Hallazgos principales
- Ecuador ha perdido más de US$7,5 mil millones debido a la actual crisis energética. Esta es la consecuencia de hasta 14 horas de apagones diarios que han afectado a los sectores industriales y comerciales del país. Más de 8.000 empleos se han perdido en el sector privado en menos de 60 días, pues cada hora de apagón representa una pérdida económica de alrededor de $12 millones.
- La dependencia del 70-80% en las hidroeléctricas, ha dejado a Ecuador vulnerable durante la sequía regional. La falta de precipitaciones ha contribuido a un déficit energético diario de 1.000 a 1.500 megavatios, y los subsidios han incrementado el problema. Los apagones han expuesto las falencias en la infraestructura energética luego de más de dos décadas de mala gestión, proyectos inconclusos y corrupción.
- Los expertos, incluyendo la analista política y abogada Gabriella Guerrero, apoyan reformas inmediatas para facilitar alianzas público privadas y, así, enfrentar la crisis. Para aumentar la oferta y reducir los apagones, Ecuador requiere reducir los tiempos de los permisos, incrementar la tarifa eléctrica e impulsar la producción energética privada en el corto plazo.
El primer mes de la peor crisis energética para Ecuador en los últimos 30 años y, con ello, las pérdidas económicas para el sector industrial ascendieron a $4 mil millones y $3.5 millones en el sector comercial. Los cortes de luz alcanzaron las 14 horas diarias a nivel nacional y, por un par de días, incluso hubo apagones de 24 horas para la zona industrial ubicada en las afueras de Quito. Ecuador ya experimentó cortes de dos horas diarias a finales de 2023 y de hasta ocho horas en junio de 2024.
El Comité Empresarial Ecuatoriano estima que se pierde alrededor de $12 millones cada hora sin luz y que hasta ahora se han perdido más de 8.000 plazas de empleo formal. Los apagones se han caracterizado por inestabilidad en los horarios, lo que ha incrementado la desaprobación e inconformidad hacia las autoridades.
Del 81% de aprobación hacia el presidente Daniel Noboa en febrero de 2014, esta ha disminuido al 51%. La crisis energética se ha convertido en una de las tres principales preocupaciones entre los ciudadanos (47,2%). Le antecede solamente la inseguridad (61,9%) y el desempleo (55,2%).
Pese a estas cifras, la administración de Noboa no es la única responsable de la crisis energética actual. Al tratarse de un sector estratégico y de infraestructura estatal, la provisión energética trasciende periodos de gobierno y agendas políticas. En el caso de Ecuador, las condiciones climáticas adversas de una intensa sequía regional —que ha afectado a toda Sudamérica— han develado una serie de acciones y decisiones que nos han trasladado a la precariedad actual. Como dice el dicho: “solo cuando la marea baja, sabes quién ha estado nadando desnudo”.
Esta investigación hace una breve revisión de la política energética ecuatoriana en los últimos veinte años, que ha llevado a una innecesaria crisis energética. Esto, particularmente cuando Ecuador tenía superávit energético hace una década. Para reportar los sucesos más allá de la información pública, el Impunity Observer entrevistó a Gabriella Guerrero, una analista política, abogada y profesora universitaria. Guerrero cuenta con experiencia en Derecho energético, minero y petrolero, así como en alianzas público privadas.
La matriz energética ecuatoriana
La producción energética de Ecuador proviene principalmente de fuentes hidroeléctricas (70-80%) y termoeléctricas (20-30%). La energía producida por recursos renovables no convencionales ronda el 3%. En tiempos de alta pluviosidad, las plantas hidroeléctricas pueden producir hasta el 90% de energía y, si existe excedente, exportar a los países vecinos. La producción hidroeléctrica, en su máximo potencial, puede exceder 5.000 megavatios.
La capacidad instalada de las termoeléctricas (gas natural, diesel o fuel oil) podría producir un máximo de 3,000 megavatios diarios. No obstante, por falta de mantenimiento, repuestos, combustibles u operación, su producción solamente ha abastecido 641 megavatios diarios en 2024, ni siquiera un tercio de la capacidad planificada.
