Los medios estadounidenses son adictos a las controversias. Pero hay un escándalo que han evitado a sobremanera: un ciudadano estadounidense detenido en una prisión extranjera, donde ha permanecido por más de tres años sin rastro de pruebas en su contra.
La embajada de Estados Unidos, en contra de sus propias leyes, ha hecho esfuerzo omiso por protegerlo, incluso cuando una oficina legislativa del país anfitrión se ha pronunciado en contra de este encarcelamiento, alegando ante el juez que “tres años de prisión preventiva trasciende todos los estándares internacionales”.
El país es Guatemala, y el embajador de Estados Unidos allí ha actuado como un lacayo de los enemigos de su nación. El problema es que los medios de comunicación estadounidenses tienen poco interés por Guatemala. Los únicos que se mantienen al tanto de lo que pasa en el país centroamericano son los autoproclamados “progresistas” que no hacen más que perjudicar a Guatemala con su condescendiente preocupación.
Liderando al movimiento está la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un grupo de extranjeros que, con la connivencia de las Naciones Unidas y EE. UU., ahora ostenta el máximo poder político de la maltratada nación centroamericana.
Creada en 2006, la CICIG surgió como un engendro intelectual de burócratas estadounidenses y otras personas que aseguraban que un país en crisis como Guatemala sería incapaz de gobernarse a sí mismo. Los legisladores guatemaltecos desaprobaron la idea de la CICIG, pero la presión externa fue más fuerte.
Entre quienes ejercieron presión estaba el Departamento de Estado de EE. UU., que acudió a las Naciones Unidas con sacos de dinero. Hasta el día de hoy —incluso en el Gobierno Trump, para quien la cuestión debería resultar anatema— Estados Unidos ha contribuido con la mayor parte del financiamiento de la CICIG.
El mandato de la CICIG era trabajar junto con el Ministerio Público de Guatemala para identificar y desmantelar agrupaciones que amenacen la estabilidad legal del país. Por acuerdo entre la ONU y Guatemala, el personal de la Comisión gozaría de plena inmunidad diplomática.
Como es evidente, la Comisión quedó libre de cualquier forma de supervisión. Por lo tanto, aprovechó de su independencia para establecer control total sobre el sistema judicial de Guatemala y las leyes del país. Tal es así que poco tiempo después, nadie que desaprobara la gestión de la CICIG podría permanecer como funcionario gubernamental.
Aún más revelador, durante ocho trascendentales años, la CICIG recibió apoyo de Estados Unidos con Obama, sus secretarios de Estado y sus embajadores. La Comisión, tal como sus patrocinadores en Washington, muestran gran afinidad con los movimientos guerrilleros y los gobiernos simpatizantes del modelo castrista a lo largo de la región.
Ahora la CICIG puede ordenar el arresto de cualquiera, por cualquier motivo, y mandar a esa persona a prisión por tiempo indefinido. Tres años y contando es un periodo normal para quienes han estado en la mira de la CICIG. En una ocasión, dos hermanos conocidos hombres de negocios en el país estuvieron más de siete años en prisión antes de que un juez archive el caso por falta de evidencia.
El ciudadano estadounidense detenido, Anthony Segura, afirma que su caso refleja nada más y nada menos que los deseos de la CICIG y sus aliados por consagrar la prisión indefinida como un arma fiscal en Guatemala.
Segura también menciona que el embajador estadounidense Luis Arreaga está en completa complicidad con sus encarceladores. Resulta no ser lo menos irónico de esta situación que Arreaga obtenga su legitimidad del Gobierno Trump.
Esta política tiene un lado cruel. Mientras Trump se muestra fervientemente comprometido con la seguridad de la frontera sur, el regimen de anomia de la CICIG perpetúa el caos y el empobrecimiento que ha ocasionado la migración masiva hacia Estados Unidos.
Desde hace pocos meses, la CICIG ha sido motivo de audiencias por la Comisión de Helsinki y por el Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. El representante del Departamento de Estado, Kenneth Merten, tuvo la desfachatez de presentarse ante la última instancia como defensor de la CICIG.
Un medio de comunicación estadounidense ha informado que el Gobierno Trump, en vista de la reciente controversia alrededor de la CICIG, está reconsiderando su política de apoyo a la renegada comisión. Esto debe ocurrir cuanto antes. El destino de Anthony Segura, por sí solo, es un incentivo suficientemente poderoso para reformar nuestras acciones en Centroamérica. Mientras Segura permanezca privado de la libertad, también lo estaremos todos nosotros.
Steve Hecht colaboró con la redacción de este artículo.
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