Guatemala libra crucial batalla contra una alianza perversa

Es hora de que Trump y Pompeo se hagan cargo de la política exterior

El exembajador Todd Robinson (centro derecha), ahora asesor principal para Centroamérica del Departamento de Estado, con Gloria Porras (centro derecha) de la Corte de Constitucionalidad, a quien él logró nombrar tras presionar al Congreso guatemalteco. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

El presidente guatemalteco Jimmy Morales y sus adversarios globalistas se enfrentan por el rumbo del país. En juego está si Guatemala será dominada por el colectivismo o si tendrá una oportunidad para la libertad y el desarrollo. No hay cabida para concesiones, y Estados Unidos, que tiene un gran interés en el asunto, puede definir el resultado.

Tres días después de que Morales anunciara que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), su comisionado Iván Velásquez viajó a Washington D.C. El día siguiente, Morales instruyó a las autoridades que le negaran la entrada al país.

La Open Society Foundations de George Soros y otros simpatizantes de la CICIG inmediata y erróneamente calificaron de ilegal la orden de Morales e insistieron en proteger a la comisión, indispensable para sus objetivos.

A través de su vocero, el secretario general de la ONU António Guterres, violando el derecho internacional, declaró su apoyo a la CICIG y solicitó a Velásquez “continuar a la cabeza […] desde fuera de Guatemala hasta que haya mayor claridad”. En dicho momento, el procurador de derechos humanos de Guatemala, actuando fuera de sus atribuciones, presentó una solicitud ante la Corte de Constitucionalidad para revocar la orden presidencial.

Para las sucursales locales e internacionales de esta alianza perversa, que incluye a funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU., la ley es irrelevante. Lo que importa es la política. La alta corte guatemalteca ha dictaminado constantemente en contra de adversarios políticos, incluyendo a empresas, causando así sufrimiento y grandes pérdidas para la economía y los ingresos fiscales del país.

Un informe realizado por cuatro organizaciones de la sociedad civil describe cómo la CICIG viola constantemente la Constitución de Guatemala. Envía personas a prisión y las mantiene allí durante años con evidencia falsa o prueba alguna. La intimidación que ejerce la CICIG es posible por su control arbitrario del sistema de justicia penal. Ha coaccionado falsos testimonios en contra de sus opositores políticos, votos en el Congreso y fallos judiciales ilícitos.

Los medios locales no informan lo que la CICIG prefiere esconder. Mientras tanto, las personas con recursos tienen recelo de apoyar a causas civiles o políticas a las que la CICIG se opone.

Morales declaró a Velásquez como persona non grata en 2017, pero la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revirtió ilegalmente la orden. Morales lo aceptó.

Luego la CICIG se volvió más agresiva, desencadenando las últimas reacciones de Morales. Ahora el asunto es el mismo: la clara autoridad constitucional del presidente con respecto a las relaciones internacionales. Él puede negar la entrada al país a cualquier extranjero, incluyendo diplomáticos, sin importar si el individuo mantiene algún contrato o visa.

Lo que está en juego para la perversa alianza es tan grande que no pueden permitirse respetar el imperio de la ley. Ellos deben trabajar para salvar a Velásquez, no solo por su habilidad de intimidar adversarios y robar las elecciones del 2019, sino para mantener el poder en este momento. Una vez que sus blancos comiencen a dudar sobre su autoridad arbitraria, estos se rebelarán y la estructura completa de la alianza colapsará.  

Si Morales aplicara la ley, varios jueces, consabidos miembros de la alianza, y otros antiguos y actuales funcionarios enfrentarán interrogaciones, acusaciones o exilio. Solamente por este motivo, ellos no pueden fallar en su plan contra el presidente.

Estados Unidos tiene un interés importante en este asunto. Guatemala es el país clave en la ruta terrestre de migrantes y drogas ilegales hacia EE. UU. Morales ha cooperado con esfuerzos para reducir el flujo, pero con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo tan ocupados, la política de América Central se delegó a oficiales de servicio exterior globalistas que la han deteriorado.

El Departamento de Estado ha sido el defensor más acérrimo de la CICIG, difundiendo denuncias falsas de corrupción sobre Morales. Si fueran reales, ellos y Velásquez, desesperados por sacar a Morales del poder, ya hubieran actuado con base en ellas.

La embajada estadounidense también ha sido una defensora pública de la CICIG y Velásquez. Ha retrasado certificaciones y ha perjudicado esfuerzos antinarcóticos como parte de una estrategia para presionar a Morales a que elija una fiscal general aprobada por la CICIG y para que apoye a la comisión de la ONU.  

Pompeo hizo público su apoyo a Morales por Twitter y le instó a respaldar una CICIG “reformada”. Lo que Pompeo no se percata es que el impío apoyo otorgado por esta alianza a los descendientes de la guerrilla que controlan las zonas fronterizas ha facilitado un mayor flujo de narcóticos que los esfuerzos de Morales y EE. UU. han logrado impedir.

Si el máximo tribunal anula ilegalmente la orden de Morales para restringir el ingreso a Velásquez, tal como lo haría para mantener la impunidad de la alianza colectivista, Morales tiene tres opciones: (1) puede permitirlo, y la nefasta alianza gana; (2) puede declarar que el fallo es inconstitucional y rehusarse a obedecerlo, o (3) puede suspender el acuerdo de la CICIG y ordenar que la comisión deje inmediatamente el país.

En el comunicado de prensa del 31 de agosto, Morales se refirió al artículo de la Constitución de Guatemala que dispone que los fallos ilegales no deben ser obedecidos. Él quizá estaba anticipando un enfrentamiento con el deshonesto Poder Judicial ante su intención de restaurar la ley y la prosperidad en su país.

Esta vez, Morales debe poner un fin al enfrentamiento. Para dar una oportunidad al desarrollo económico —la única forma de reducir los migrantes y las drogas ilegales desde y a través de Guatemala—, Trump y Pompeo deben apoyar a Morales y asegurarse de que sus subordinados acaten sus políticas.

Versión en inglés.

Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Daily Caller, Fox News, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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