Hallazgos clave:
- Según un estudio realizado en 29 países por la encuestadora Ipsos, el 64% de los argentinos percibe que la delincuencia y la violencia han aumentado en sus barrios en este año. Argentina —por detrás de Chile— es el segundo país con mayor percepción de aumento de la inseguridad.
- Aunque provincias como Tierra del Fuego y Córdoba son relativamente seguras, Santa Fe y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tienen tasas de homicidio superiores a las de Chile y Uruguay. En estas zonas metropolitanas, los ciudadanos han empezado a tomarse la justicia por su mano matando o golpeando a los delincuentes.
- La crisis de inseguridad empieza a afectar a las pequeñas empresas locales, ya que los delincuentes las extorsionan a cambio de comisiones que varían en función del tamaño de la empresa y la voluntad de los delincuentes.
- La inseguridad se ha convertido en la segunda preocupación de los argentinos, solo por detrás de la crisis económica. Todos los candidatos presidenciales —incluido el peronista Sergio Massa— han adoptado en campaña un enfoque de mano dura contra los delincuentes.
Contexto
El 28 de agosto de 2023, un hombre de Ituzaingó —un municipio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)— persiguió a un presunto ladrón que corría por la calle y le disparó en la cabeza. Según el canal de noticias local La Nación, el autor de los disparos acusó al presunto ladrón, ya muerto, de haber robado a su mujer. En represalia, el hombre disparó al presunto ladrón en plena calle, cerca a la fiesta de cumpleaños de un niño.
Este es uno de los múltiples casos en Argentina en los que los ciudadanos se protegen de los delincuentes y los persiguen en busca de justicia. Para combatir la crisis de inseguridad, el Presidente Alberto Fernández anunció en marzo el despliegue de 1.400 agentes de las fuerzas del orden en Rosario, la compra de 600 nuevas cámaras de reconocimiento facial y “tomar medidas severas contra los presos de la ciudad” —presuntamente cree que los criminales están llevando a cabo operaciones desde las cárceles—. A pesar de sus anuncios, los rosarinos siguen preocupados por los delitos violentos en la ciudad y reclaman al gobierno “más seguridad” en protestas recientes.
El 13 de abril, la portavoz del gobierno federal Gabriela Cerruti dijo que “la principal causa de la inseguridad es la desigualdad” y culpó a los medios de comunicación por criticar las acciones del gobierno que promueven la igualdad, “que es la única forma en la que una sociedad puede disfrutar de seguridad”.
La tasa de homicidios reportados de Argentina es inferior a la media de América Latina, pero no es el caso de algunas de sus provincias. Según datos del gobierno argentino, la tasa de homicidios del país en 2022 fue de 4,2 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es inferior a la de los vecinos Chile, cuya tasa fue de 6,7, y Brasil, cuya tasa fue de 23,3.
Sin embargo, con la tasa de homicidios más alta del país en 2022, la provincia argentina de Santa Fe registró 11,3 homicidios. En contraste, otras provincias como Córdoba, con 2,8, tuvieron la mitad de la tasa nacional.
Esta investigación evalúa por qué los argentinos se toman la justicia por su mano atacando a los delincuentes. Esta ha sido una tendencia anecdótica en su mayoría ya que no hay datos certeros en los que nos podamos basar. Nuestra investigación también explora el impacto de la inseguridad rampante en la política, las empresas y la sociedad.
El Impunity Observer entrevistó a:
- Yayi Morales, analista económica de CNN Radio Rosario y profesora de economía en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano en Rosario;
- Facundo Beltramone, investigador de la Fundación Libertad Argentina en Rosario;
- Javier Beltramone, juez de la provincia de Santa Fe.
Los ciudadanos están hartos de la delincuencia
La inseguridad se ha convertido en un tema de creciente preocupación para los argentinos. Aunque la crisis económica sigue siendo el tema principal, una encuesta de abril de Opinaia informó que la preocupación por la inseguridad ha crecido exponencialmente desde principios de 2023, superando a la corrupción. Además. una gran cantidad de ciudadanos han expresado públicamente su descontento.
