-Ruiz a una cena formal.
Ricardo Méndez-Ruiz es el hijo de un coronel retirado del Ejército que fungió como ministro del Interior durante el Gobierno de Efraín Ríos Montt. Crítico implacable de Paz y Paz, los partidarios de la guerrilla suelen vilipendiarlo como una persona en los extremos más bajos de la humanidad: “una persona con estrechos lazos con los militares guatemaltecos”.
También sucedió que, mientras su padre estaba al servicio de Ríos Montt, el joven Méndez-Ruiz —mientras estudiaba veterinaria— fue secuestrado por el Ejército Guerrillero de los Pobres, la misma rama para la cual los parientes de Paz y Paz estaban trabajando. Fue tomado como prisionero por la guerrilla durante dos meses en una experiencia que lo marcó para siempre.
El embajador se mostró en desacuerdo con una columna que Méndez-Ruiz acababa de publicar en El Periódico. La nota comenzaba con esta afirmación: “El embajador Arnold Chacón ha traicionado al pueblo de Estados Unidos al colaborar con terroristas en Guatemala, y con gente que es conocida por simpatizar con ellos”.
La última frase era una referencia directa a Paz y Paz. En la columna no la nombró, pero el embajador sabía a lo que apuntaba. Méndez-Ruiz luego nos aclaró:
“El embajador me expresó que Paz y Paz disfruta de un amplio respaldo por parte de la secretaria de Estado Hillary Clinton —hasta tal punto que él, Chacón, es uno de los pocos embajadores a los que la secretaria Clinton recibe inmediatamente cuando visita Washington, y esto es precisamente por su relación con Claudia Paz y Paz”.
Chacón esgrimió una defensa de Paz y Paz que solo obedecía a un razonamiento propio de las relaciones públicas —mientras que Hecht y De la Torre lo visitaban con el tipo de noticias que no son buenas para las relaciones públicas.
Paz y Paz comenzó un proceso disciplinario contra la fiscal Gilda Aguilar por su intento de imputar a diez individuos relacionados con acciones de una milicia ilegal. Pero funcionarios del Ministerio Público también estaban minimizando el intento de asesinato contra Aguilar, describiéndolo como un robo que salió mal.
Los visitantes del embajador también le informaron sobre las instrucciones que Paz y Paz emitió dentro del propio ministerio.
Respecto al importante asunto de la invasión y ocupación de tierras, la fiscal general instruyó a los fiscales que “el tiempo que se debe dar a los ocupantes para desalojar, que sea razonable conforme a las circunstancias” (Instrucción 7-2011). La orden contravenía el Código Penal, que estipula la “evacuación inmediata”.
Paz y Paz no se conformaba con reescribir las leyes para los fiscales. Unos tres meses antes —el 2 de julio de 2012— la jueza Silvia de León, del Distrito Capital, dejó asentada en los registros del tribunal su descripción de una reunión de jueces en la cual Paz y Paz hizo una aparición sorpresa.
La sola presencia de la fiscal general en la reunión ya había sido bastante irregular, y hasta quizás ilegal. De acuerdo con De León, la fiscal general le dijo a los jueces que las personas acaudaladas involucradas en los procedimientos ya estaban bien representadas por abogados muy bien remunerados que seguían sus casos.
Por lo tanto, dijo Paz y Paz, los jueces no debían preocuparse por los derechos de las personas adineradas —muchos de los cuales eran terratenientes desposeídos.
El acto de De León de incluir su declaración en el registro fue una alarma. El objetivo de la fiscal general era el de comprometer la independencia judicial, no defenderla.
El embajador estadounidense asimiló toda la información de sus visitantes con una notoria reticencia. No se mostró inclinado a tomarla con seriedad.
Algunos meses más tarde, sin embargo, el embajador se mostró vivo como nunca cuando comenzó el juicio por genocidio contra Ríos Montt en el tribunal. No mantuvo en secreto el hecho de que Estados Unidos favorecía una condena.
En un momento crucial del juicio, cuando la jueza Yassmin Barrios, que presidía el tribunal, había casi perdido el control sobre el procedimiento gracias a su indisimulable sesgo a favor de la fiscalía, el embajador asistió a una de las audiencias del juicio y le comunicó su respaldo al proceso.
Sumado a ese gesto, la embajada emitió un comunicado, solo en español —invisibilizandolo para el público estadounidense y haciéndolo muy visible para los guatemaltecos, muchos de los cuales lo rechazaron.
Tras elogiar la reforma judicial del Ministerio Público de Paz y Paz, el comunicado de la embajada decía: “exhortamos a todos los guatemaltecos a respetar la legitimidad y la integridad de este proceso”.