Para tiempos de sequía, las hidroeléctricas cuentan con reservorios y embalses, pero hasta el más grande ha quedado corto. Su construcción inició en 2012, con la promesa de almacenar agua hasta para 45 días sin lluvias. En los últimos 10 años, sin embargo, el consumo eléctrico a nivel nacional ha aumentado aproximadamente en un 40%.
La demanda nacional de energía es de casi 6.000 megavatios diarios, pero con la actual sequía que, de acuerdo al gobierno de Noboa, es la peor en los últimos 61 años, la producción energética actual ha creado un déficit de 1.000 megavatios diarios. Para alcanzar una solución sostenible y garantizar seguridad energética en el corto plazo, Ecuador debería invertir $10,4 mil millones hasta 2032. Esta cifra representa 9% del PIB ecuatoriano.
Cómo llegó Ecuador a la crisis
La Constitución de 2008 indica que el Estado ecuatoriano es el responsable de la provisión de energía eléctrica y de promover la eficiencia energética. Si bien el Estado puede delegar la provisión de servicios públicos a empresas mixtas o asociaciones público privadas, la energía es un sector estratégico y, por ende, tiene la potestad de administrar, regular, controlar y gestionar la energía en todas sus formas.
Guerrero explica: “Ecuador se basa en los planes nacionales de energía que usualmente se actualizan cada siete años, en promedio. Sin embargo, los gobiernos no han cumplido con los proyectos que se proponen en esta planificación… La mala gestión de las autoridades para arrancar nuevos proyectos y dar permisos a tiempo puede ser uno de los factores que han profundizado esta crisis”.
En el gobierno de Rafael Correa (2006-2017), se crearon las empresas públicas CELEC y CNEL. La primera, creada en enero de 2010, se enfocó principalmente en la construcción de nuevos proyectos de generación eléctrica, la administración y gestión de los proyectos operativos y la generación energética. CNEL, en contraste, fue creada en 2013 para la distribución y comercialización de electricidad.
Estas empresas han administrado miles de procesos de contratación pública y determinado los proyectos eléctricos que se deben llevar a cabo. De 2007 a 2017, Ecuador construyó 14 hidroeléctricas por un total de $11,4 mil millones e incrementó el gasto público para la energía térmica en 38%. Muchos de estos proyectos no están terminados al día de hoy, debido a fallas técnicas o incumplimiento de los proveedores.
Coca Codo Sinclair: El elefante blanco que daría seguridad energética
El caso más alarmante es el de Coca Codo Sinclair, uno de los elefantes blancos del gobierno de Correa. La megaobra, que costó alrededor de $2,7 mil millones, consistía de tres componentes:
1) una central de captación que funciona como una represa desviando agua del caudal del Río Coca, uno de los más grandes de la Amazonía ecuatoriana;
2) un túnel de 24,5 kilómetros por donde el agua avanza hasta el embalse compensador que bota el agua a alta presión hasta las turbinas;
3) una casa de máquinas construida dentro de la montaña con ocho turbinas y ocho distribuidores de presión.
Aunque fue diseñada para aportar 1.500 megavatios al sistema eléctrico ecuatoriano, desde 2016 que inició su operación nunca ha generado el total de su potencia. Durante el último año, ha producido en promedio 500 megavatios. El principal problema reside en las más de 7.600 fisuras en los distribuidores de agua de la hidroeléctrica, que son estructuras de acero que conducen el agua que cae de una altura de 609 metros a las turbinas.
De acuerdo con los estudios y auditorías realizados, las fallas datan de 2014, dos años antes de que iniciara la operación de la hidroeléctrica construida por la empresa china Sinohydro. Las fallas han sido reparadas en cuatro ocasiones, pero no dejan de aparecer y cada vez son más graves. Además, Sinohydro no ha reportado el cumplimiento de las normas ASME en el proceso de construcción, que son los estándares que deben seguir en el desarrollo de proyectos de tal magnitud.
