Los guatemaltecos pagarán por otro sabotaje judicial a minería

Inversionistas piden compensación de US$350 millones tras bloqueos de activistas

exmingua

Bloqueo del camino al proyecto Progreso VII en 2018. (Twitter)

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Otra cruzada antidesarollo en Guatemala, otra cuenta a pagar para los contribuyentes. Años de bloqueos ilegales por grupos de izquierda contra dos proyectos mineros han cosechado los frutos de siempre: deuda, trabajos perdidos y una reputación para inversiones destruida.

En una decisión publicada este junio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con base en Washington, D.C., allanó el camino para una demanda de US$350 millones contra Guatemala. Los demandantes son el empresario estadounidense Daniel Kappes y su empresa Kappes Cassiday & Associates (KCA). 

A pesar de cumplir con todos los requisitos legales, los inversionistas extranjeros no pudieron llevar a cabo sus proyectos debido a la oposición de comunidades locales azuzadas por las ONG y activistas. Para colmo, las fuerzas del orden de Guatemala desoyeron por años los fallos judiciales contra los manifestantes. En noviembre de 2018, los inversionistas iniciaron un proceso de arbitraje con base en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), del cual Guatemala es signatario.

Si Guatemala pierde este litigio y no paga, podría sufrir un impacto económico significativo. Los artículos 20.16 y 20.17 del tratado establecen que la falta de pago de una compensación conlleva la suspensión de los beneficios arancelarios para la parte. Un 44,5 % de las exportaciones guatemaltecas, por valor de $4,36 mil millones, tienen como destino Estados Unidos y el 35,7 % de las importaciones guatemaltecas son estadounidenses.

La mayoría de las exportaciones son agrícolas y manufacturas. Ambas industrias suman el 32 % del PIB de Guatemala y emplean a la mitad de los trabajadores del país.

Una historia de negligencia legal

En 2012, Kappes y KCA compraron el 25 % y 67,5 %, respectivamente, de la empresa guatemalteca Exmingua. Como accionistas mayoritarios, adquirieron los derechos a dos proyectos mineros de oro y plata: Santa Margarita y Progreso VII.

Exmingua había obtenido una licencia de exploración para Santa Margarita en 2005 y una licencia de explotación de 25 años para Progreso VII en 2011. Sin embargo, en 2012, miembros de las comunidades cercanas a los proyectos bloquearon el acceso a Progreso VII tras un mes de iniciarse la construcción de la mina.

Exmingua solicitó la ayuda de las autoridades locales y nacionales, con poco éxito. Por ello, la empresa solicitó un amparo contra la policía guatemalteca en septiembre de 2012. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Guatemala otorgó el amparo y ordenó a la policía despejar los bloqueos en mayo de 2014.

Sin embargo, la batalla judicial apenas estaba empezando. La ONG Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) presentó su propia demanda en agosto de 2014 en presunta defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Luego de idas y vueltas, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió el certificado de exportación de oro y plata de Exmingua en 2016 y la licencia de explotación en 2017.

Como condición para restablecer los permisos, la corte exigió que Exmingua lleve a cabo consultas con las comunidades locales. Sin embargo, una nueva oleada de protestas cerca de los proyectos mineros impidió que Exmingua pudiera concretarlas.

Dadas estas circunstancias, Kappes y KCA apelaron infructuosamente el fallo. Tras agotar los recursos legales en el país, decidieron llevar a Guatemala a la CIADI. Los demandantes argumentan que las cortes del país violaron las garantías del DR-CAFTA acerca del trato justo y adecuado para inversionistas extranjeros.

Precedentes de incumplimiento

Desde el cambio de siglo, Guatemala ha enfrentado tres otras demandas internacionales por inversionistas extranjeros, lo cual resalta el débil estado de Derecho en el país. Para Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, la interferencia política influye en las decisiones judiciales y los activistas se aprovechan de los conflictos.

No es de sorprender que las inversiones extranjeras directas en Guatemala sigan bajando. Un informe del Banco de Guatemala registra que estas han caído 11 % entre 2017 y 2018.

Efectivamente, el Índice Doing Business 2020 colocó a Guatemala en el puesto 176 de 199 economías cuando se trata de hacer cumplir los contratos. En esta categoría, el Banco Mundial mide el costo y el tiempo para resolver disputas comerciales en las cortes locales y los esfuerzos del país para mejorar el sistema judicial.

Este ambiente desfavorable para los negocios no afecta solo a inversionistas adinerados de países desarrollados. Encuestas locales con empresarios e inversionistas guatemaltecos periódicamente identifican la ausencia de certeza jurídica como uno de los mayores obstáculos al crecimiento económico.

Desde que las controversiales internacionales han arrojado luz sobre las falencias del sistema judicial de Guatemala, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Canadiense ha solicitado al Gobierno de Alejandro Giammattei que tome cartas en el asunto.

El primer paso es asegurarse que desde el Ejecutivo se haga cumplir los contratos y los fallos judiciales para dar un trato justo a las inversiones extranjeras. En segundo lugar, el Gobierno debería impulsar una reforma judicial para desterrar la corrupción y el nepotismo. Finalmente, las autoridades guatemaltecas deben transparentar las ONG financiadas desde el extranjero que siembran la división e impiden el progreso.

Hasta que el imperio de la ley no sea una realidad para guatemaltecos y extranjeros, el país seguirá observando desde lejos como las oportunidades económicas van a destinos más amigables.

Paz Gómez

Paz Gómez

Paz Gómez of Quito, Ecuador, is a policy analyst with Econ Americas and the cofounder and academic coordinator of Libre Razón, a liberal think tank. Follow @PazenLibertad.

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