Mientras denunciaba un supuesto fraude electoral, el senador brasileño Flávio Bolsonaro abandonó el país y huyó a Estados Unidos. Lo hizo pocas horas después de perder la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva, pese a haber obtenido una cómoda ventaja en la primera vuelta. Al siguiente día de la elección, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenó retener el pasaporte de Bolsonaro y le prohibió salir de Brasil, aunque sin éxito. La medida se habría tomado en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales, en la que Bolsonaro niega haber cometido irregularidades.
Tanto la decisión de Bolsonaro de abandonar Brasil como su negativa a aceptar la derrota plantean interrogantes sobre su compromiso democrático. Sin embargo, el problema de fondo es la creciente politización de la justicia brasileña y el hecho de que las instituciones se han convertido en instrumentos de represalia contra quienes desafían al poder establecido.
En este contexto, el exilio funciona como una garantía de protección frente a posibles abusos judiciales. No obstante, al alejar del país a una figura capaz de cohesionar a la oposición brasileña, debilita a las fuerzas que podrían disputarle el poder al oficialismo. Lo que representa una salida individual frente a posibles abusos de poder se convierte, en la práctica, en una victoria política para quienes controlan las instituciones, erosionándolas aún más.
CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷 28.10.26 https://t.co/QqOGZuF8G0
— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026
Un balotaje marcado por las ventajas del oficialismo
Algunas de las políticas adoptadas durante la campaña alimentaron las críticas sobre el uso de recursos públicos con fines electorales. El Gobierno incrementó en un 15% las transferencias del programa Bolsa Família, impulsó medidas de alivio para los microempresarios y promovió una propuesta de transporte público gratuito durante los fines de semana. También anunció transferencias de hasta 5.000 reales (US$910) para pequeños negocios, con el objetivo de beneficiar a un millón de emprendedores a partir de 2027. Se estima que estas medidas en conjunto representan el 2% del PIB: un presupuesto de campaña nada despreciable.
Además, el día de la segunda vuelta, el juez del STF Cristiano Zanin —exabogado personal de Lula— ordenó extender la votación hasta las 19h00, ante denuncias de problemas en el transporte público. Después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) señalara que numerosas urnas ya habían cerrado, la orden se precisó para aplicarla únicamente a los colegios que continuaban abiertos. Aunque estos acontecimientos no son evidencia suficiente para demostrar fraude, Bolsonaro denunció una desigualdad de condiciones y anunció que impugnaría los resultados.
La principal figura de la colusión judicial
Moraes es una de las figuras más poderosas y controvertidas de la política brasileña. Por ejemplo, fue el relator de la causa penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (padre de Flávio), quien fue condenado en 2025 a 27 años y tres meses de prisión por su participación en una presunta trama para alterar los resultados electorales de 2022.
Moraes también apareció en documentos divulgados en el marco del caso Banco Master, un enorme esquema de fraude piramidal que involucra blanqueo de capitales procedentes de políticos corruptos y del mayor grupo criminal del país, Primeiro Comando da Capital. En particular, la Policía Federal reveló un contrato de alrededor de 131 millones de reales (US$24 millones) entre Banco Master y el bufete de Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado.
Moraes fue nombrado miembro del Supremo en 2017 por el entonces presidente de centroderecha Michel Temer y había ocupado previamente cargos vinculados a esa corriente política. Hoy, el movimiento conservador brasileño lo percibe como un adversario político alineado con el oficialismo. Esta evolución ilustra por qué el problema no puede reducirse únicamente a las etiquetas ideológicas. La cuestión central es si quienes ejercen el poder judicial actúan con imparcialidad y están sujetos a controles efectivos.
The center of the Brazil story is not Flavio Bolsonaro but rather Alexandre de Moraes, who has utterly destroyed the credibility of the Brazilian justice system and its democracy through years of escalating persecution against critics, dissidents and political opponents, all while the Brazilian left celebrated him for doing it. That’s why countries now routinely reject Brazil’s extradition requests in Moraes’ cases, and why international media has continuously warned of Brazilian authoritarianism as a result of the censorship and imprisonment regime that the Brazilian left built with Moraes as its leader. (And all of that is separate from the massive corruption scandal he’s at the middle of, where his family received $40 million from the corrupt billionaire who caused Brazil’s largest-ever banking collapse). If you don’t start your "reporting" about the Bolsonaro/US case by emphasizing that it was Moraes who ordered Bolsonaro’s passport seized and banned him from leaving the country — as an obvious prelude to arresting him even though he’s been charged with no crimes — then there’s no way to understand what happened here let alone explain to readers and viewers why Flavio Bolsonaro would never have gotten anything remotely resembling a fair trial.
— Glenn Greenwald (@ggreenwald) October 29, 2026
Las elecciones como pretexto para la censura
Una vez proclamado ganador, Lula prometió regular las redes sociales, alegando supuestas interferencias en el proceso electoral. En 2024, Moraes ya había ordenado suspender X en Brasil tras una disputa por el cumplimiento de resoluciones judiciales, incluidas órdenes de retirar contenidos y designar un representante legal.
La plataforma volvió a operar 39 días después de cumplir las exigencias judiciales y pagar multas. Aunque los tribunales deben poder hacer cumplir la ley, las órdenes de retirada de contenidos y los bloqueos de plataformas exigen criterios claros, proporcionalidad y mecanismos efectivos de apelación.
No toda investigación contra un dirigente constituye persecución política, del mismo modo que denunciar una conspiración no convierte a un acusado en inocente. Por eso son indispensables las garantías procesales, la independencia judicial y la posibilidad de impugnar decisiones arbitrarias.
La propia trayectoria de Lula demuestra la importancia de estas garantías. El Supremo anuló sus condenas por motivos técnicos, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que se habían vulnerado sus derechos procesales. Aunque esto no permite concluir que fuera inocente de todas las acusaciones investigadas, sí demuestra que el debido proceso importa.
Cuando la justicia se convierte en un instrumento de revancha política, las instituciones dejan de actuar como árbitros imparciales y pasan a inclinar la balanza en favor de quienes están en el poder. Los gobiernos pueden utilizarlas para neutralizar a sus adversarios, mientras la oposición y su electorado pierden confianza en las reglas democráticas y en los procesos electorales. El desenlace es una alternancia cada vez más conflictiva, una oposición debilitada y fragmentada, y unos contrapesos republicanos cada vez más debilitados. Brasil necesita urgentemente tribunales independientes, garantías procesales y límites efectivos al poder estatal.