Según un estudio de 2023 realizado por la encuestadora internacional Ipsos en 29 países, el 64% de los argentinos cree que la delincuencia y la violencia han aumentado en su barrio. Según el informe, que contempla otras naciones latinoamericanas como Colombia y Perú, solo los chilenos tuvieron una percepción más alta del aumento de la violencia en su país.
El estudio de Ipsos también muestra que el 57% de los argentinos no cree que las fuerzas del orden puedan impedir que se produzcan delitos y actos de violencia en sus barrios. Esta cifra es superior a la media de los 29 países, que es del 44%; en Colombia, por ejemplo, el 53% de sus ciudadanos no confía en las fuerzas del orden.
Para Morales, el costo de delinquir para los argentinos es “bajo o inexistente”. Esto es especialmente cierto para quienes viven en la pobreza, que representan el 40,1% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística. Morales explica que, dado que múltiples asesinatos se producen por robar a alguien, una frase común en la sociedad argentina es: “Una vida vale lo mismo que un celular”.
Según el World Population Review, una organización independiente con ánimo de lucro centrada en datos demográficos de todo el mundo, Argentina será en 2022 el cuarto país de Sudamérica con mayor índice de delitos reportados: 63,8 sobre 90 puntos. Solo Venezuela, Brasil y Perú superan a Argentina, con 83,8, 67,5 y 66,7 puntos, respectivamente. Sin embargo, el lector debe tener cuidado con las cifras reportadas ya que muchas víctimas no reportan crímenes debido a la escasa confianza en los agentes de la ley.
Para Morales, tanto si estás en una zona rica como en un barrio popular de Rosario —que tiene la tasa de homicidios más alta del país—, “no hay zonas seguras en la ciudad”. Morales sufrió un robo fue “justo al lado de un hotel de cinco estrellas, en una zona muy rica”.
Ella sostiene que la situación en Rosario —y en otras zonas del país donde la inseguridad es pan de cada día como el AMBA— es frustrante porque “uno siente que no pudo hacer nada para evitar que lo asalten porque el ladrón te amenaza con un cuchillo o una pistola”.
Por otro lado, cree que los asesinatos y los enfrentamientos violentos entre bandas tienden a producirse en los barrios marginales. “Estos [ataques violentos] pueden ocurrir en zonas ricas, pero son más comunes en barrios marginales como Zona Sur”.
Los índices de criminalidad, sin embargo, varían entre las distintas provincias argentinas. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, la provincia más meridional, según los últimos datos oficiales disponibles, se produjeron tres asesinatos en 2021. Mientras tanto, en la provincia de Santa Fe se produjeron 336 asesinatos en el mismo año.
La propia Morales ha percibido la diferencia de criminalidad y confianza interpersonal en varias provincias: “Todavía hay oasis en Argentina donde la inseguridad ni siquiera es un problema”.
La inseguridad golpea a negocios locales
Los tres entrevistados coinciden en que el repunte de la delincuencia afecta sobre todo a particulares, pero la extorsión a residencias privadas y pequeños negocios se está convirtiendo en una práctica habitual, especialmente en las zonas y ciudades más peligrosas como Rosario o el AMBA. Si los individuos o los negocios se niegan a pagar las cuotas que solicitan los delincuentes, estos disparan contra las residencias o negocios de las personas.
Uno de los primeros casos famosos de extorsión en Argentina se remonta a 2021. Por aquel entonces, el delincuente Gastón Galante se hizo pasar por miembro de la banda de los Monos y familiar del líder de la banda, Ariel Cantero, en Rosario para pedir 10.000 pesos argentinos (actualmente $30 pero, en aquella época, equivalía a unos $100). A cambio, Galante prometía “proteger” los negocios.
Probablemente la notoriedad del caso no ayusó ya que los casos de extorsión se han proliferado.
En enero, el medio de comunicación local A24 de Rosario reveló un video de la cámara de vigilancia de una tienda de comestibles. Después de comprar un cigarrillo, un hombre entregó un mensaje, supuestamente de una banda local: “Ellos [los miembros de la banda] están cobrando a las tiendas de comestibles de esta zona 3.000 pesos al día. … Tengo que llevarles el dinero. Es por su propio bien”.
