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Por si acaso usted no lo sabía, Guatemala pasó por grandes aprietos en 2015. Sus líderes fueron destituidos y encarcelados bajo acusaciones de corrupción. Y como vieron claramente la Organización de Estados Americanos y otros entes, la decapitación, literalmente hablando, de la sociedad fue parte de un intento de suspender las elecciones en ese país.

Toda la corrupción, como hubiese escrito Julio César, está dividida en tres partes. La primera es la propia corrupción, mientras que las otras dos son las posibles formas de repararla.

La mafia política de Guatemala, a la cual llamamos "La Mancha", está una vez más intentando sofocar al nuevo Gobierno, incluso antes de que este asuma el poder. El pasado 17 de noviembre la nueva ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, designó al capitán retirado Óscar Platero como subdirector de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici).

Desde su celda en la prisión, el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina ha jugado la carta de llorón al decirle a la cadena Russia Today —un extraño aliado, por cierto— que el responsable de su caída no era otro que Estados Unidos, y sus viejos trucos; y que influyó en su caza a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de las Naciones Unidas, una valiosa compañera para la corrupción oficial.

En la primera ronda de elecciones presidenciales del pasado 6 de septiembre, Guatemala evitó, por poco, un golpe de Estado que las pudo haber suspendido, y que las hubiesen mantenido suspendidas por un largo tiempo. Con una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre, el país ha retrocedido ahora a la relativa comodidad de ser un paraíso para la corrupción, como lo ha sido a lo largo de su historia.

El Congreso de Guatemala votó anoche para retirar la inmunidad judicial al presidente Otto Pérez Molina, acusado de estar implicado en una red de sobornos. Su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, ya está en la cárcel, donde se encuentra a la espera de un juicio por cargos similares.

Unas semanas después del intento de asesinato de Gilda Aguilar en 2012, el coautor de esta serie de artículos, Steve Hecht, fue invitado a reunirse con Arnold Chacón, embajador de Estados Unidos en Guatemala. Hecht asistió a la reunión junto con el profesor Armando De La Torre, decano de la Universidad Francisco Marroquín y columnista para El Periódico de Guatemala.

Gilda Aguilar, una fiscal del Ministerio Público de Guatemala, corría hacia su casa, a ver a sus dos hijas adolescentes. Otro abogado, amigo de Gilda, manejaba; y un joven oficial de policía, Samuel González, era el guardaespaldas de la fiscal.

“La Universidad de Georgetown es una de las instituciones académicas y de investigación líderes del mundo”. Así es como se describe la universidad a si misma. Pero la utilización del prestigio de Georgetown para elevar a la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, al estatus de estrella, levanta dudas sobre la dirección que ha tomado la universidad.

El Gobierno de Barack Obama y las Naciones Unidas están conspirando para presionar a Guatemala para que avance una agenda más allá del mandato de la ONU, que recuerda a la "dominación yanqui" que Obama previamente manifestó querer terminar.

Su artículo de opinión Justicia denegada en Guatemala: El pseudojuicio a Ríos Montt, del 12 de enero de 2015, obviamente es bien intencionado pero sentimos que es confuso. La pregunta crucial del juicio a Ríos Montt es simple y potencialmente atroz: ¿Ocurrió un genocidio durante la guerra civil en Guatemala? El autor del artículo, Luis Eduardo Barrueto, quiere que esto sea verdad. Aún así, no puede evitar tener cierto manejo sensato sobre el tema, y eso lo traiciona.