Pandillas declaradas terroristas, como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), controlan el sistema penitenciario en Guatemala. Esto tiene implicaciones claras para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Las recientes fugas, tomas de prisiones y la ejecución de agentes policiales dejan en evidencia la incapacidad del Estado guatemalteco para imponer la ley y el orden. Esto es resultado de décadas de subordinar al primer imperativo de todo gobierno —establecer el orden público mediante el uso legítimo de la fuerza— a una agenda de derechos humanos. Dicha agenda prioriza los derechos de los infractores por encima de los de los ciudadanos inocentes y de los deberes juramentados de funcionarios debidamente electos y designados.
El “Corolario Trump”, anunciado en la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS), convierte la seguridad interna en una prioridad regional, redefiniendo la migración masiva y a los cárteles de la droga como amenazas directas a la seguridad del territorio estadounidense. La NSS justifica la acción militar de Estados Unidos dentro del hemisferio para enfrentar esas amenazas. Bajo esta estrategia, Estados Unidos trabajará con “campeones regionales”, socios afines como Argentina bajo Javier Milei y Chile bajo José Kast, para hacer cumplir las prioridades estadounidenses.
La administración de Donald Trump haría bien en priorizar también su relación estratégica con Guatemala. Guatemala, el país más grande en términos de PIB y población del istmo centroamericano, tiene una frontera de 870 km con México. Eso hace que las rutas del narcotráfico y la migración sean más fáciles de controlar que en la frontera entre Estados Unidos y México, que es aproximadamente 480 km más larga.
El 22 de enero, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo se reunió para tratar intereses mutuos importantes con una delegación de alto nivel de seguridad de Estados Unidos del Departamento de Guerra. La delegación fue encabezada por Patrick Weaver, asesor principal del secretario de Guerra, y Joseph Humire, secretario asistente interino de Guerra para la Defensa del Territorio Nacional y las Américas.
Lamentablemente, noticias recientes desde Guatemala ponen en duda las credenciales del país como socio regional, peor aún como “campeón” para promover los intereses de seguridad de Estados Unidos. Los altos funcionarios visitantes del Congreso de Estados Unidos y del Departamento de Guerra bien podrían tomar en cuenta estas noticias sobre la inseguridad en el sistema penitenciario guatemalteco.
No sería ninguna sorpresa. En Guatemala, los reclusos controlan las cárceles. El 17 de enero, internos afiliados a Barrio 18 tomaron el control de tres prisiones, reteniendo como rehenes a 46 guardias y personal para exigir mejores condiciones y traslados para sus líderes. Cabe destacar que estas tomas ocurrieron un día después de que el senador Mike Lee (R-UT) publicara en X sobre su presencia en Guatemala como parte de una delegación congresional de 14 miembros que se reunió con líderes empresariales de alto nivel.
Las fuerzas de seguridad recuperaron el control de las prisiones el 18 de enero, pero pandillas controladas por internos respondieron asesinando (hasta la fecha) a 10 agentes de policía en ataques coordinados y separados. En respuesta, Arévalo declaró un estado de sitio nacional por 30 días, similar a la ley marcial, y desplegó al Ejército para combatir a las pandillas terroristas.
Este episodio sigue a una serie de desafíos para el gobierno guatemalteco a la hora de controlar organizaciones criminales poderosas que dominan el sistema penitenciario. En agosto de 2025, Guatemala vivió una ola significativa de disturbios carcelarios cuando miembros de Barrio 18 y MS-13 orquestaron motines en un centro de detención juvenil, tomando rehenes en represalia por el traslado de líderes de pandillas a instalaciones de máxima seguridad. No debe engañar el término “juvenil”, pues las pandillas más poderosas dependen de jóvenes violentos para sus operaciones.
Al mes siguiente,el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Barrio 18 como organización terrorista extranjera. Guatemala siguió la misma línea en octubre, aprobando una ley antipandillas que etiquetó oficialmente a Barrio 18 y a su rival MS-13 como grupos terroristas, incrementó las penas para sus miembros y ordenó la creación de una nueva prisión de máxima seguridad.
Las tensiones se intensificaron aún más en octubre de 2025 cuando numerosos líderes de alto rango de Barrio 18 escaparon de la prisión Fraijanes II, exponiendo una profunda corrupción y fallas graves de seguridad en el sistema penitenciario guatemalteco. Medios locales han reportado que los fugados recibían trato preferencial dentro de la cárcel. Las fallas eran imposibles de negar: muchos fugados tenían tatuajes en el rostro, y uno incluso tenía una pierna amputada.
Tras cierta demora, Arévalo finalmente aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, junto con la de dos de sus viceministros, en medio de una fuerte presión política. Posteriormente, Jiménez huyó del país. Un fugado que fue recapturado ha declarado que Jiménez y el exdirector de la prisión tenían conocimiento previo del plan de fuga.
Esta secuencia de hechos evidencia la lucha de Guatemala contra poderosas pandillas callejeras terroristas (véase aquí, aquí y aquí) arraigadas en la corrupción y en una infraestructura penitenciaria deficiente.
Lo peor es que Estados Unidos ha estado directamente involucrado durante muchos años en la estructuración y reforma del sistema penitenciario guatemalteco (véase aquí, aquí y aquí). En materia de prisiones guatemaltecas, el trabajo de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) ha sido un fracaso notable con el paso de los años.
Hay un factor común a través de distintas administraciones: el desempeño de Todd Robinson, exembajador de Estados Unidos en Guatemala. Dejó ese cargo para convertirse en encargado de negocios en Venezuela (en lugar de un embajador formal) y luego en secretario asistente del INL.
En el INL, Robinson fue responsable de supervisar los esfuerzos internacionales de control de narcóticos y de aplicación de la ley en América Latina. Que las prisiones guatemaltecas hayan permanecido bajo el control de pandillas terroristas durante su gestión dice mucho sobre los errores de los diplomáticos estadounidenses en la región.
Quienes implementen la nueva NSS de Estados Unidos deben corregir estos problemas.
