El presidente Donald Trump ha expresado claramente su preocupación por las bandas criminales centroamericanas que operan en los Estados Unidos, pero está a punto de descuidar un momento decisivo. La asignación del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, que se llevará a cabo el 15 de mayo, puede reducir significativamente el narcotráfico y la inmigración ilegal.
México no puedo controlar sus propios carteles, lo que facilita el paso de las drogas ilícitas y los migrantes desde Centro y Sur América. Eso hace de Guatemala un punto de entrada clave hacia los Estados Unidos. Sus áreas rurales, especialmente a lo largo de su porosa frontera de 965 km. con México, están controladas por los sucesores de las guerrillas que Fidel Castro apoyó durante el conflicto armado interno de 1960 a 1996.
El presidente Trump ha mantenido hasta ahora la política que asumió Estados Unidos ante Guatemala durante el gobierno de Obama, la misma que ha complicado la aplicación de la ley y la presencia del Estado en estas zonas. Para revertir esto, Trump debe invalidar a su propio Departamento de Estado y apoyar al presidente Jimmy Morales para que escoja a un fiscal general competente e imparcial.
La política de Obama expulsó ilegalmente a un fiscal general y abrió el camino a Claudia Paz y Paz, quien ejecutaría la agenda socialista de Obama. Ella protegió pandillas criminales que oprimen a los campesinos, atacan grandes negocios e invaden la propiedad privada. Ella también saboteó la aplicación de la ley a nivel local.
A pesar de que Hillary Clinton presionó por 4 años, la comisión de postulación de 2014 no incluyó a Paz y Paz en su nómina de seis candidatos. El presidente eligió a Thelma Aldana en su lugar.
Obama luego obtuvo dinero del Congreso para extender el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada por la ONU y halagada por George Soros. La CICIG y la embajada de Estados Unidos presionaron a Aldana, vulnerable por cargos de corrupción que la involucran, a que siga su línea ideológica.
Para evitar que se repita en 2018 el error del 2014, la CICIG, la embajada y Aldana intentaron enmendar la Constitución de Guatemala, pero fallaron. Entre las reformas a la administración de la justicia se incluía cambiar la forma de asignación del fiscal general. Por lo tanto, las alianzas colectivistas enfrentan ahora el mismo desafío del 2014, pero sin Obama al cargo.
La alianza, de la cual la función judicial cooptada es parte, ha intentado frenéticamente remover a Morales de la presidencia. Tanto así que organizaron una desesperada campaña de relaciones públicas atribuyendo a Morales cargos penales fraudulentos que luego el Congreso de Guatemala los rechazó.
La decisión de Morales de trasladar la embajada a Jerusalén influyó para la reunión con Trump el 8 de febrero que agudizó la campaña anti-Morales. Si Trump se da cuenta que su Departamento de Estado ayuda a los enemigos de la libertad y empeora las condiciones de Guatemala para que las bandas criminales, la inmigración ilegal y el narcotráfico florezcan, él cambiará la política de Obama y apoyará a Morales.
La agenda de Obama quedará como vestigio con la salida del secretario de estado de asuntos políticos, Tom Shannon. Aunque Shannon ya ha anunciado su renuncia, la confirmación del reemplazo por parte del Senado se sabrá luego de la elección del nuevo fiscal general Guatemala. Los demócratas se asegurarán de que no se confirme ningún reemplazo fiel a Trump en un futuro próximo.
Tanto el Congreso en Guatemala como el Senado en Estados Unidos han repetido clamorosamente que la CICIG y Aldana son exponentes de la lucha contra la corrupción y que sus oponentes favorecen la impunidad. Sin embargo, la CICIG ha ocasionado una serie de arrestos mientras que busca el apoyo del Departamento de Estado estadounidense para presionar a Morales a que escoja un fiscal general aprobado por la CICIG.
Por ejemplo, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, será un ponente principal en un evento que organiza el Wilson Center en Washington D.C. para el 5 de marzo. También participará un vocero de dos organizaciones del sector privado de Guatemala que han apoyado la política de Obama en contra de los intereses de su país.
La embajada de Estados Unidos ha mostrado abiertamente su interés por el nombramiento del nuevo fiscal general. No obstante, ha permanecido en silencio con respecto a los nuevos requisitos ilegales que solicita la comisión de postulación a los candidatos.
Por ejemplo, los postulantes deberán presentar un certificado de solvencia moral emitido por el procurador de los derechos humanos, quien ha demostrado abiertamente ser parte de la alianza colectivista. Aparentemente, el Departamento de Estado aprueba remover a los oponentes políticos por medio de ilegalidades para que su candidato gane.
En los últimos tiempos, los dictámenes de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala han seguido la agenda de Obama y la CICIG. Eso incluye las revocaciones ilegales de la declaración de Morales como persona non grata a Velásquez y de la elección de las autoridades del Congreso favorables a Morales.
Antes de que Morales escoja un nuevo fiscal general que aplique la ley y no la agenda colectivista, posiblemente, la Corte de Constitucionalidad anule el proceso para que el sucesor que Aldana asignó ilegalmente continúe con la agenda socialista.
Este mes, la embajada de Estados Unidos publicó una foto en la que el embajador y Velásquez sostienen carteles con la leyenda “yo amo a CICIG”. Luego del apoyo inicial que brindó a Morales en su llegada, el cambio de opinión del embajador confirma que las órdenes se originan en Washington, aparentemente desde el despacho de Shannon.
Si Trump deja que el Departamento de Estado imponga un fiscal general escogido por la CICIG, el flujo de inmigrantes y drogas ilegales continuará. Con el apoyo de Trump, Morales puede escoger un candidato que aplique la ley adecuadamente y beneficie a los dos países.
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