Por todo lo anterior, CELEC no ha dado por recibida la obra de Coca Codo Sinclair y ha elevado el caso a arbitraje internacional. Adicionalmente, el proceso de licitación de esta megaobra se encuentra en investigación en la Fiscalía por supuestos sobornos. Además, otro desafío es que el Río Coca ha presentado erosión regresiva y lateral desde el 2020, por lo que se han iniciado estudios de factibilidad para reubicar la central de captación.
Toachi Pilatón: La generación eléctrica más costosa del país
De forma similar, los proyectos de hidroeléctricas Quijos y Toachi Pilatón llevan más de una década de construcción y no han sido terminados por fallas técnicas y proveedores que no cumplían con los requisitos establecidos. Originalmente un contrato asignado a la constructora brasileña Odebrecht en 2010, Toachi Pilatón tenía que producir 250 megavatios, pero desde marzo de 2023 solamente ha aportado 49 megavatios.
Posterior al escándalo regional de corrupción de Odebrecht —en el que se identificó que la empresa brasileña entregó 33.5 millones de sobornos a funcionarios ecuatorianos entre 2007 y 2016— el proyecto pasó a manos de la compañía rusa Inter Rao. Sin embargo, en 2017, Correa ordenó la terminación unilateral del contrato debido a supuestos retrasos injustificados. La compañía elevó el caso a arbitraje internacional y, para mediados de 2023, ganó el proceso, generando una deuda de $45 millones para Ecuador.
China International Water & Electronic ganó la licitación para continuar con su desarrollo. Han pasado cuatro prórrogas con adendas de contratos, que suman casi $1.000 millones y no se ha terminado la obra bajo el argumento de fallas geológicas. Con todo esto, el proyecto ya sumaría $3,9 millones por megavatio instalado, lo que le convierte en la hidroeléctrica más costosa del país. Usualmente, un megavatio instalado tiene un costo de $1 millón.
Además de que no está terminada, la sección operativa presenta fisuras y falta de permeabilización en la represa, lo que pondría en riesgo su vida útil. No obstante, el gobierno de Noboa ha logrado llegar a un acuerdo con la empresa para acelerar los trabajos que permitan habilitar la segunda sección que aportaría la generación de 68 megavatios desde diciembre de 2024. Al momento de escribir esta investigación, aún no opera esta sección.
Las falencias de las termoeléctricas
La generación de energía térmica está lejos de alcanzar su máximo potencial debido a la falta de mantenimiento y la existencia de turbinas dañadas. De acuerdo con Contraloría, esto se ha debido a que las contrataciones públicas se han otorgado a proveedores no calificados o no idóneos, se han declarado desiertas, o se han prolongado por falta de celeridad en los pagos desde el Ministerio de Finanzas. En estas falencias hay un rastro del crimen organizado lucrando con licitaciones opacas y prolongadas.
A finales de 2023, por ejemplo, CELEC compró 32 turbinas para abastecer a la central térmica Quevedo II, que requiere 60 motores para su total operación. Esto se hizo bajo compra directa al mismo proveedor al que se compraron los motores en 2010. Debido a los avances tecnológicos, estos motores ya no son los más óptimos, tanto en precio como en generación eléctrica, pero fueron adquiridos debido a las características de la central.
Adicionalmente, en el caso de la generación eléctrica, hay que tomar en cuenta la compra de combustible para su funcionamiento. Mientras que Ecuador produce fuel oil, que resulta el combustible más económico para el Estado ecuatoriano, el diesel es el que alcanza la producción óptima de las centrales.
La termoeléctrica Termogas Machala, en contraste, funciona con gas natural y cuenta con potencial máximo. Sin embargo, la producción de gas natural del país, exclusivamente destinado a la generación eléctrica, también está limitada por escándalos de mala gestión y corrupción.
Como lo ha documentado la periodista de investigación ecuatoriana Janeth Hinostrosa, las autoridades han impedido la completa explotación del Campo Amistad en el Golfo de Guayaquil —donde se extrae gas natural— debido a sus intereses económicos en la importación de Diésel y GLP.
