El 16 de agosto de 2025, miles de hondureños —incluyendo organizaciones civiles, líderes comunitarios y activistas— participaron en la Caminata por la Paz y la Democracia. La marcha, convocada en Tegucigalpa y replicada en varias ciudades del país, surgió como respuesta a la inestabilidad institucional en el Consejo Nacional Electoral a pocos meses de las elecciones generales de noviembre.
Con esto, los hondureños han demostrado que son conscientes de los derechos democráticos y su relevancia. Sin embargo, más que un acontecimiento coyuntural, esta manifestación pone en evidencia que Honduras no quiere repetir la tragedia de países que sucumbieron al autoritarismo disfrazado de “socialismo del siglo XXI”. Es deber, entonces, de los defensores de la libertad y la democracia impulsar esfuerzos para que quienes buscan imponer este modelo en el país no se perpetúen en el poder.
El socialismo del siglo XXI genera miseria
Durante más de dos décadas, esta ideología ha debilitado las instituciones y economías de la región. Venezuela es el ejemplo más claro: inflación descontrolada, más de 7 millones de emigrantes y el colapso de servicios básicos. Nicaragua sigue la misma ruta, con elecciones fraudulentas y persecución a opositores.
En Bolivia, la reelección indefinida y la manipulación de la justicia consolidaron un régimen autoritario por más de 20 años. Hace poco, este modelo de gobierno dejó a los ciudadanos sin combustible por más de un mes. México, aunque distinto en contexto, muestra síntomas preocupantes: concentración de poder en el Ejecutivo, militarización y debilitamiento de contrapesos institucionales.
El socialismo no genera bienestar, sino pobreza y dependencia. Bajo la promesa de “justicia social”, restringe libertades civiles, castiga la inversión privada y convierte al Estado en árbitro absoluto de la vida económica y política.
La violación de libertades individuales —sea en forma de inseguridad personal, inseguridad jurídica o control económico— produce desempleo, informalidad y emigración masiva. Millones de latinoamericanos han huido de estos sistemas fallidos en busca de oportunidades y respeto a sus derechos fundamentales.
Los hechos lo demuestran: Venezuela encarna la mayor crisis migratoria de la región, en Nicaragua crece el exilio político, y en México la inseguridad y la salida de capitales aumenta.
El panorama no es tan distinto en Honduras. Nuestro éxodo migratorio supera el millón de personas y solo en 2024, cerca de 370,000 personas dejaron el país. Además, la plataforma digital de asesoría financiera HelloSafe recientemente publicó un Índice de Prosperidad Mundial, en el que ubica a Honduras como el país menos próspero de Centro América. El índice evalúa el desempeño de cada nación de acuerdo con el PIB per cápita, la renta nacional bruta per cápita y el índice de Desarrollo Humano. Este último incluye indicadores sociales como acceso a salud y educación que permite determinar la calidad de vida de los ciudadanos.
Defensores de la libertad
Frente a este panorama, la región también cuenta con referentes que encarnan la resistencia democrática. En Venezuela, María Corina Machado mantiene viva la lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro. En Honduras, el candidato presidencial Salvador Nasralla ha denunciado la falta de transparencia electoral y defiende la alternancia democrática.
Otros líderes —como el candidato presidencial en Colombia Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un ataque por fines políticos el 7 de junio y falleció el 11 de agosto tras permanecer en cuidados intensivos— recuerdan que la defensa de la libertad en América Latina tiene un costo alto. A Uribe, quien contaba con un gran potencial para enfrentar a los que desean perpetuarse en el poder, le costó la vida.
Sin embargo, lo cierto es que es justamente en estos momentos en los que no se puede desfallecer. Honduras se enfrenta a unas elecciones críticas, donde algunas irregularidades y las intenciones de manipulación ya han saltado a la luz, pero no hemos perdido la batalla. Al alzar la voz contra las dictaduras, hemos avivado la lucha por la libertad, un principio no intercambiable y no sujeto a negociación.
Este artículo se publicó originalmente en Diario El País.
