La primera vez que visité el archipiélago Galápagos fue en 2019. Una de las 24 provincias del Ecuador, estas islas, ubicadas a 972 kilómetros de la costa del Pacífico, me sorprendieron con sus aguas cristalinas y su flora y fauna única.
Durante mi estadía, noté los desafíos que afectan a las islas, el destino turístico más visitado y lujoso del país. Me llamó la atención la escasez de alimentos y los precios más altos en comparación con el Ecuador continental. Otro detalle sorprendente fue que los automóviles propulsados por diésel superan a los eléctricos, especialmente en Santa Cruz, la isla más poblada.
Estas preocupaciones regresaron a mi mente después de leer Galápagos: Evolución de una crisis, publicado el 17 de febrero de 2025 por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP). La investigación fue dirigida por el economista Francisco Zalles y su objetivo es examinar cómo equilibrar la preservación ambiental del archipiélago con la actividad humana.
🌊🐢 Galápagos: una crisis en evolución. Lo que creías saber está a punto de cambiar.
— Economía Política (@ieepecuador) January 24, 2025
¿Estás listo para descubrir la verdad detrás del paraíso? 👀🔍
#CrisisEnEvolución pic.twitter.com/62115YVWXO
El estudio expone los fallos de las políticas públicas que han provocado enormes dificultades ambientales y económicas en las islas. Al abordar los efectos adversos de esos errores, el estudio fomenta una menor intervención desde la distancia e iniciativas de conservación lideradas localmente.
Publicado con el apoyo de las fundaciones liberales Atlas Network y la Fundación Rising Tide, el estudio del IEEP analiza las consecuencias no deseadas de: (1) el control del crecimiento poblacional, (2) los subsidios y (3) la burocracia y el proteccionismo excesivo.
1. Los efectos no intencionados del control poblacional
Desde el momento en que llegan a las islas, los turistas se percatan de las políticas de control poblacional. Las estrictas normas migratorias exigen que tanto extranjeros como ecuatorianos respondan preguntas de rutina como: ¿Cuántos días planea quedarse? ¿Cuántas personas viajan con usted? Luego, las autoridades desinfectan a los visitantes para evitar contaminantes nocivos y brindan instrucciones claras, haciendo hincapié en el reciclaje, reducción del consumo de plásticos y conservación del agua.
Las tarifas de entrada también regulan el acceso. Los ecuatorianos pagan US$50; los visitantes de los países vecinos (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay) pagan $120 y los demás extranjeros, $220. El Parque Nacional Galápagos y el gobierno del archipiélago se dividen los ingresos de estas tarifas.
En el informe del IEEP, Zalles identifica las restricciones migratorias como el principal fracaso. Si bien no han logrado frenar el crecimiento de la población, han hecho que la residencia parezca un privilegio debido a las mejores oportunidades económicas. El salario mínimo en Ecuador continental es $470 mensuales. En Galápagos, sin embargo, la ley exige un salario 75% más alto para los trabajadores del sector privado y el doble para los empleados del sector público. Además, las empresas turísticas deben demostrar que al menos el 51% de sus accionistas son residentes de Galápagos para obtener permisos de operación.
A pesar de estos controles, la población de las islas ha crecido a una tasa promedio anual del 1,6% entre 2010 y 2022, más alta que el 1,3% del Ecuador continental. Si esta tendencia continúa, Zalles sostiene que los locales tendrán dificultades para satisfacer las necesidades alimentarias de los turistas.
El turismo impulsa el 80% de la economía de Galápagos. En 2023, las islas recibieron alrededor de 330.000 turistas, un 23% más que el promedio de los dos últimos años. En 2024, las llegadas alcanzaron las 279.277, superando aún las cifras de 2022 y 2021. Zalles advierte que, sin el turismo, la economía colapsaría, empujando a los locales hacia actividades ilegales como el tráfico de vida silvestre, la pesca ilegal y otras prácticas ilícitas.
