En noviembre, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) presentó indicadores socioeconómicos y políticos de Honduras con respecto a Centroamérica que invitan a reflexionar sobre lo que el país necesita para alcanzar la prosperidad. Aunque Honduras destaca en las proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional con 3,8% para 2025 y 3,5% para 2026 —versus la estimación regional de 3,5% y 3,3%—, otros indicadores ponen en duda su capacidad de desarrollo.
Honduras, junto con Guatemala, presenta las mayores tasas de pobreza en Centroamérica, de acuerdo con el Banco Mundial. El 62,9% y 56% de los hogares, respectivamente, viven con menos de US $6,85 diarios. Asimismo, en el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, Honduras mantiene el peor desempeño de la región, con un puntaje de 0,41 sobre 1. El promedio centroamericano es 0,47 y Costa Rica lidera con 0,62. Este índice mide la capacidad de los países para atraer inversión según el clima de negocios, la estabilidad económica, los servicios financieros y la gobernanza institucional.
Estas cifras muestran que uno de los mayores desafíos de Honduras es atender las necesidades locales inmediatas y fortalecer la gobernabilidad y el entorno de negocios. Una solución viable sería impulsar una descentralización efectiva en el país. Pese a que resta camino por recorrer, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, sostiene que la descentralización ayuda a la gobernanza municipal y es definitivamente la solución a todos los problemas del país.
La Ley de Descentralización del Estado, aprobada en 2021, busca modernizar el Estado y promover un mayor nivel de democracia y participación ciudadana para mejorar la prestación de servicios públicos, adaptándolos a las necesidades de cada región. No obstante, factores políticos y estructurales limitan el pleno ejercicio de la autonomía local. Aunque los procesos de descentralización iniciaron hace aproximadamente 30 años, los avances han sido graduales y desiguales. Se han logrado progresos notables en sectores como agua y educación, pero persisten desafíos significativos, especialmente en el sector salud.
Poner en orden la casa
Aunque existe un esquema para la transferencia de competencias, recursos y funciones del gobierno central, la práctica es distinta. La descentralización se ha convertido en una herramienta política para el chantaje a las autoridades locales que se oponen al gobierno de turno, en detrimento de la población. Por ello, para garantizar que la descentralización funcione de manera efectiva, es importante atender estos cuatro desafíos que la limitan:
1. Falta de voluntad política
El gobierno central y los partidos políticos en el poder frecuentemente se resisten a ceder poder, control y presupuesto a los niveles locales. Mantener el control centralizado les permite mayor discrecionalidad en la asignación de recursos y la ejecución de proyectos, lo cual puede utilizarse para fines clientelares o de manejo político.
La falta de voluntad se manifiesta en la lentitud para emitir reglamentos, la asignación presupuestaria insuficiente o la reversión de competencias ya transferidas cuando conviene políticamente. Por ello, los votantes deberían favorecer a quienes impulsen la descentralización durante la campaña y en su gestión.
2. Escasez de recursos financieros y avances desiguales
Los municipios más pequeños y rurales, carecen de una base financiera sólida para asumir nuevas responsabilidades, por lo que siguen delegando su gestión y servicios al gobierno central. Esto genera que sectores más complejos, como el de la salud, se mantengan concentrados en Tegucigalpa.
3. Necesidad de capacitación técnica
La asignación de nuevas competencias requiere capacidades técnicas y administrativas robustas que no siempre están presentes en los gobiernos locales. La gestión de servicios como la salud o la educación demanda personal capacitado en planificación, administración pública, finanzas, monitoreo y evaluación.
Muchos municipios, al no contar con presupuesto para contratar o capacitar a este personal, enfrentan dificultades para gestionar las funciones transferidas, lo que deriva en servicios deficientes y un retroceso en la calidad de la gestión pública.
4. Resistencia a ceder el control
Actores institucionales y grupos de interés —entre ellos el poder central y funcionarios de ministerios y secretarías— se oponen a la descentralización porque reduce su presupuesto, personal, poder de decisión e influencia política.
Los sindicatos de empleados públicos, especialmente de salud y educación (como el magisterio), a menudo se resisten a que los municipios administren su personal y condiciones laborales. Temen que los gobiernos locales no respeten los acuerdos gremiales, politicen nombramientos o no tengan capacidad de pago.
Para lograr que la proyección de crecimiento económico se convierta en desarrollo para Honduras, es importante que impulsemos la descentralización de recursos y gestión pública. De esta manera, las autoridades locales pueden atender necesidades e impulsar oportunidades de forma más focalizada, al tiempo que los ciudadanos exigen una rendición de cuentas más real y cercana.
Este artículo se publicó en Diario El País.
