Las Naciones Unidas creó una comisión, conocida como CICIG, para perseguir a grupos clandestinos de seguridad en Guatemala. Pero, ¿creen que los globalistas se contentaron con eso?
La pregunta se responde a sí misma. La última movida de la CICIG más allá de su competencia legal es la firma de un acuerdo, el 16 de agosto, con el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala para, entre otros roles, supervisar la cobertura mediática de las elecciones generales de 2019.
Dicha participación podría parecer benévola a primera vista, pero quienes han estado observando la historia de la CICIG, incluyendo muchas de sus acciones cuestionables e ilegales, conocen sus motivaciones ideológicas y sus aliados. El aliado más destacado e indispensable, además de los militantes colectivistas en la justicia guatemalteca, es el Departamento de Estado de EE. UU.
Los funcionarios remanentes de la era Obama y los burócratas de carrera antiestadounidenses, confabulados con la CICIG, quieren llevar a cabo un atraco electoral para terminar de tomar el poder en el país, similar a lo sucedido en Nicaragua. El embajador estadounidense Luis Arreaga es cómplice de esta nefasta alianza. A principios del año ya le brindó un apoyo enfático a la CICIG mediante una expresiva fotografía y recientemente se reunió con miembros del tribunal electoral.
La CICIG, que llegó en 2006 con un mandato limitado y mediante un acuerdo con el Gobierno de Guatemala, ahora domina la nación centroamericana. Pese a ser designada por la ONU, la CICIG no rinde cuentas a nadie y su comisionado ha desafiado la declaración de persona non grata del presidente Jimmy Morales. El comisionado Iván Velásquez, quien no enfrenta repercusión alguna por sus propias infracciones, ha solicitado revocar la inmunidad del presidente guatemalteco.
El mandato de la CICIG habilitaba a la organización extranjera a asesorar al Ministerio Público sobre cómo identificar y desmantelar redes criminales que privan a los ciudadanos de sus derechos humanos. Con ayuda del Departamento de Estado, la CICIG ha utilizado su poder para secuestrar al sistema penal-judicial, y ha utilizado tácticas que harían sonreír desde el infierno a dictadores como Hugo Chávez y Fidel Castro.
Incluso a medida que la ilegalidad de la CICIG se ha vuelto más descarada, el Departamento de Estado se ha mantenido como su principal y más firme defensor. El exvicepresidente Joe Biden viajó a Guatemala nada menos que tres veces en 12 meses y declaró que la continuidad de la CICIG era un requisito para la ayuda estadounidense.
Tal vez pasando desapercibida, la política de Obama ha continuado con el gobierno Trump. Mientras que el presidente Morales ha hecho lo correcto y ha demostrado ser un aliado de Estados Unidos y del presidente Trump —por ejemplo, al trasladar la embajada guatemalteca a Jerusalén—, el alejamiento de un obstinado Departamento de Estado ha fomentado inestabilidad y hostilidad en Guatemala.
El Departamento de Estado y sus aliados, que incluyen a poderosas personas del sector privado, recurren tanto a acciones ilegales como a propaganda engañosa para promover su programa: la dominación del colectivismo en la nación, incluyendo en el palacio presidencial. Así como lo describió un reciente informe de cuatro organizaciones de la sociedad civil, la CICIG ha encarcelado repetidamente a adversarios políticos, sin evidencia y en violación de la ley y el debido proceso.
Los medios progresistas de Guatemala se han alineado y han sido cooptados por la CICIG y sus aliados. Periodistas ingenuos e intimidados apenas informan sobre las violaciones de la ley de la CICIG, mientras atacan despiadadamente al presidente Morales.
El clima de miedo atraviesa todas las divisiones políticas y económicas. Las personas con medios y convicciones están atemorizadas y evitan cualquier actividad que pudiera contener esta toma de poder liderada desde el extranjero. Este silencio tiene consecuencias, ya que solo falta un año para las elecciones en Guatemala.
El Departamento de Estado y sus aliados demócratas en el Congreso estadounidense, como el senador Patrick Leahy y los congresistas Norma Torres y Elliot Engel, han cooperado en el intento de ocultar la verdad sobre la CICIG. Utilizan la estrategia colectivista de la división, creando un falso relato maniqueísta según el cual ellos son los puros y sus críticos, los corruptos. Sus esfuerzos, lamentablemente, han logrado revertir la moratoria que el senador republicano Marco Rubio había impuesto sobre US$6 millones del dinero de los contribuyentes de EE. UU. para la CICIG.
Torres y el senador demócrata Ben Cardin, al insertar una cláusula poco conocida en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA), han también dado carta blanca al Departamento de Estado para “proveer al Congreso una lista de individuos, incluyendo funcionarios gubernamentales, que han cometido serios actos de corrupción, tráfico de drogas y financiación ilegal de campañas”. Trump aprobó la NDAA el 14 de agosto, y el ritual de exposición y escarnio público con consecuencias legales se desarrollará durante los siguientes seis meses.
“Los individuos nombrados en la lista requerida por la ley pueden ser objeto de congelación de activos y rechazo de visa”, afirma el comunicado de prensa de Cardin. Su mensaje orwelliano de “combatir la corrupción” envía un claro mensaje a cualquiera que ose oponerse a la CICIG y el Departamento de Estado.
Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo están obviamente ocupados con asuntos de vital importancia como Corea del Norte, Irán, China, Rusia y Turquía. Sin embargo, esas prioridades han cedido el control de la política centroamericana a los funcionarios de la era Obama y los burócratas de carrera que colocarán a sus enemigos políticos en la lista y protegerán a sus aliados criminales. Dichos aliados incluyen a jueces corruptos que protegen el flujo de migrantes y drogas ilegales a EE. UU.
Congresistas guatemaltecos que accedieron a hablar bajo la condición de anonimato han dicho que la presión de la CICIG para dejar a Morales sin su inmunidad presidencial es intensa. Temen ser víctimas de persecución penal si no votan a favor de la medida que mandaría a Morales a prisión por espurias acusaciones. Tal encarcelamiento sacaría del poder a un aliado de Trump y facilitaría aún más el robo de las elecciones en 2019.
Otras agencias del Gobierno de EE. UU., como el Departamento de Defensa y la CIA, están al tanto de las actividades del Departamento de Estado y la CICIG, y tal vez el mensaje llegará a Pompeo y a Trump en el futuro cercano. Eso significa que los funcionarios cómplices y sus aliados se encuentran en carrera para sacar a Morales y así prevenir que trabaje con Trump y acelerar el robo de la elección presidencial.
Una manera de fomentar el desarrollo y mantener a un aliado en Guatemala es a través de elecciones genuinamente abiertas, transparentes y competitivas. El gobierno Trump, especialmente el Consejo Nacional de Seguridad y Pompeo, deben investigar más de cerca y deshacer el daño hecho tanto a la seguridad nacional guatemalteca como a la estadounidense.
Fergus Hodgson colaboró en este artículo.
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