El 19 de febrero de 2026, el congresista de izquierda José María Balcázar asumió el cargo de presidente interino en el Perú, en sustitución de José Jeri, quien ocupó el cargo durante solo 130 días. Desde 2016, ningún presidente peruano ha completado un mandato y ocho personas han asumido la presidencia. Mientras que dos de ellas dimitieron por presión política, el Congreso destituyó a otras cuatro en medio de crecientes conflictos institucionales y escándalos de corrupción.
El poder legislativo del Perú, en lugar de funcionar como un sistema eficaz de controles y contrapesos, ha logrado acumular un poder desmedido. Durante la actual legislatura, el Congreso ha promulgado leyes que afectan a la responsabilidad penal, la autonomía fiscal y la capacidad de aplicación de la ley.
La inestabilidad presidencial y los escándalos de corrupción han acaparado la atención de los medios y la indignación pública. Mientras tanto, sin apenas escrutinio, los cambios legales han permitido la expansión de las redes criminales por todo el territorio peruano.
Un informe de Human Rights Watch de 2025 reveló que el Congreso ha mermado la independencia judicial y limitado la capacidad de los fiscales para perseguir casos relacionados con economías ilícitas. El estudio analizó 88 leyes promulgadas desde 2022. Algunos de estos cambios legales también han protegido a funcionarios públicos acusados de cooperar con actores criminales.
Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores, sostiene que la élite económica y las redes ilícitas se han infiltrado en las instituciones políticas, especialmente a través de la financiación de campañas electorales. Como consecuencia, las reformas han debilitado la capacidad de fiscalización en sectores como la corrupción, la minería y la tala ilegal, y el tráfico de narcóticos.
Las implicaciones de estas deficiencias en la aplicación de la ley son especialmente significativas en el sector extractivo. En 2024, Perú exportó aproximadamente $15.500 millones de oro. Alrededor del 40 % de esa producción procedía de fuentes ilegales. La minería ilegal de oro se ha convertido en la economía ilícita más lucrativa del país. Según la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, ha generado aproximadamente el 60% del total de activos blanqueados entre 2014 y 2025.
En junio de 2024, las asociaciones empresariales advirtieron sobre los riesgos que planteaban las enmiendas al Código Penal, que excluían 59 de los 91 delitos inicialmente contemplados. Argumentaron que las reformas aumentarían la exposición de los peruanos a la extorsión, el robo y el secuestro, al debilitar las herramientas legales utilizadas para perseguir la actividad delictiva organizada.
Los efectos acumulativos de la disminución en la capacidad para aplicar correctamente la ley son cada vez más visibles. Perú cerró el año 2025 con una tasa de homicidios de 10.7 por cada 100,000 habitantes, frente a los 10.1 de 2024 y los 9.3 de 2023. El país también registró 25,196 casos de extorsión hasta el 27 de diciembre, lo que supone un aumento del 20% con respecto al año anterior.
Según César Ortiz, presidente de la organización de seguridad ciudadana Aprosec, parte de este aumento está relacionado con la consolidación de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua. Esta ha introducido operaciones estructuradas territorialmente en materia de extorsión, asesinatos por encargo y secuestros coordinados. Estas modalidades eran poco comunes anteriormente en el Perú.
A medida que disminuyen las herramientas legales y se reducen los enjuiciamiento, las redes del crimen organizado enfrentan menos restricciones institucionales para su expansión. A medida que los peruanos se preparan para las elecciones generales del 12 de abril de 2026, la atención mediática se centrará una vez más en los candidatos presidenciales. Sin embargo, la última década sugiere que el crimen organizado ha ganado terreno, no precisamente por la inestabilidad política, sino en el espacio institucional que esta misma ha creado.
Dentro de la estructura actual del Perú, el Congreso conserva la autoridad no solo para destituir a los presidentes, sino también para definir las lagunas legislativas que permiten el funcionamiento de los mercados delictivos. Por lo tanto, la composición de la próxima legislatura determinará si persisten las recientes deficiencias en la aplicación de la ley o si se puede restablecer la capacidad del Estado para hacer frente al crimen organizado.
