El 7 de octubre, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), exhortó a la ciudadanía a participar en las elecciones del 30 de noviembre: “Honduras atraviesa un momento decisivo, lleno de retos, y solo una participación masiva, responsable e informada puede fortalecer nuestras instituciones y alejarnos del miedo al fraude”.
Fortalecer los marcos institucionales es el principal reto para El Salvador, Guatemala y Honduras —juntos, el Triángulo Norte (TN)—. Identificar los factores que debilitan las instituciones y generar acciones conjuntas les permitiría cumplir con su misión.
El concepto del TN surgió en los 2000 como parte de un acuerdo comercial con México y una iniciativa para enfrentar desafíos comunes: pobreza, migración, violencia y crimen organizado. Pese a su volátil popularidad, la idea ha sido beneficiarse de la cooperación regional y las estrategias conjuntas, así como convertirse en receptor de ayuda internacional.
Aquello, sin embargo, ha sido más fácil decirlo que ejecutarlo. El Índice de Calidad Institucional 2025 de RELIAL, que evalúa las instituciones que sostienen la libertad en 181 países, ubica a Guatemala en la posición 100, a El Salvador en la 112 y a Honduras en la 136. ¿Qué es lo causa tal debilitamiento de las instituciones?
- Falta de separación de poderes
Una frágil o inexistente separación de poderes conllevan conflictividad política, interferencia externa y debilitamiento de las instituciones estatales. Un ejemplo de ello fue en Honduras la elección del presidente del Congreso Nacional en enero del 2022. El Ejecutivo y los demás representantes del bloque oficialista se plantaron en los bajos del Congreso para exigir la elección del ahora presidente del Congreso, Luis Redondo.
- Corrupción generalizada
La persistente deshonestidad y trampa en los sectores público y privado socava la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones. Para combatir la corrupción, Guatemala instaló en 2007 la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), mediante un acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Aunque su objetivo era fortalecer la capacidad institucional, los escándalos de corrupción han persistido durante y después de la existencia de la Cicig.
- Débiles políticas de gobernanza
Funciones fundamentales del Estado, como resguardar la seguridad, han fracasado debido a la carencia de marcos legales sólidos y de implementación efectiva de políticas que promuevan la transparencia y el imperio de la ley. En consecuencia, tanto locales como extranjeros pierden la confianza en estas jurisdicciones
El TN se mantiene como una de las regiones más mortíferas del mundo, incluso con tasas de homicidio que superan a zonas de guerra. Para abordar retos estructurales es fundamental priorizar políticas de Estado diseñadas para el largo plazo con reglas claras que perduren.
- Una justicia comprometida
La falta de independencia, eficiencia y recursos en el sistema judicial ha minado la confianza en la imparcialidad de los entes encargados de hacer cumplir la ley. Aunque el plan Bukele de El Salvador —diseñado para contrarrestar la violencia del crimen organizado— ha sido aplaudido por algunos sectores, incluido el gobierno de Donald Trump, organismos defensores de derechos humanos lo han criticado por su tendencia autoritaria y censura. Una prueba de ello fue la reforma constitucional que el Congreso salvadoreño aprobó, sin adherirse al debido proceso, para facultar reelección indefinida, extender el periodo presidencial de cinco a seis años y eliminar la segunda vuelta.
- Baja participación ciudadana
Cuando la sociedad civil no participa ni ejerce vigilancia, la impunidad y la falta de rendición de cuentas afloran. Los políticos no van a fortalecer las instituciones sin presión. Es fundamental que los ciudadanos se involucren más allá de las elecciones y exijan la correcta representatividad.
Los países del TN deben profundizar su trabajo conjunto contra la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. Unas instituciones más fuertes impulsarían la prosperidad económica y evitarían la emigración masiva. Para ello, se requiere un enfoque integral, a largo plazo e innovador, basado en un compromiso firme por parte de los líderes políticos, la sociedad civil y la comunidad internacional.
Este artículo se publicó originalmente en Diario El País.
