La elección del 30 de noviembre está cada vez más cerca y Honduras enfrenta un problema conocido: la transparencia en el financiamiento de campañas se queda en el papel. A finales de octubre de 2025, solo 40% de los 2.317 candidatos completó la acreditación ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), la cual verifica el origen y uso de los fondos de campaña.
La ley exige que los candidatos revelen quién los financia y que ese dinero vaya a actividades de campaña en todo el país. Sin embargo, la práctica sigue siendo esquiva. La regulación excesiva hace que rendir cuentas sea complejo, y la clase política se beneficia de ello.
La UFTF carece de personal, presupuesto y herramientas para realizar un monitoreo adecuado sobre miles de candidatos. En este contexto, muchos candidatos optan por ignorar las reglas —con poco temor a repercusiones— y se enfocan en hacer campaña. Esa práctica, sin embargo, abre la puerta a la compra y manipulación de votos y el financiamiento ilícito.
Un secreto a voces
En la elección de 2021, organizaciones de la sociedad civil documentaron que partidos y candidatos compraron votos tanto en las primarias como en la elección general. Para prevenir prácticas similares en 2025, varios medios instaron a los ciudadanos a votar por convicciones personales previo a las primarias, recordando que comprar y vender votos es un delito.
En marzo, el Impunity Observer informó cómo los partidos Libre, Liberal y Nacional usan los fondos de campaña financiados por los contribuyentes para operaciones irregulares en efectivo. Si bien los pequeños obsequios en los mítines son comunes, los candidatos también ofrecen dinero en efectivo o vales de supermercado a los ciudadanos.
El analista de políticas César Indiano explica: “los ciudadanos, especialmente los de menores ingresos, ven la política como una lotería y están dispuestos a aceptar dinero a través de estos acuerdos corruptos”. Están preocupados por poner comida en la mesa cada día, no por las promesas vacías de los políticos.
Monitoreo con las manos atadas
Honduras ya cuenta con la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización Electoral y con el organismo para aplicarla: la UFTF. Sin embargo, la reincidencia en el incumplimiento y la manipulación del voto muestran que la legislación no está funcionando.
En elecciones recientes, por ejemplo, la UFTF amplió los plazos de presentación de informes porque los partidos y candidatos no entregaron a tiempo. Tales extensiones señalan fragilidad y transmiten que es poco probable que haya consecuencias. En la misma línea, pese a medidas formales más estrictas —como la exigencia de usar una cuenta bancaria dedicada y presentar informes financieros estandarizados— menos del 25% de los candidatos en las primarias de 2025 abrió la cuenta exigida para el día de la elección.
Actualmente, rastrear a los candidatos sancionados o verificar los gastos reportados es complejo y depende de la presentación oportuna de informes por parte de los candidatos. Sin embargo, no existe voluntad política para mejorar el proceso. ¿Cómo seguirían los candidatos comprando votos y cooptando a funcionarios electorales?
Menos es más
Cuando la aplicación de la ley se limita a auditorías esporádicas y revisiones de informes, los actores sofisticados pueden adaptarse más rápido que el árbitro. Una supervisión débil invita no solo a la corrupción menor, sino también a la infiltración del crimen organizado. Erradicar la ineficiencia y hacer cumplir la supervisión es crucial para garantizar elecciones libres y limpias y para salvaguardar el desarrollo del país frente a grupos criminales que debilitan las instituciones para saquear naciones.
El remedio no son más reglas, sino una rendición de cuentas más simple y en tiempo real, con consecuencias inmediatas. La UFTF puede empezar con dos cambios rápidos: (1) abrir la cuenta bancaria en el registro del candidato, habilitando la trazabilidad de las transacciones; e (2) implementar sanciones instantáneas: remover al candidato de la papeleta y/o suspender el financiamiento público por informes omitidos o gastos no reportados. Reformar la ley para reducir la burocracia y establecer un presupuesto exclusivo para la UFTF serían reformas adecuadas a mediano plazo. Adoptar el seguimiento en tiempo real y la automatización para señales de alerta temprana también reduciría la necesidad de más personal.
El statu quo persiste porque paga. Los partidos y candidatos disfrutan de flexibilidad cuando las agencias de aplicación operan con recursos insuficientes. La democracia no puede descansar en sermones que animan a los votantes a asistir a la elección y votar responsablemente mientras se hace la vista gorda al dinero que compra sus decisiones. Si la rendición de cuentas no es eficaz, el financiamiento ilícito y la compra de votos seguirán siendo el camino más corto hacia la victoria en la política hondureña.
Este artículo se publicó originalmente en Diario El País.