El 10 de mayo, Ríos Montt fue declarado culpable, mientras su coacusado, antiguo jefe de Inteligencia, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, fue exonerado por los mismos cargos. Dos días después, un domingo, otra nota de prensa solo en español de la embajada estadounidense se deshizo en elogios hacia el veredicto: “Ahora, se le da al pueblo de Guatemala la oportunidad de avanzar hacia una reconciliación genuina.”.
La embajada no explicó cómo podrían los guatemaltecos “avanzar hacia una reconciliación genuina” con lo que tantos consideraron un falso veredicto, respaldado por la guerrilla y la presión estadounidense.
Apenas ocho días después de esa declaración, el veredicto fue suspendido por el más alto tribunal de Guatemala, la Corte Constitucional.
Partidarios de la guerrilla de todas partes del mundo gritaron fraude y reclamaron que el fallo era ílicito y basado en tecnicismos. Pero la Corte Constitucional no había cerrado el proceso: dijo que revisaría los procedimientos del juicio y dictaría una sentencia basada en su revisión.
La razón para la intervención del Supremo fue esta. Durante el juicio, Barrios había chocado con el abogado de Ríos Montt, y lo había expulsado de la sala del tribunal. Al mismo tiempo, la jueza estaba impaciente por emitir su veredicto y no quería perder tiempo mientras Ríos Montt escogía otro abogado.
En un giro forzado del procedimiento judicial, la jueza ordenó a los dos abogados del general Rodríguez que representaran también a Ríos Montt. Los abogados cumplieron la orden de Rodríguez, aunque comprendían que esta contrariaba todo lo que conocían sobre Derecho.
A través del juicio, los representantes de la acusación, incluyendo la Embajada de Estados Unidos, habían argüido que el procedimiento debía, sobre todo lo demás, respetar los derechos de las víctimas. La eliminación de los derechos de los acusados por parte de Barrios exponía claramente esa falacia.
En un caso penal, los derechos respectivos de las partes no pueden ser servidos hasta que el crimen en sí mismo ha sido especificado. Eso es especialmente cierto en lo que se refiere al delito de genocidio.
¿Cuál era exactamente el crimen? ¿Cuál era la naturaleza de la guerra en la cual supuestamente había sido cometido? El asunto iba mucho más allá del asesinato, o la violación, o cualquier otro abuso físico. Si era cierto, era la destrucción intencionada de unas personas por la simple razón de ser quienes eran.
Si el cargo de genocidio iba a ser probado, una indagatoria más profunda tenía que desarrollarse en el tribunal; pero Barrios, aparentemente, no necesitaba más pruebas del alegato. No dio espacio a la defensa para discutirlo.
Asimismo, la actuación de la jueza al imponerle los abogados a Ríos Montt fue un apresuramiento indebido del juicio y una supresión injustificable de los procedimientos legales.
Eso no inquietó al Departamento de Estado de Estados Unidos, que invitó a la jueza Barrios a Washington y le confirió uno de sus premios “Mujeres Internacionales de Coraje”. La presentadora del premio fue, nada menos, la primera dama Michelle Obama.
En su designación de Barrios, el Departamento de Estado anunció que ella iba a ser galardonada, precisamente, por su trabajo en el juicio por genocidio. El hecho de que el juicio haya sido detenido, y estuviera bajo revisión judicial, no frenó a Estados Unidos de declarar que Barrios había “proveído un importante precedente legal para los casos de genocidio en todo el mundo”.
Muchos guatemaltecos pensaron lo contrario —incluyendo la asociación de abogados del país, que anunció, pocas semanas después del premio del Departamento de Estado, que sancionaba a la juez con un año de suspensión por su instrucción a los abogados del general Rodríguez.
Esa acción promovió una vehemente réplica —de nuevo, solo en español—, que calificó la sanción como “una amenaza a la independencia de todos los jueces y abogados que luchan contra la impunidad y la corrupción en Guatemala”.
Con una bofetada, Estados Unidos le estaba diciendo a la asociación de abogados y a toda Guatemala: realmente no nos interesa el imperio de la ley. Sus explicaciones legales y constitucionales no tienen sentido para nosotros. Ríos Montt es culpable. Solo enjuícienlo y cuélguenlo.
La supensión de Barrios fue cancelada por la Confederación de asociaciones profesionales, con la muy tangible presión de Estados Unidos como factor. Y la Corte Constitucional ordenó un nuevo juicio bajo el cargo de genocidio, pero con un juez diferente. El juicio comenzó en enero de 2015.
Entretanto, de todos modos, Estados Unidos había perdido una batalla política aún más cercana a su corazón: Claudia Paz y Paz no continuaría en su cargo. Falló en su apuesta por ser reelecta como fiscal general.
Ante ese contratiempo, el partido internacional pro-guerrilla, liderado por Estados Unidos, daría su más vehemente reacción de todas.
Este artículo fue publicado antes por el PanAm Post.
David Landau contribuyó a este artículo.
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