La reforma laboral de Gustavo Petro pondrá al sector privado contra las cuerdas

Desempleados e informales tendrán más dificultades para encontrar empleo

El 16 de marzo, la administración de Petro presentó un proyecto de reforma laboral al Congreso. (Sebastián Díaz)

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El 16 de marzo de 2023, el Gobierno de Gustavo Petro presentó al Congreso un Proyecto de Ley de Reforma Laboral. Ignorando los perjuicios para la creación de empleo, el Ejecutivo ha pregonado la estabilidad laboral para la minoría de trabajadores del sector formal colombiano.

El hecho detrás de la verborrea y el lenguaje simpático es que arremeter contra los empleadores hará que estos sean menos propensos a contratar y más a despedir cuando tengan la oportunidad. Este es particularmente el caso de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 98% del tejido productivo del país. Los desempleados y los trabajadores informales saldrán peor parados a medida que aumente el desempleo en Colombia.

El 14 de febrero, los partidarios de Petro celebraron un mitin en Bogotá, Colombia, en el que respaldaron el proyecto de ley. Dirigiéndose a sus seguidores desde el balcón presidencial en la Casa de Nariño, Petro los emplazó a que se mantengan movilizados: “Al pueblo es al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan […] el cambio no consiste solamente en ganar unas elecciones, sino en movilizarse permanentemente”.

El 15 de febrero, los colombianos que se oponen a las reformas de Petro, incluida la laboral, organizaron contramanifestaciones en todo el país. Estas parecen haber tenido una mayor participación, en consonancia con la disminución del apoyo al gobierno.

Al promover combativas protestas callejeras, Petro busca presionar a los congresistas para la aprobación de su paquete de reformas. Sin embargo, la caída en su popularidad con un 51% de desaprobación, pone un escenario complejo para el respaldo en el Congreso ya que los legisladores tienden a inclinarse por la opinión popular.

El Pacto Histórico, la alianza política con la que Petro ganó las elecciones presidenciales, se está desmoronando. Tanto en el Senado como en la Cámara, alrededor del 37 por ciento de los congresistas apoyan incondicionalmente a Petro. Cuando asumió el cargo, incluso congresistas del Partido Conservador lo apoyaban. El periodo de luna de miel se acabó y ahora se muestran reticentes a la aprobación de las reformas.

Si el ejecutivo no logra aprobar la reforma ahora mismo, probablemente será más complicado que pueda hacerlo en la medida que su mandato vaya perdiendo brillo.

Cómo la reforma laboral fomenta el desempleo

La ministra de Trabajo y dirigente del Partido Comunista, Gloria Ramírez, presentó el proyecto de ley y con ello el gobierno demostró estar más comprometido con su ideología izquierdista que con la prudencia administrativa. Petro quiere acabar con “las leyes del neoliberalismo” que, según él, han dado lugar a la “explotación de los trabajadores”. “Neoliberalismo” es un término peyorativo y vacío de contenido, así que nadie sabe muy bien qué leyes son esas.

Según el Ejecutivo, el proyecto busca “dignificar el trabajo y garantizar la estabilidad laboral”. Para lograrlo, el nuevo código laboral prioriza los contratos indefinidos, porque aparentemente estar encadenado a un empleador es la libertad del trabajador. Para evitar que las empresas utilicen contratos de servicios y de término fijo, el proyecto de ley limita este tipo de contratos a un máximo de dos años, y los empresarios deberán presentar una justificación por escrito y pagar todas las prestaciones sociales.

Además, se prohíbe a los empresarios despedir sin causa justificada a empleados de los llamados grupos prioritarios. Los trabajadores discapacitados, embarazadas y/o a los que les falten tres años o menos para jubilarse necesitarán una orden judicial para ser despedidos. Asimismo con los trabajadores con fuero sindical. Con estas normativas, en lugar de promover la estabilidad laboral, esto disuadirá a los empresarios de contratar a personas con tales características.

