El regreso de la URSS: La CICIG envía a abogado defensor al Gulag de Guatemala

El privilegio abogado-cliente no es válido si uno se opone a la CICIG

“No me siento mal por estar aquí, me siento orgulloso de estar aquí por defender mis principios sobre el sistema democrático”, dijo Moisés Galindo. (Ricardo Mendez Ruiz)

El abogado guatemalteco Moisés Galindo, en una entrevista realizada en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala –donde permanece encerrado gracias a la tan llamada ‘comisión anticorrupción’ de las Naciones Unidas– reveló la campaña que la CICIG inició contra él para destruir su imagen como abogado opositor de la comisión.

A inicios de octubre de 2017, la CICIG –por medio del Ministerio Público de Guatemala–  ordenó la ‘prisión provisional’ de Galindo, un concepto que las autoridades legales de buena fe insisten que no existe en la jurisprudencia guatemalteca. Sobre su encierro, Galindo dijo: “No me siento mal por estar aquí, me siento orgulloso de estar aquí por defender mis principios sobre el sistema democrático.”

Una de las sanciones que la CICIG ha impuesto a Galindo es una expropiación al estilo soviético. Galindo dijo: “Ellos intentaron ilegalmente quitarme mis bienes como parte de su represión… Han tratado de implementar un modelo socialista del siglo XXI por medio de las cortes.”

Galindo explica que, en realidad, su delito fue oponerse al programa de la CICIG para Guatemala y su acumulación de poder. La CICIG y su comisionado, mencionó, “han intimidado a jueces, empresarios, políticos y soldados. Yo estoy aquí, porque quieren intimidar a los abogados defensores… Es un honor que ellos crean que soy una pieza importante del equipo legal que los expone como una farsa.”

Para detener a Galindo, la CICIG utilizó una táctica inconcebible en un sistema legal civilizado. Obligó a uno de sus propios clientes a agendar una reunión con él y luego a hacer uso de la conversación que mantuvo con el abogado para intentar incriminarlo. En un insólito caso de 2012, la autoridad suprema española ni siquiera dudo para expulsar a un juez de renombre por utilizar una maniobra similar.

“Ni el Ministerio Público ni la CICIG solicitaron –al menos hasta donde sabemos– una orden judicial para grabar la conversación entre mi cliente y yo. Es claro que si ellos solicitaban tal cosa y hacían que la juez acepte, hubiera sido desastroso para todos ellos,” dijo Galindo. “En todo caso, obviamente mi cliente actuó así porque la CICIG la presionó a que así lo hiciera.”

“El Estado no puede combatir al crimen si es criminal,” añadió Galindo. “Primero arrestan, luego investigan… La juez es tan sumisa que declaró que el privilegio de abogado-cliente aplica solamente para el cliente, no al abogado. El artículo 5 del Código de Ética del Colegio de Abogados le contradice.”

Cuando la cliente de Galindo apareció en el tribunal, guiada hasta ahí por un investigador de la CICIG para entregar evidencia contra su propio abogado, el juez aprobó aquella maniobra auténticamente ilegal y ordenó el arresto de Galindo.

“La corte ordenó mi arresto basada en una prueba ilegal,” dijo Galindo. “La juez es una juez política al servicio de la CICIG. Mi caso demuestra cómo se ha degradado la administración de la Justicia. La CICIG ha cooptado a jueces, y el Ministerio Público se ha convertido en una fuerza política policial.”

Luego del arresto de Galindo, la maquinaria propagandística al estilo soviético de la CICIG entró en acción.

“La CICIG se maneja con una estrategia de medios. Cuando me arrestaron, [la CICIG y la Fiscal General] ya tenían a la prensa esperando.” El propósito era inculpar a Galindo ante los ojos de todo el país. Era otro movimiento al margen de la ley y la Constitución de Guatemala.

“La responsabilidad inmediata [del sistema de justicia penal] es realizar la primera audiencia, que debe llevarse a cabo dentro de las 24 horas [luego del arresto] de acuerdo con la Constitución. Los trámites judiciales generalmente se interrumpen por la necesidad de realizar la primera audiencia… En mi caso, ocurrió lo contrario. Tomó 57 días para que la juez concluyera mi primera audiencia y me ligara a proceso. Usaron el recurso de prisión provisional, que no existe. Una vez ligado a proceso, la presión preventiva sí existe, pero detener a alguien por más de 24 horas sin ligarlo a proceso ya es ilegal.”

La ‘prisión provisional’ fue la mejor manera en la que un sistema corrupto –el cual es direccionado por la CICIG y administrado por el Ministerio Público de Guatemala– pudo arreglarse para contrarrestar a Galindo.

“Suponiendo que no cometieron todas esas violaciones a la ley, aun no serían capaces de probar los cargos en mi contra. Señalaron que recibí un vehículo obtenido como pago de un prisionero a otro a cambio de trato preferencial y que yo estaba al tanto de eso. Ellos no pueden probarlo porque, entre otras cosas, uno de esos prisioneros está muerto. Además, hay documentación que indica que el supuesto trato preferencial se realizó por razones médicas.”

“La verdad es que ellos no tienen pruebas de ningún tipo,” añadió Galindo.

“Aparentemente, trataron de hacer una grabación de sonido; sólo intentaron crear evidencia para el caso. A pesar de la obligación constitucional de presentarla, no hemos visto nada. Incluso en el caso más extremo en el que tuvieran una grabación de perfecta calidad, con las palabras saliendo de mi boca tal como ellos lo hubieran deseado –cosa que sencillamente no ocurrió–, tal evidencia sería ilegal y consecuentemente inadmisible.”

Desafortunadamente, la orden judicial de la CICIG puede mantener a Galindo en la cárcel indefinidamente, sin un veredicto o una prueba. Otros prisioneros en situaciones similares han pasado en la cárcel de la base Mariscal Zavala por cinco o más años, mientras que el sistema tribunal demora el inicio de sus procesos o mientras la CICIG sigue ‘recogiendo evidencia’. En algunos casos, las sentencias máximas por los crímenes que estos prisioneros supuestamente cometieron ya fueron excedidas por el periodo de tiempo que han pasado en la cárcel.

Galindo es el preso político de un movimiento inmoral, totalitario y corrupto que se tomó pleno poder en Guatemala. El mismo movimiento, con la misma estrategia y las mismas tácticas, está en varios países.

Esos países se pueden beneficiar estudiando sobre la difícil situación que atraviesa Guatemala hoy en día. La única manera de lograr justicia para Galindo –y, por ende, para la sociedad en la que vive– es reconocer las falencias de la CICIG y luego retirar los poderes que la comisión ha acumulado a lo largo del tiempo.

Para saber más sobre el caso Galindo, revise el informe 5 de las series recién publicadas, “La CICIG y el imperio de la ley.”

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Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Daily Caller, Fox News, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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