¿Ha detenido Jimmy Morales a la CICIG?

Es tiempo de acabar con la bestia, por ahora y para siempre

El presidente Jimmy Morales hizo su anuncio por televisión nacional el viernes 31 de agosto. (AGN)

El viernes pasado, el presidente guatemalteco Jimmy Morales denunció que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) siembra “terror judicial” en el país centroamericano. Esto elevó las expectativas de que Morales al menos expulsaría al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y quizá inmediatamente pondría fin a la presencia de la entidad en el país.

En lugar de eso, el presidente anunció que su Gobierno no renovará el mandato de la CICIG. En consecuencia, Velásquez y sus cómplices en la administración de justicia se quedan con vía libre para continuar su terrorismo judicial hasta septiembre de 2019, fecha de vencimiento del mandato de la CICIG.

Esto no fue suficiente para los medios locales e internacionales. Reaccionando a cualquier crítica de la CICIG, se convirtieron en órganos de propaganda para globalistas que buscan tomar el poder en Guatemala, demostrando ignorancia de los asuntos en juego.

Para los medios y otros simpatizantes de la CICIG, no se puede pensar en la lucha contra la corrupción sin la comisión —que no rinde cuentas ni es auditada—. Para ellos solo hay una elección binaria: transparencia con la CICIG, corrupción sin ella, y al diablo el imperio de la ley y los principios democráticos.

En su conferencia de prensa, Morales dijo que había informado a las Naciones Unidas que la CICIG violaba la ley. La CICIG induce a individuos e instituciones a participar en corrupción mediante la persecución penal selectiva con un sesgo político evidente, lo cual lleva al estado de terrorismo judicial actual. Esto ha socavado la independencia judicial y violado la presunción de inocencia y el debido proceso garantizados por la Constitución de Guatemala.

En su conclusión, Morales citó el artículo constitucional que establece que nadie está obligado a obedecer órdenes ilegales. Un observador informado pensaría inmediatamente en la orden ilegal de la Corte de Constitucionalidad del año pasado que revirtió la declaración presidencial de Velásquez como persona non grata y le obligaba a abandonar el país.

El presidente Morales no tuvo que haber obedecido esa orden ilegal, así como no debería hacerlo ahora.

Una mirada a la historia de la CICIG, como la publicada recientemente por cuatro organizaciones de la sociedad civil de Guatemala, apoyan la descripción que Morales hace de la comisión. El informe concluye que “la CICIG ha minado la independencia y certeza jurídica de Guatemala. Sus acciones han incrementado los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad que tiene la obligación de abolir”.

La CICIG no estaría en Guatemala hoy sin su principal socio, el Departamento de Estado de EE. UU. Justo en el momento indicado, la embajada estadounidense emitió un rebuscado comunicado donde demuestra su desdén por la decisión de Morales y su apoyo a la CICIG.

Desde el principio, el Departamento de Estado presionó a Morales y al Congreso guatemalteco. En particular, funcionarios estadounidenses querían que aliados de la CICIG sean nombrados en la máxima corte del país y en cargos claves del Gobierno.

Luego de un polémico proceso hace unos meses en el que el embajador estadounidense y la CICIG intervinieron indebidamente, Morales escogió a una nueva fiscal general, María Consuelo Porras. Tras esta última denuncia de Morales de actividad criminal, ella está obligada por ley a investigar y tomar las medidas apropiadas.

Sin embargo, yendo más allá de su mandato y violando el poder exclusivo del presidente sobre los asuntos extranjeros, Porras emitió un comunicado el viernes donde exhortaba al Gobierno y a las Naciones Unidas a trabajar hacia la reconciliación.

La alianza globalista ha estado trabajando duro para tomar el control de Guatemala y se ha vuelto desesperada desde la elección presidencial de Donald Trump. Falló en su intento de cambiar la Constitución guatemalteca a su favor. Ha intentado y —hasta ahora— ha fracasado en sacar a Morales de la presidencia. Su objetivo es colocar a otra persona que, a diferencia de Morales, no estaría dispuesto a trabajar con Trump.

Ahora esta alianza, sin otras alternativas, se está enfocando en las elecciones guatemaltecas para controlar el Poder Ejecutivo de la misma forma en la que ya controla el Poder Judicial. Desafortunadamente para la CICIG, sus candidatos nunca han obtenido más apoyo que un dígito del electorado. No puede ganar unas elecciones libres por lo que, consistente con su inmoralidad de que los fines justifican los medios, intentará robarlas.

El mes pasado, la CICIG firmó un acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE) para las elecciones generales de junio de 2019. El TSE no tiene autoridad legal para realizar este acuerdo, y se encuentra fuera del mandato de la CICIG (PDF).

Morales omitió mencionar este acuerdo ilegal en su conferencia de prensa. No mencionó el destino de Velásquez ni las medidas que podría tomar para asegurarse de que la actividad criminal de la CICIG no siga dañando a su nación.

El Departamento de Estado seguirá siendo un enemigo implacable de Morales. Salvo que el secretario de Estado Mike Pompeo y Donald Trump presten atención y neutralicen a los funcionarios globalistas que han estado imponiendo sus aliados totalitarios en Guatemala.

Si Guatemala continúa siendo ignorada por Trump —mientras Velásquez siga en el país, la justicia rebelde no cese y la fiscal general no investigue la actividad criminal de la CICIG—, el anuncio de Morales puede quedar en nada. Unas elecciones robadas entonces llevarían a un aliado que renueve el mandato de la CICIG, que vence en septiembre.

El Gobierno de Donald Trump debe entender que los intereses de Estados Unidos han sido minados por funcionarios arribistas en el Departamento de Estado. Para promover una Guatemala próspera y capaz de reducir el flujo de migrantes y drogas ilegales, Trump debe tomar las riendas de su política hacia Guatemala y realizar los cambios apropiados.

Morales debe ir más allá de sus demostraciones de resistencia y seguir adelante con acciones firmes para romper la alianza perversa que está destruyendo el imperio de la ley en Guatemala.

Fergus Hodgson colaboró en este artículo.
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Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Daily Caller, Fox News, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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