Es tiempo de revertir la política de Obama en América Latina

El próximo embajador tendrá que evaluar los daños y romper vínculos con los colectivos violentos

Barack Obama se alió con los marxistas en Guatemala, en detrimento del imperio de la ley, en particular, en las áreas rurales. (Marc Nozell)

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La crisis del opio en el continente ha elevado la demanda por la heroína, al igual que la importancia de las operaciones antinarcóticos en Latinoamérica. No obstante, una respuesta lógica poco comprende sobre las complejidades del asunto.

Mientras que las fuerzas armadas mexicanas manejan un programa efectivo para interdicción aérea de los cultivos de amapola, su gobierno no es capaz de detener el tráfico de drogas y migrantes ilegales atravesando su país. La frontera porosa de 965 kilómetros, entre México y Guatemala, es la puerta de entrada hacia Estados Unidos.

El embajador Todd Robinson explica que “casi todos los migrantes del sur que viajan hacia Estados Unidos pasan por” Guatemala, país que presenta serios problemas: “migración, crimen organizado, y drogas… Guatemala es y ha sido un importante aliado de Estados Unidos en la lucha contra algunos de estos males.”

Luis Arreaga, un diplomático de carrera, ha sido el segundo al mando en la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley desde el 2013. Ahora, es el candidato, designado por Trump, para reemplazar a Robinson. La prioridad del próximo embajador será combatir las drogas, pero su éxito dependerá de qué tanto él y su administración hayan examinado a Guatemala.

Superficialmente, Guatemala ha cooperado con las interdicciones, extradiciones y enjuiciamientos de alto perfil. Ha acudido a las fuerzas de seguridad de élite – procuradores, policía, y la armada – para realizar las operaciones antinarcóticos.  Estados Unidos provee la inteligencia y las directrices, y Guatemala aplica.

Cualesquiera sean los méritos de estas iniciativas, están minimizados por la falta de presencia del Estado en el campo. Los sucesores de las guerrillas respaldadas por Fidel Castro, que lucharon contra el gobierno de Guatemala por décadas, dominan estas áreas y por los últimos ocho años han gozado de impunidad, debido a la cortesía del gobierno de Obama. En consecuencia, la falta de aplicación de la ley ha generado mayor contrabando hacia Estados Unidos.

Cuando el Departamento de Estado finalizó su programa antinarcóticos al inicio de 1996, el tamaño promedio de los cultivos de amapola era de medio acre. Ahora, los cultivos son más extensos, algunos de ellos, visibles desde las carreteras.

¿Por qué incrementó el opio, luego de estar casi erradicado?

Luego de los acuerdos de paz en 1996, consecutivos gobiernos guatemaltecos redujeron el tamaño de la milicia y abandonaron las zonas rurales. Cuando Barack Obama asumió la presidencia en el 2009, los antiguos insurgentes se fortalecieron. Su secretaria de estado, Hillary Clinton,  hizo que el embajador Stephen McFarland presione ilegalmente a la máxima corte guatemalteca para remover al fiscal general. De este modo, su aliada progresista, Claudia Paz y Paz, pudo ocupar ese puesto.

Varios familiares cercanos de Paz y Paz eran guerrilleros. Eso incluye a su padre, un miembro de las Fuerzas Armadas Rebeldes, quienes asesinaron al embajador estadounidense John Gordon Mein en 1968. Al contar con la protección de Paz y Paz ante cualquier acto de persecución, los sucesores de  las guerrillas se tomaron las zonas rurales.

Paz y Paz persiguió autoridades legítimas para disuadir que apliquen la ley en contra de los descendientes de la guerrilla. Al final de su periodo, y a pesar de las acciones de Estados Unidos, como una llamada de Hillary Clinton al Presidente Otto Pérez, Paz y Paz no fue reelegida.

La facción guerrillera tenía que buscar otra manera de evadir la persecución de las autoridades. Cuando el gobierno de Obama obtuvo $750 millones del Congreso para el programa de ayuda, Alianza para la Prosperidad, usó este apalancamiento para extender el plazo de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada por la ONU. El Departamento de Estado se impuso ante la nueva Fiscal General Thelma Aldana para continuar con las políticas de Paz y Paz.

Los sucesores de la guerrilla ahora obligan a los habitantes a participar en actos criminales, como  bloquear carreteras y ocupar o destruir la propiedad privada, especialmente de grandes negocios. La violencia y la falta de oportunidad hace que la gente huya.

El embajador Todd Robinson designó aliados claves de estos grupos en las tres ramas del Estado, como en el ministerio del interior, porque controla a la policía. En lugar de hacer cumplir la ley, los policías se embelesan en sus conversaciones mientras que los insurgentes cometen delitos flagrantes.

La declaración del Presidente Jimmy Morales sobre el desmantelamiento de 92 pandillas durante el año pasado es dudosa y ofrece una imagen falsa de progreso en la lucha contra el crimen organizado. Tal como en el periodo de Paz y Paz, se inflan las cifras y se las repiten en medios de noticias falsas y por los aliados del gobierno. Su objetivo es engañar a los ciudadanos y a los funcionarios de alto nivel del gobierno de Trump.

Una mirada por debajo de la superficie revela qué tanto es lo que el estado y los camaradas de las noticias falsas quieren ocultar; caso contrario, se debilita su agenda: un simple cambio en la política que mantuvo Obama puede reducir significativamente el tráfico de migrantes ilegales y de narcóticos hacia el norte.

Ha tardado mucho el rescate a las comunidades rurales indígenas de sus opresores. Si el gobierno de Trump insiste a Guatemala en cumplir las obligaciones de la Alianza para la Prosperidad, el gobierno de Morales puede ocupar sus fuerzas de seguridad para aplicar la ley en las zonas rurales. La seguridad y las oportunidades de negocio mejorarían, y un buen número de la población cooperaría para identificar a foráneos y actividades ilegales en sus poblados.

El candidato a embajador necesita estas instrucciones. Durante las audiencias de confirmación, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado debe preguntarle por qué hay poca presencia del Estado en las zonas rurales de Guatemala y cómo eso impacta en la inmigración ilegal y de tráfico de drogas. Él y el gabinete de Trump tienen la oportunidad de revertir el daño que Obama causó, y detener esta tendencia. Al mismo tiempo, ayudarán a Guatemala y a los demás países de la región.

Este artículo se publicó originalmente en Daily Caller.

Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Daily Caller, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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