El “Estado profundo” socava a Trump y sus aliados en Guatemala

Jimmy Morales es víctima del Departamento de Estado, de la justicia clandestina y de la CICIG

estado profundo guatemala

La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, y el embajador estadounidense Luis Arreaga. (Wikimedia)

El Gobierno de Donald Trump se opone a violaciones de derechos humanos en Irán mientras las promueve en Guatemala. Bajo el control de funcionarios fieles a Obama, el Departamento de Estado está socavando la estrategia de Trump de lograr paz mediante la fuerza.

En una sociedad cuyo centro es el individuo, no la colectividad, no hay derechos más fundamentales que los de la vida, la libertad y la propiedad, los cuales no pueden ser vulnerados sin el debido proceso de la ley. Una persona acusada debe poder confrontar a testigos en su contra y también presentar testigos a su favor. El Departamento de Estado ha demostrado su desprecio por estos derechos, consagrados en la quinta y sexta enmiendas a la Constitución de EE. UU.

Siguiendo una agenda colectivista, los representantes del Departamento de Estado han legitimado un procedimiento judicial conocido como el caso Molina Theissen. Ellos han apoyado públicamente el juicio que ha arrebatado a cuatro exmilitares dichos derechos, los cuales también están inscriptos en la Constitución guatemalteca. Las violaciones flagrantes del debido proceso han dado paso a un juicio amañado, similar a los llevados a cabo en la Alemania nazi y la Rusia soviética.

Los veteranos de más de 75 años fueron condenados en mayo por crímines contra la humanidad, abuso sexual y desaparición forzosa, presuntamente cometidos en 1981 durante el conflicto interno armado de Guatemala contra las guerrillas apoyadas por Fidel Castro. Los fiscales no presentaron evidencia directa o forense alguna contra los acusados. Los jueces utilizaron un testimonio no corroborado para condenarlos y negaron a la defensa el contrainterrogatorio de los principales testigos.

La Fiscalía no acusó a estos hombres de haber cometidos dichos crímenes personalmente ni de haberlos ordenado, ni siquiera de haber sabido de ellos. Fueron condenados por sus cargos en la cadena de mando militar cuando ocurrieron los presuntos crímenes. El padre del juez de la causa fue un guerrillero que murió en manos del Ejército, hecho que le obligaba a recusarse del caso. Además, la presunta víctima de abuso sexual admitió que ella también era una guerrillera.

La presunta desaparición forzosa era del hermano de 14 años de la presunta víctima de abuso, cuyo destino y paradero se desconocen. La única evidencia provino de la madre, quien afirmó que el niño había sido llevado por los militares. Ella declaró que los secuestradores eran militares porque usaban lentes de sol Ray-Ban.

En su veredicto, el juez sobrepasó su autoridad al ordenar a otras instancias del Gobierno. Ordenó al Congreso guatemalteco que apruebe una ley y al Ministerio de Defensa que cree un premio en nombre del menor por cuya desaparición condenó a los acusados sin pruebas.

David Mandell-Anthony, un alto oficial del Departamento de Estado que trabajó para una organización afiliada a George Soros, asistió al juicio. En una entrevista a un medio local, aseguró que su participación demostraba que los juicios como éste eran “creíbles, independientes, transparentes e imparciales”.  Se refirió a las acusaciones como hechos y al caso como simbólico, porque “hay miles de personas que han perdido a un pariente por desaparición y, hasta la fecha, desconocen su paradero”.

El embajador estadounidense Luis Arreaga asistió el día de la sentencia, cuando los cuatro acusados recibieron de 38 a 58 años en prisión. El embajador tuiteó:  “Apoyamos un sector judicial independiente y eficiente”. Quienes asistieron observaron que el embajador se mostró amistoso con el director de una ONG que era codemandante del caso y un frecuente visitante de la embajada.

El polémico comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, también estuvo involucrado. Inicialmente un proyecto de dos años de las Naciones Unidas que inició en 2007 y se extendió gracias a la presión del Gobierno Obama, la CICIG ha sido investigada por el Congreso estadounidense por colusión con Rusia y la violación de los derechos de Anthony Segura, ciudadano estadounidense. El Departamento de Estado, el mayor defensor de la CICIG, esconde del Congreso el lado oscuro de la comisión.

Pese a no guardar relación con el mandato de la CICIG, los funcionarios de la comisión estaban presentes durante el arresto de los veteranos. Velásquez apareció en una foto con la presunta víctima y su familia, todos sonrientes.

El caso Theissen fue claramente un juicio político por parte de los sucesores de la guerrilla, quienes han tomado el control del brazo judicial guatemalteco con la intervención activa del Gobierno Obama. La Fiscalía y el juez determinaron el resultado antes del inicio de la investigación. Apenas 12 horas luego de la decisión, el juez divulgó su veredicto de 1.075 páginas, obviamente escritas de antemano.

La República Islámica de Irán ha cometido violaciones de derechos humanos desde su fundación. En 2009, el Gobierno de Obama ignoró las protestas del pueblo iraní. Ahora están protestando de nuevo, y el Gobierno de Trump apoya sus aspiraciones legítimas. Sus opciones, no obstante, están limitadas porque los mulás que dirigen el país ven a Estados Unidos como su enemigo.

En cambio, el presidente de Guatemala Jimmy Morales es un aliado estadounidense. Su Gobierno fue uno de los siete que apoyó el voto de EE. UU. en las Naciones Unidas para mover su embajada a Jerusalén, y uno de los dos países que también trasladaron su embajada a ese lugar. Morales es víctima del Departamento de Estado, de la justicia clandestina que este último ayudó a crear, y de la CICIG, que ha tratado de sacarle del poder.

Trump podría solucionar el abuso de derechos humanos en Guatemala si controlara a su propio Departamento de Estado y apoyara a su aliado Morales.

Fergus Hodgson colaboró en este artículo.

Read in English.

Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Daily Caller, Fox News, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

More Posts