El tiempo se agota para cientos de empresas bananeras, palmeras camaroneras, cafetaleras y de otros rubros agroexportadores, acogidas al Régimen de Importación Temporal (RIT). La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre de 2013, estableció exoneraciones tributarias por 12 años sobre los derechos aduaneros, el impuesto sobre ventas y otros tributos ligados a la importación de materias primas, insumos y maquinaria destinados a producir bienes y servicios para exportación.
Sin estos alivios fiscales, las empresas hondureñas quedan en franca desventaja frente a competidores de otros países. En Honduras, donde se ha establecido un entorno hostil a los negocios, inseguridad jurídica y alta carga burocrática, el impacto se traduce en menos inversión y operaciones, así como cierre de empresas y pérdida de empleos.
La situación del sector camaronero refleja lo que está en juego. El mercado de Taiwán absorbía cerca del 90% del camarón producido en la zona sur. Luego de que el gobierno de Xiomara Castro cesará relaciones con Taiwán, se buscó redirigir las exportaciones a China, las negociaciones han sido infructuosas.
Entre 2022 y 2024, la generación de divisas por exportaciones de camarón también cayeron de US$348,6 millones a US$295,0 millones. En apenas dos años, el país dejó de percibir más de $50 millones por este rubro, en un contexto en el que cada dólar cuenta para sostener la balanza de pagos y el empleo regional. Esto ha provocado el cierre de más de 60 fincas camaroneras y la pérdida de miles de empleos directos e indirectos en la zona sur del país. Se estima que unas 170.000 personas, que dependían de esta actividad de manera directa o a través de encadenamientos productivos, se han visto afectadas.
Por qué se creó el RIT
Creado en 1984 mediante el Decreto 37, el propósito del RIT ha sido promover las exportaciones, especialmente hacia mercados fuera de Centroamérica, otorgando condiciones competitivas a la producción nacional. Forma parte de los siete regímenes fiscales especiales que suspenden el pago de diversos impuestos con el fin de incentivar la actividad exportadora. En 2016, una reforma amplió el alcance del régimen al permitir, bajo ciertas condiciones, la venta de productos en el mercado interno.
En 2023, 125 empresas, especialmente del sector agroexportador, estaban registradas bajo el régimen. Estas compañías generaron 46.780 empleos directos generados, equivalente a más de 10.000 millones de lempiras en salarios, y exportando más de 44,2 mil millones de lempiras en exportaciones, provenientes de sectores como café, banano, melón, aceite de palma, camarón, frutas y vegetales. Detrás de estas cifras hay familias, comunidades y cadenas productivas enteras que dependen del acceso a mercados internacionales y condiciones fiscales razonables para competir.
Si un régimen especial de beneficios tributarios ha sido tan exitoso, un entorno económico que facilite los negocios, la creación de empleo, el libre comercio y la innovación sería aún más. No se trata de cobrar más impuestos o controlar el poder de mercado, se trata de tasar una base mínima y establecer impuestos a un número creciente de empresas, y permitir que la libre competencia regule a los actores del mercado.
Cuenta regresiva para el Congreso
Ante el vencimiento del RIT en diciembre, organizaciones empresariales y productores han hecho un llamado directo al Congreso Nacional para que apruebe una nueva ampliación de la vigencia del RIT. El objetivo es permitir que las empresas continúen operando bajo este esquema de beneficios mientras se discute una reforma integral que aperture el comercio.
Lo que está en juego no es únicamente la permanencia de un régimen fiscal, sino la estabilidad de sectores productivos estratégicos, la generación de divisas y el sustento de decenas de miles de hogares hondureños. Para que dentro de 10 años, la situación no sea igual o incluso peor, ahora el Congreso tiene la oportunidad de cambiar las reglas de juego a favor de la prosperidad.
Los impuestos no son un vehículo clientelista. En lugar de incentivos puntuales, los congresistas pueden impulsar un sistema tributario amigable y relativamente certero. Así, las empresas se dedican a producir libremente, sin perseguir la oferta tributaria más baja.
Este artículo se publicó en Diario El País.
