La mañana del 17 de octubre de 2026, Juan Francisco Solórzano Foppa fue baleado y asesinado mientras entrenaba al equipo de fútbol de su hijo en un complejo deportivo de Ciudad de Guatemala.
Foppa era un abogado guatemalteco de 43 años, exfiscal y ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la autoridad tributaria de Guatemala. Foppa provenía de una familia marcada por la guerra civil del país. Era nieto de Alaíde Foppa, poeta, feminista y activista de izquierda radical que fue desaparecida en 1980, e hijo de un guerrillero conocido como comandante Camilo, que murió durante la guerra civil de inspiración marxista.
Ese contexto importa. Foppa fue asesinado a plena luz del día, una mañana de fin de semana, en un complejo de propiedad pública rodeado de viviendas del ejército guatemalteco. El lugar se encontraba a tan solo unas manzanas de una importante base militar guatemalteca. Un segundo hombre, Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, murió en el ataque y las autoridades lo han descrito como una víctima colateral.
Hasta donde se sabe por los últimos informes, los investigadores aún no han establecido el móvil del crimen. El presidente Bernardo Arévalo ha ordenado a su administración coordinarse con las autoridades para que tanto los autores materiales como quienes hayan ordenado el asesinato afronten todo el peso de la ley.
El asesinato de Foppa es motivo de preocupación para cualquier persona interesada en la situación política de Guatemala. En los días inmediatamente anteriores a su muerte, sus últimas denuncias públicas se centraron en los violentos acontecimientos ocurridos en Huité, Zacapa, a finales de septiembre de 2026. Murieron varias personas y abundan las acusaciones no verificadas de que los asesinatos de Huité fueron perpetrados por el Gobierno guatemalteco en coordinación con el Gobierno estadounidense.
Hacia el 15 o 16 de octubre, Foppa publicó un video en X en el que expuso su conclusión de que el episodio había sido “una incursión de mercenarios de la CIA, respaldada por el Gobierno guatemalteco y planificada desde bases militares estadounidenses en Honduras”.
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Estas afirmaciones no han sido corroboradas por investigaciones oficiales. La embajada estadounidense y las autoridades guatemaltecas han rechazado las acusaciones de participación de Estados Unidos. Anteriormente, Foppa había publicado comentarios sobre la actividad de las pandillas, presuntos pactos político-criminales y otros casos de gran repercusión pública.
Descargo de responsabilidad general: estas posturas se exponen como parte del registro público de su activismo. Este artículo no las respalda ni las considera hechos demostrados.
Descargo de responsabilidad personal: escribo como analista independiente en Guatemala que consideraba a Foppa un amigo personal. Esta amistad privada existía a pesar de que Foppa y yo nos situábamos en extremos opuestos del espectro político. Ese desacuerdo nunca borró el respeto mutuo. La violencia que acabó con su vida es inaceptable, independientemente de las diferencias de opinión política mencionadas.
Foppa siempre fue un activista político de izquierda y un declarado crítico de la situación política de Guatemala. Algunos de sus objetivos y métodos podrían considerarse excesivos. Sin embargo, esa valoración es irrelevante frente al principio fundamental de que la violencia perpetrada o amenazada contra los ciudadanos guatemaltecos es intolerable. La investigación del asesinato de Foppa debe esclarecer los hechos, y debe hacerlo con prontitud.
Es responsabilidad del actual Gobierno de Guatemala investigar y resolver este caso de inmediato. El Gobierno de Estados Unidos debe hacer todo lo que esté a su alcance para presionar al Gobierno guatemalteco y garantizar que así sea.
Lo que debe rechazarse es el clima de violencia que continúa cobrándose vidas en Guatemala. Ese clima ha afectado durante mucho tiempo a los ciudadanos guatemaltecos, independientemente de sus posiciones políticas, ya sean de derecha o de izquierda. En las últimas décadas, políticos locales, alcaldes y candidatos vinculados a partidos de todo el espectro político han sido objeto de ataques armados, en los que se han documentado múltiples muertes.
Dicho esto, todavía no se sabe con certeza si el asesinato de Foppa tuvo motivaciones políticas. Aun así, corresponde al Departamento de Estado de los Estados Unidos exigir información completa y el esclarecimiento de este vil y cobarde asesinato. El Departamento de Estado afirma promover la democracia republicana, el Estado de derecho y el orden en la región. No puede eludir la condena del asesinato de Foppa en los términos más enérgicos.
El asesinato de Foppa también debe ser condenado por los representantes del Congreso estadounidense de todas las tendencias políticas. Fortalecer el Estado de derecho en países en desarrollo como Guatemala es el único camino aceptable. Ningún guatemalteco —de izquierda, de derecha o independiente— debería temer ser ejecutado por participar en la vida pública.
Un modelo geopolítico que priorice a las Américas debe tener este principio como pilar de su diplomacia, si Estados Unidos pretende conservar alguna credibilidad en Centroamérica y en el hemisferio occidental en general.
