Las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), que nacieron como un régimen innovador para Honduras, han cavado su propia tumba. Inspiradas en la visión del Nobel de Economía Paul Romer, las ZEDE prometían impulsar la inversión, la empresarialidad y la creación de empleos.
No obstante, las ZEDE han llegado a su fin de la mano del actual gobierno socialista. Bajo la narrativa de que “las ZEDE son un atentado en contra de la soberanía nacional”, la presidente izquierdista Xiomara Castro solicitó su supresión y, en abril de 2022, el Congreso las derogó. Posteriormente, el 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema declaró inconstitucional con efectos retroactivos la Ley Orgánica de las ZEDE y las reformas constitucionales asociadas, argumentando que “violan artículos pétreos de la Constitución”.
Cuando el Congreso se pronunció en contra de las ZEDE, Impunity Observer reportó sobre su origen, evolución, logros y riesgos. Los efectos adversos eran claros: menos inversión y empleo, más emigración e indemnizaciones millonarias por arbitraje internacional. Un actuario estadounidense estimó que el costo de las consecuencias legales rondaría los $10 mil millones, más de 10 veces la inversión extranjera directa anual de Honduras.
La derogatoria de las ZEDE deja sin efecto una de las políticas públicas con mayor potencial de desarrollo económico para Honduras. En 2022, conversé con jóvenes hondureñas talentosas que lideraban los capítulos nacionales de Eslibertad y Ladies of Liberty Alliance. Ellas habían encontrado un motivo para quedarse en Honduras con las ZEDE. Si la decisión de Castro de derogarlas avanzaba, ellas no dudarían en salir.
1. La innovación política requiere pragmatismo y menos componente ideológico.
Los gobiernos de Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernandez (2014-2022), hoy preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, impulsaron las ZEDE. Los dos gobiernos tenían una visión favorable al capital privado, aunque con un tinte clientelista.
Pese a ello, varios académicos internacionales de renombre, incluyendo a Romer, respaldaron la iniciativa. En 2013, se aprobó la ley para la creación de las ZEDE, pero no fue hasta 2020 que estas empezaron a operar por algunas controversias. En 2014, por ejemplo, Romer— principal consejero de las ZEDE en aquel entonces— se alejó y, en 2017, la comunidad costera de Amapala se resistió a órdenes de desalojo del gobierno para el desarrollo de una ZEDE en la zona.
Desde sus inicios, la existencia de las ZEDE colgaba de un hilo, con una pronunciada preocupación desde la oposición en torno a la soberanía nacional. Esto, pese a que existían ciudades empresa operativas en Honduras, como Green Valley, que demostraban el potencial de desarrollo y oportunidades que podían tener las ZEDE en el país.
Si las ZEDE hubiesen tenido un blindaje constitucional más robusto y una fuerza de apoyo más cohesiva, quizá hubiesen corrido con mejor suerte. Sin embargo, lo cierto es que las iniciativas que se salen de la caja para buscar soluciones alternativas desafiando el statu quo tienen un mayor riesgo de fracasar en naciones con débil institucionalidad política.
2. Las instituciones frágiles difícilmente impulsan desarrollo a largo plazo.
Las naciones en desarrollo, como Honduras, tienen instituciones políticas débiles. Las necesidades no atendidas en estos países reducen la aprobación y confianza por parte de la ciudadanía hacia las autoridades e instituciones, y esto se traduce en inestabilidad política.
Mientras que las instituciones políticas toman años, e incluso décadas, en estabilizarse, las necesidades suelen requerir acción inmediata. En América Latina, la falta de seguridad jurídica (un claro ejemplo de una institución política débil) impide el crecimiento del sector privado y la inversión extranjera, por lo que los ciudadanos acuden al gobierno por soluciones inmediatas.
En consecuencia, los gobiernos generan una serie de políticas a corto plazo, con soluciones parche que contentan a la población. Esto es particularmente cierto, si se aproxima una elección nacional o local, pues se vuelve parte del accionar populista para ganar votos. Como resultado, los ciudadanos esperan soluciones inmediatas y se vuelven tolerantes a la constante intervención estatal.
3. La identidad nacional latinoamericana está nocivamente arraigada al arrebato.
Junto con la reciente suspensión de la mina Cobre Panamá, la derogatoria de las ZEDE es una más de las decisiones que se toman en América Latina “a favor de los intereses nacionales”. Esto es parte de la estrategia socialista del marxismo cultural, que ha despertado el nacionalismo en la población a través de la indignación. En lugar de aceptar la historia y continuar, la izquierda ha reforzado la narrativa de una conquista violenta que suprimió las tradiciones indígenas.
Alrededor de esta corriente, los movimientos de izquierda han construido discursos en contra de cualquier tipo de acción que se asemeje a la “conquista violenta”. El capitalismo, particularmente con capital proveniente de Estados Unidos y otras potencias occidentales, es interpretado como una amenaza que buscará imponer sus estilos de vida, explotar y lucrar los recursos locales, incluida la fuerza de trabajo.
Esto, sin embargo, no es nada más que su estrategia para ganar aprobación y justificar el proteccionismo. Irónicamente, aquellos que claman defender los recursos naturales son quienes los explotan para sus propios fines. A diferencia de los inversores extranjeros, los gobiernos que simpatizan con el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, se enfocan en institucionalizar la corrupción y direccionar las inversiones a sus socios: China, Rusia e Irán. El crecimiento económico genuino—creación de negocios, empleo y riqueza—son secundarios.
Las ZEDE son un ejemplo claro de que promover cambios estructurales y oportunidades innovadoras de desarrollo desde la libre empresa es un desafío enorme en la región. Los movimientos de izquierda han logrado enquistarse en las instituciones y los distintos poderes del Estado para hacer que los sistemas políticos trabajen para ellos, y no para el pueblo.
Honduras, como la gran parte de América Latina, necesita que sus electores elijan líderes que promuevan el estado de derecho e impulsen decisiones que fortalezcan las instituciones políticas y democráticas. Mientras tanto, el sector privado también debe presionar a los gobernantes e impulsar iniciativas que brinden oportunidades a todos y evitar acuerdos clientelistas—lo que muchas veces los latinoamericanos confunden con libre empresa y capitalismo. Promover el desarrollo a largo plazo requiere instituciones fuertes, liderazgo vanguardista, y la valentía para implementar políticas que desafíen el statu quo.
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