Una salida para la crisis energética
Para Guerrero, CELEC se ha convertido en un actor clave en la toma de decisiones y la resolución de la crisis: “La empresa pública ha brindado apoyo técnico y han logrado adquirir las barcazas para reducir los apagones en diciembre”.
Sin embargo, de acuerdo con el director de la Cámara de Energía Renovable, Benjamín Chávez, el sector energético está manejado por una mafia. Las empresas públicas eléctricas deberían suprimirse, y todos los gerentes que han liderado estás empresas deben rendir cuentas al pueblo ecuatoriano… Tienen parte de culpa de la crisis actual.”
En 2023, la Fiscalía empezó a investigar el caso judicial Encuentro que inició con una denuncia del Frente Parlamentario Anticorrupción, liderado por el difunto asambleísta Fernando Villavicencio. La investigación del caso Encuentro, que develó cómo operaba la Mafia Albanesa en Ecuador, identificó que las personas que facilitaban el narcotráfico en Ecuador eran también quienes presionaban a las autoridades para priorizar funcionarios y proveedores de consorcios creados por aliados de la Mafia Albanesa.
Por ejemplo, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía y los registros públicos, dos mujeres asociadas con la Mafia Albanesa, Karen C. y Erika F. se repiten en seis consorcios que operaban como proveedores de obras eléctricas. Entre junio de 2021 a septiembre de 2022, estos consorcios obtuvieron 13 contratos de CNEL que sumaron $8.4 millones.
Esta mafia estaría funcionando desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno, quien fue sucesor de Rafael Correa pero que ya en el poder cambió de rumbo, distanciandose del liderazgo y gobierno de Correa. Presumiblemente, al no poder operar desde adentro del Ministerio de Energía y Minas o las empresas públicas como antes, esta mafia empezó a presionar a las autoridades para mantener sus operaciones corruptas y delictivas.
En diciembre de 2022, por ejemplo, el entonces gerente general de CNEL fue secuestrado en Guayaquil. La solicitud de los secuestradores fue no realizar cambios administrativos y pagar todas las deudas pendientes a los proveedores.
Pero la Mafia Albanesa no son los únicos saboteadores del sistema eléctrico ecuatoriano. Los contratos colectivos de los trabajadores de CNEL, CELEC y Petroecuador representan millones de dólares al año para el país. Por ejemplo, 97% de los trabajadores de CNEL pertenecen a un sindicato con beneficios laborales que suman $78 millones de gasto anual a los $100 millones que ya se destinan en salarios.
Es tiempo de revisar el sistema energético
Ecuador cobra 4-10 centavos el kilovatio hora. De acuerdo con estimaciones recientes del gobierno, sin embargo, la tarifa debería rondar entre 12 y 15 centavos el kilovatio hora. Esta brecha en el precio le cuesta al Estado un promedio de $1,100 millones al año.
Previo a la crisis energética, los proyectos privados de generación eléctrica tenían una potencia límite de 10 megavatios. Sin embargo, el 28 de octubre de 2024, pasó una ley de carácter económico urgente que amplió el límite hasta los 100 megavatios. Ese es solo el comienzo. Para poder iniciar proyectos privados de generación eléctrica o ampliar el límite en los que estaban operando, deben tramitar los permisos necesarios.
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minería, estos permisos tardan tan solo 15 días hábiles en tramitarse. No obstante, algunos proyectos de energía renovable han declarado más de dos años de demora. Guerrero se refiere a los proyectos presentados en 2022, que fueron recientemente aprobados por las autoridades: “Estos pueden generar hasta 400 megavatios, que es un aporte importante para enfrentar la crisis”.
Para superar la crisis, Guerrero considera que “el gobierno debe priorizar estos permisos, alianzas público privadas y dar más oportunidades a la producción privada de energía. Ecuador puede adoptar un sistema mixto de energía, incluyendo al sector privado en la producción para aumentar la demanda y la calidad del servicio”. Su análisis sugiere la necesidad de tarifas de electricidad flexibles, menos tiempo de espera en los permisos de nuevos proyectos, y aperturar también el monopolio estatal de las redes de distribución.
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