En ese mismo mes, tras denunciarse múltiples casos de extorsión a comercios locales en la ciudad, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo en conferencia de prensa: “Nosotros [los ciudadanos] somos prisioneros de la industria de la extorsión”. Javkin agregó que “el 95% de los delitos de extorsión provenían de llamadas telefónicas en cárceles regionales”.
Esto concuerda con la experiencia de Javier Beltramone. Él le dijo al Impunity Observer que muchos delitos provenían de llamadas en prisión, lo que es “una consecuencia de permitir a los delincuentes usar teléfonos móviles en las cárceles”.
Durante la pandemia de COVID-19, el Tribunal de Justicia de Buenos Aires aprobó el uso de teléfonos móviles por parte de los presos como una disposición extraordinaria que les permitía compartir más tiempo con sus seres queridos. Si bien esto comenzó como una medida restringida a las cárceles de Buenos Aires, otras provincias replicaron la medida, y pronto se convirtió en una práctica común en todas las cárceles del país. Para Javier, los celulares son “herramientas casi tan poderosas como las computadoras”, cuando se utilizan en las cárceles, porque pueden enviar fácilmente un mensaje o hacer una llamada a sus operadores para cometer cualquier delito contra personas o empresas específicas.
Cómo ha influido la inseguridad en los discursos de los candidatos presidenciales
Tanto Facundo como Javier Beltramone coinciden con los resultados de la encuesta de Opinaia sobre que la preocupación de los ciudadanos por la inseguridad. Para ellos, la crisis económica es, con diferencia, la principal preocupación de los argentinos, pero la inseguridad ha llegado rápidamente al segundo puesto.
Facundo dijo al Impunity Observer que los tres candidatos que encabezan la carrera presidencial para octubre —Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa— están presentando un enfoque de mano dura contra los delincuentes durante sus campañas electorales.
A cuatro días de las elecciones primarias, la crisis de inseguridad se hizo más visible luego de que dos ladrones golpearan en la nuca a una niña de 11 años para robarle el celular, lo que resultó en su vida. Sucedió en Lanús, en el AMBA. Los candidatos presidenciales repudiaron este crimen en declaraciones públicas; Patricia Bullrich incluso canceló su agenda en Lanús para los próximos días. Los familiares y vecinos del chico salieron a la calle a pedir justicia.
Milei —junto a su candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel— ha declarado en múltiples ocasiones que planea permitir el porte legal de armas: “Esta medida elevará los costos para cualquiera que siquiera piense en cometer un delito”. Para él, los delincuentes tienen ventaja sobre los ciudadanos honrados porque estos últimos son los únicos que no portan armas.
Además, el plan de gobierno de Milei cuenta con 16 estrategias para combatir la creciente inseguridad. Entre ellas figuran la militarización de las prisiones, la prohibición de entrada a extranjeros con antecedentes penales y el uso de recursos humanos y económicos militares en todo el país.
En septiembre, Bullrich —que fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)— visitó las zonas más peligrosas de Rosario y el AMBA. Durante su visita, Bullrich reveló una de sus propuestas para mejorar la situación de inseguridad del país, la construcción de una presión de máxima seguridad en la que los presos no tendrían comunicación con el exterior: “Trasladaré a los jefes de bandas y narcotraficantes encarcelados a esta nueva prisión”.
El 23 de septiembre, durante la inauguración de un centro de comando de operaciones policiales en Rosario, el candidato del peronismo Massa —actual ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández— dijo que la seguridad sería una prioridad si ganaba en octubre. Además, en las elecciones presidenciales de 2015, Massa —que se presentó con su propio partido, el Frente Renovador, aliado del peronismo— prometió militarizar los barrios populares del AMBA para hacer frente a la presencia de narcos en la zona.
Quienquiera que gane las elecciones presidenciales en Argentina se enfrentará, además de a la perpetua crisis económica, a la crisis de inseguridad. Esta última se ha convertido en un tema que preocupa a los ciudadanos incluso más que la corrupción, según las últimas encuestas, y se ha evidenciado con los últimos ataques de ciudadanos a presuntos criminales. Además, el aumento de la inseguridad ha empezado a afectar directamente a los pequeños comercios locales, porque las bandas y los narcos los extorsionan, sobre todo en algunas zonas de la provincia de Santa Fe y el AMBA.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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