Referente a los horarios y remuneración por horas extra, se pretende reducir la semana laboral estándar de 48 horas a 42 en los próximos seis años. Los planificadores centrales también buscan que los turnos de la noche empiecen a las 18H00, ya no a las 21H00, como si dictar las horas de labor de los trabajadores fuera una función legítima del Gobierno. Del mismo modo, con la fijación de precios, la reforma aumentará del 75% al 100% el pago por trabajar en días domingos y festivos. Este cambio arbitrario y costoso obstaculizará el desarrollo del turismo y la vida nocturna de las ciudades.

Las plataformas digitales, tales como Uber o Rappi —el primer unicornio tecnológico del país— tendrán cambios radicales en las reglas de juego, ya que estas tendrían que formalizar obligatoriamente a los actuales prestadores de servicio como trabajadores dependientes. Esto significa que las empresas digitales tendrían que pagar por su seguridad social y otros beneficios sociales. Según el Gremio de Aplicaciones e Innovación, Alianza In, esta reforma destruiría 80 mil plazas de trabajo en el sector, ya que sería virtualmente imposible integrarlos a todos en nómina.

Para mantener sus márgenes de beneficio, las plataformas tendrán que aumentar sus precios, perjudicando a los consumidores y la innovación de las empresas digitales. La calidad del servicio de las plataformas también caería debido a la menor disponibilidad de empleados. Esto se suma a que el Congreso aprobó en noviembre de 2022 una reforma fiscal, por lo que estas empresas tendrán que pagar un 3% adicional sobre sus ingresos brutos.

Las indemnizaciones por despido injustificado se incrementarán de 30 días a 45 días de salario en todos los tipos de contrato y se aumentará 45 días por cada año de trabajo posterior al primer año. De esta manera, la contratación formal tendría mayores complicaciones y el proceso de despido sería más largo y costoso para las empresas, especialmente para las más pequeñas que carecen de economías de escala y no pueden permitirse interrupciones.

Esta reforma laboral busca presentarse ante el público como garantista de los trabajadores, sin embargo, esconde que solo beneficiará a la minoría privilegiada que ya tienen la fortuna de integrar el sector formal de la economía. Mientras tanto, el grueso de los trabajadores colombianos —cerca del 60%— se encuentran en el sector informal, donde las garantías laborales brillan por su ausencia, y un 14% se encuentra en el total desempleo.

Por lo que cabe preguntarse, ¿cómo mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores si la reforma excluye a la gran mayoría de ellos? La pregunta se responde sola.

Un golpe a la productividad

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) calcula que los costes de contratación aumentarían un 35%, lo que se traduce en un 5% más de desempleo en los próximos años. Por otro lado, Lucio Bernal, presidente de los almacenes Home Sentry —una popular tienda comercial en el país— advierte que la reforma augura un éxodo de empresas y la destrucción de muchos pequeños negocios.

Según datos de la OCDE, Colombia es el país menos productivo de este organismo, pese a que encabeza el promedio de horas trabajadas. Un trabajador colombiano, en comparación con los de países hispanoamericanos miembros de la OCDE, produce en una hora de trabajo tan solo $17,7 versus los $21,9 de México, los $28,8 de Costa Rica o los $35,2 de Chile por un promedio similar de horas trabajadas.

La reforma no explica cómo la reducción de las horas de trabajo y la menor fluidez del mercado laboral aumentarán la productividad. Pista: no lo harán, y la productividad es el motor subyacente del crecimiento de los ingresos a largo plazo. El Gobierno apunta de manera ciega contra los malos resultados de los trabajadores sin abordar las causas ni ofrecer soluciones concisas.

Petro busca fabricar una fachada de empatía con los trabajadores para así afianzar su respaldo gubernamental, sin embargo, esta reforma es enemiga de los colombianos y beneficiará a muy pocos trabajadores del sector formal, así como a los jefes sindicales, que quieren más para ellos y menos para todos los demás. Irónicamente, un mercado laboral más restringido llevará a más personas a la informalidad y reducirá las oportunidades de trabajo, poniendo un freno al crecimiento económico y la productividad del país. Gracias, pero no gracias.

Andrés Sebastián Díaz Ponce

Andrés Sebastián holds a bachelor’s degree in political science and international relations from the University of the Americas, Ecuador. He founded Libertario, a Spanish-speaking community that promotes the ideas of liberty in Latin America, and he collaborates with the Ecuadorian liberal think tank Libre Razón. Follow @asdp250.

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