Un ejemplo de estas presiones económicas son los matrimonios arreglados para obtener la residencia. Impunity Observer entrevistó a residentes de Galápagos que asisten a la Universidad San Francisco de Quito, que tiene un campus en la isla de San Cristóbal. Revelaron que, a pesar de una espera de 10 años con matrimonio para obtener la residencia permanente en la isla, estos acuerdos siguen siendo un negocio lucrativo.
Por lo general, un extranjero le paga a un residente un pago inicial de alrededor de $10,000, más una mensualidad de $600 a $800, hasta obtener la residencia. Algunos ecuatorianos también eluden las leyes de migración al quedarse más tiempo del permitido y vivir ilegalmente en las islas. Esto ha llevado a que cientos de personas sean deportadas al Ecuador continental.
2. Los incentivos perversos de los subsidios
Los subsidios son otro problema importante. El estudio destaca cómo los precios artificialmente bajos del combustible han fomentado el consumo excesivo de energía y han empeorado la contaminación ambiental.
Zalles explica que, a pesar del enorme potencial de las islas para establecer energía renovable, la mayor parte de la electricidad en Galápagos proviene de plantas termoeléctricas potenciadas con diésel. De acuerdo con el Plan Galápagos 2030, una estrategia de sostenibilidad preparada por varias agencias gubernamentales, incluido el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, los consumidores pagan solo una cuarta parte del costo real de generación.
Fuente: Plan de Transición Energética de las Islas Galápagos, Ministerio de Energía y Minas (2023)
El bajo precio impulsa un mayor consumo de combustible y, a su vez, más contaminación. El informe del IEEP advierte que el combustible barato atrae al crimen organizado, lo que podría convertir al archipiélago en una estación de reabastecimiento para los barcos del narcotráfico. En este sentido, Zalles sostiene que poner fin a los subsidios al combustible debería ser una prioridad ambiental máxima.
3. El dañino impacto de la planificación centralizada
En Galápagos, el proteccionismo y la burocracia han generado desafíos económicos y ambientales más graves que los que se esperaba que resolvieran. Las regulaciones excesivas y las restricciones a la inversión han expandido la burocracia. Según el estudio del IEEP, el 13,4% del empleo total está en el sector público, casi igual al turismo (13,6%) a pesar del aislamiento de Quito.
Zalles señala que, además de una parte de los ingresos por tarifas de entrada, esta burocracia sobrevive gracias a transferencias del gobierno central financiadas por contribuyentes ecuatorianos. Esta financiación a distancia elimina los incentivos para reducir las ineficiencias y crea una dependencia económica insostenible.
Fuente: Dirección del Parque Nacional Galápagos (2025)
El estudio también destaca cómo el proteccionismo ha alimentado los monopolios y la sobreexplotación de los recursos naturales. Un ejemplo es el cultivo de café, un producto clave en Galápagos debido a su sabor y calidad. Para proteger a los productores locales, el gobierno prohibió las importaciones de café tostado en 2020.
Sin embargo, el cultivo del café requiere grandes cantidades de agua dulce, un recurso escaso en las islas, lo que empeora la degradación ambiental. Además, el gobierno levantó la restricción a las importaciones dos veces en 2022, cuando hubo ineficiencias en la producción que expusieron fallas en el marco legal.
Los contribuyentes ecuatorianos financian los subsidios y beneficios, algunos de ellos contraproducentes, otorgados a los residentes de las Galápagos. Las Islas Galápagos son un tesoro ecuatoriano y su administración requiere una amplia participación del sector público, la academia y la sociedad civil. La investigación, Galápagos: Evolución de una crisis, contribuye en gran medida a brindar la claridad necesaria e iniciar rendiciones de cuentas.
El siguiente paso para frenar los privilegios y evitar incentivos adversos es estandarizar las tarifas de entrada para ecuatorianos y extranjeros. Esto internalizaría mejor las externalidades asociadas con los ecuatorianos que viajan a las islas y las contaminan. En consecuencia, ahora existe una sólida justificación para la eliminación de los subsidios a la electricidad para los residentes. Esto aumentaría la concientización hacia el consumo responsable y fomentaría la generación sostenible.
