El 27 de junio de 2023, Antonio Meneses de la Contraloría General de la República (CGR) dijo que la suspensión de María Corina Machado había sido extendida de 12 meses a 15 años. Cuatro días antes, Machado —líder del partido Vente Venezuela— había anunciado su candidatura para las primarias de la oposición, que serán el 22 de octubre.
Machado —la candidata favorita de la oposición, según encuestas— busca competir contra el dictador Nicolás Maduro en 2024. Temerosos de perder el poder, el régimen está tratando de obstaculizar su participación con estrategias que violan el debido proceso. Claro, es una dictadura.
Bajo el falaz argumento de que la declaración juramentada de patrimonio (requerida para diputados) de Machado tenía errores y omisiones, la dictadura de Maduro la inhabilitó para ocupar cargos públicos en 2015 por el periodo máximo de 12 meses. A pesar de su apelación, la Corte Suprema de Justicia leal al chavismo ratificó la sanción.
Meneses ha argumentado que la extensión de la inhabilitación de Machado se debe a su supuesta participación en escándalos de corrupción durante el gobierno interino de Juan Guaidó, lo cual carece de fundamentos. Los funcionarios serviles a la dictadura no han brindado detalles concretos sobre cómo Machado supuestamente participó en actividades corruptas.
Una inhabilitación sin pies ni cabeza
La dictadura está desesperada por bloquear la participación de Machado en las elecciones de 2024 ya que su popularidad pondría en riesgo el status quo del régimen criminal. Maduro, con el tono mafioso que lo caracteriza, ha dicho que únicamente habrá elecciones libres si se eliminan las sanciones a Venezuela. En otras palabras, la mafia chavista se aferrará al poder con o sin elecciones.
Una INÚTIL “inhabilitación” que sólo demuestra que el régimen sabe que YA está DERROTADO.
Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las Primarias.
Aquí quién HABILITA es el pueblo de Venezuela.
Hasta el final es HASTA EL FINAL! pic.twitter.com/wRof639noG
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 30, 2023
De acuerdo con el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Allan Brewe-Carías, la inhabilitación es una burda e iletrada arbitrariedad emprendida por el depredador Estado venezolano. Al régimen poco le importa:
- El artículo 49 de la Constitución venezolana sostiene que el sancionado debe ser notificado. Sin embargo, Machado nunca tuvo conocimiento de la extensión de la inhabilitación sino hasta que se hizo pública por la consulta de Brito a la CGR.
- La justificación de Meneses sobre la inhabilitación de Machado no es más que una declaración informativa. Solo el contralor puede emitir una inhabilitación, sin embargo, este no se ha pronunciado, así que se desconoce quién emitió la nueva inhabilitación a Machado.
- Ya que las investigaciones judiciales son clasificadas, ningún trabajador del sector público puede brindar sus opiniones al respecto. Meneses debería ser sancionado por dar su opinión y difundir un caso clasificado, algo que va contra la ley.
- El régimen sancionó inconstitucionalmente a Machado en 2015 por “no cumplir con la declaración juramentada de patrimonio”. La sanción máxima para esto fue de 12 meses, sin embargo, tras una reforma a la ley de 2022, los funcionarios del régimen decidieron extender su sanción a 15 años sin brindar sustento alguno.
- Aunque Machado nunca fue parte de la administración interina de Guaidó, Meneses todavía sostiene que ella “ha participado en esquemas de corrupción junto a Guaidó”. De todas formas, no correspondería a las causales según la misma Ley Contra la Corrupción.
Después de que el diputado aliado al régimen José Brito haya hecho pública la inhabilitación de la CGR el 30 de junio, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou compartió su apoyo a Machado en la cumbre del Mercosur. Asimismo, el 13 de julio el Parlamento Europeo aprobó una resolución en contra de la persecución del régimen a Machado:
“Los eurodiputados condenan la inhabilitación política por 15 años de María Corina Machado y la de otras figuras principales de la oposición como Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano, y lo consideran otro paso del régimen para obstaculizar el proceso electoral y anular cualquier perspectiva de retorno a la democracia”.
La independiente Comisión Nacional de Primaria (CNP) —que está coordinando las primarias de la oposición— también rechazó la inhabilitación de la CGR a Machado. La CNP dice que la sanción no afectará la candidatura de Machado en las primarias.
No obstante, si Machado llegara a ganar las primarias, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela seguramente bloqueará su candidatura apegándose a la supuesta inhabilitación en su contra, la cual es ilegal e inconstitucional.
COMUNICADO Comisión Nacional de Primaria rechaza inhabilitación de María Corina Machado pic.twitter.com/OvrSsNn0Ws
— Comisión Nacional de Primaria VE (@cnprimariave) July 1, 2023
La descarada farsa electoral ha empezado
La dictadura teme que Machado pueda reunir el suficiente apoyo para sacar al régimen de Maduro del Palacio de Miraflores en 2024. Es por esto, además de la instrumentalización judicial, que el régimen ha atacado físicamente a Machado durante su campaña en este año.
Por ejemplo, el 14 de julio, un grupo de simpatizantes del régimen insultó y lanzó objetos contundentes a Machado cuando se dirigía a realizar su mitin en el Estado Vargas. La Policía y sus simpatizantes protegieron a Machado de las hordas chavistas.
Las agresiones contra los mítines de Machado se están volviendo cada vez más comunes. De esta forma, Machado continúa su campaña bajo el lema: “Esta lucha es hasta el final”.
La dictadura de Maduro está tratando descaradamente de bloquear a toda competencia electoral, especialmente a Machado. Esta artimaña autoritaria del chavismo se asemeja a las empleadas por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, donde se ha inhabilitado y encarcelado a los principales líderes opositores previo a los comicios electorales.
Esto no nos debe tomar por sorpresa. Ambos regímenes están cortados con la misma tijera, han rapiñado las instituciones democráticas para atornillarse en el poder. Según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, Nicaragua y Venezuela están ranqueados en los puestos 133 y 140, respectivamente, de un total de 140 países.
En definitiva, Nicolás Maduro y sus lacayos no abandonarán fácilmente el poder. Liberar al secuestrado Estado venezolano significaría una avalancha de procesos judiciales en su contra debido a todos los crímenes que han cometido. Creer que un régimen de tintes totalitarios va a permitir una transición pacífica y democrática es pecar de ingenuos.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
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