Hallazgos clave:
- El 27 de febrero de 2023, el presidente Gabriel Boric, mediante el decreto 78, desplegó a las fuerzas armadas en la regiones chilenas de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá, fronterizas con Perú y Bolivia.
- Con la militarización de las fronteras, la administración Boric pretende hacer frente a la creciente inseguridad en todo el país y la presencia del crimen organizado local y extranjero.
- La opinión pública permanece dividida sobre si la militarización de la frontera funcionará. Los políticos locales de las tres regiones afectadas se muestran escépticos ante la posibilidad de lograr un cambio real en la crisis migratoria y de inseguridad.
Contexto
Aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región, su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes creció de 3,6 en 2021 a 4,6 en 2022. Con esos datos y una notoria ola de violencia, Chile está enfrentando su peor crisis de seguridad en tres décadas.
Según la encuesta nacional del Centro de Estudios Políticos —uno de los centros de pensamiento más influyentes en la opinión pública del país— 60% de los chilenos considera a la criminalidad como su principal preocupación. Otras preocupaciones son la atención médica, las pensiones y la educación.
La inseguridad ha crecido con fuerza en las regiones del norte de Chile, comprendida por Arica y Parinacota, Antofagasta, y Tarapacá. En 2022, la tasa de homicidios en Tarapacá y Arica y Parinacota fue de 10,3 y 8,5 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.
Además, un comunicado de la Fiscalía chilena de marzo de 2022 reveló que una célula de la banda venezolana Tren de Aragua estaba operando en Colchane, una pequeña ciudad situada junto a la frontera con Bolivia en Tarapacá. La banda desarticulada estaba envuelta en tráfico de personas, narcotráfico, homicidios, extorsiones y secuestros.
El gobierno de Boric ha incrementado el control sobre las fronteras del norte de Chile como un primer paso para abordar la crisis de seguridad. Esta política está enfocada en contener la inmigración ilegal como una de las principales causas.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 1.5 millones de inmigrantes legales —más del 7% de la población— viven actualmente en el país. Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migración, estima la entrada de 50.000 inmigrantes ilegales anualmente, en su mayoría procedentes de Colombia, El Salvador, Haití y Venezuela.
La estrategia para confrontar la inmigración ilegal y los grupos irregulares
El 27 de febrero, el presidente Boric firmó el Decreto 78 para desplegar 600 militares en Antofagasta, Arica y Parinacota, y Tarapacá, situadas en la frontera con Bolivia y Perú. El decreto tiene una duración de 90 días, pero Boric puede prorrogar la medida por otros 90 días.
Con la publicación del Decreto Supremo N° 78, las Fuerzas Armadas han sido facultadas para 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐥𝐞𝐠𝐚𝐫𝐬𝐞 en las áreas de 𝐳𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐳𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬. #InfraestructuraCrítica #EjércitoEnAcción🇨🇱 @mindefchile @min_interior @COT_FT pic.twitter.com/lffwK54HK5
— Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) February 25, 2023
El objetivo manifiesto del Decreto 78 es “para que las Fuerzas Armadas protejan y resguarden la zona fronteriza chilena”. El decreto concede a los militares el permiso para llevar identificar, registrar y detener a las personas que entren a Chile mediante accesos ilegales. Lo mismo ocurre con los inmigrantes sorprendidos in fraganti cometiendo delitos.
Con este planteamiento, el gobierno pretende reducir la presencia e influencia de grupos irregulares, como el Tren de Aragua. Este controla múltiples accesos ilegales a través de Sudamérica, donde sus miembros extorsionan y secuestran a migrantes en situación de vulnerabilidad. Esto se ha convertido en un problema habitual para los migrantes que cruzan las fronteras septentrionales de Chile.
Para asegurarse de que los militares cumplan con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos al interactuar con los inmigrantes, el gobierno ordenó a Carabineros (la Policía Nacional) que los capaciten en “técnicas adecuadas”. Sin más detalles, la ministra de Seguridad, Carolina Tohá, afirmó que las Fuerzas Armadas podrán seguir haciendo uso de la fuerza.
El Gobierno de Boric ha culpado repetidamente a las anteriores administraciones de la actual crisis. En noviembre de 2022, Boric contestó que él estaba “tratando de arreglar la gran problemática migratoria que dejó el gobierno anterior”. En 2018, el expresidente chileno, Sebastián Piñera, explícitamente dio la bienvenida a los migrantes que escapaban de Venezuela. Sin embargo, tres años después la administración de Piñera expulsó inmigrantes ilegales procedentes de Colombia, Haití y Venezuela.
Antes que por culpa de grandes flujos migratorios, la evidencia sugiere que los grupos criminales se expanden debido a la falta de Estado de derecho e instituciones débiles. El Tren de Aragua, por ejemplo, multiplicó sus operaciones cuando Tareck El Aissami, gobernador de Aragua creó “zonas de paz”, donde la entrada de la policía local estaba prohibida. El Tren de Aragua luego tomó control de estas zonas, amenazando con matar a familias enteras si no abandonaban sus hogares.
Debate público: ¿Insuficiente o excesivo?
La militarización de las regiones del norte ha provocado un candente debate sobre si esta es una decisión apropiada. El congresista independiente Jaime Araya, por ejemplo, cree que es necesario implementar políticas aún más restrictivas para los migrantes y así abordar la creciente presencia de grupos irregulares y tasas de criminalidad.
El analista político chileno Juan Carvajal describe a la militarización como una medida “necesaria” debido a la creciente presencia de grupos irregulares, especialmente en el norte del país. Esta, cree él, es la problemática a abordar. Carvajal predice que “la presencia de militares disuadirá la migración ilegal y aumentará el número de migrantes que intenten cruzar de forma regular”.
En contraste, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, permanece con dudas sobre la medida. Él considera que la operación militar debe ir de la mano con cooperación y diplomacia en conjunto con otros países. Para él, el problema involucra también a otros países de la región.
Byron Duhalde, investigador de la Universidad de Santiago de Chile, dice que el deber de un militar es “proteger al país de amenazas o de conflictos armados. Sin embargo, una familia cruzando los Andes —muchas veces descalzos— no representa una amenaza para la seguridad nacional”.
Durante su campaña electoral, Boric se mostró en contra de utilizar a la militarización para abordar temas de seguridad. Sin embargo, sus bajas tasas de aprobación en 2022 obligaron a su administración a cambiar el curso. En Chile, los carabineros y el Ejército gozan de una aprobación de 73 y 67%, respectivamente, de acuerdo a una encuesta de CADEM de noviembre de 2022. Después de adoptar una posición más moderada y basada en la administración pública, la aprobación de Boric en febrero de 2023 subió de 24 a 36% de un mes para el otro.
Las oenegés se oponen a la militarización
Oenegés devotas a la migración y los derechos humanos, en general, se han mostrado escépticas con respecto al acercamiento de la administración de Boric para abordar la inmigración ilegal y la creciente inseguridad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), financiado con dinero de los contribuyentes, expresó su preocupación porque el decreto le da a los militares poderes de la policía, lo que de acuerdo con el instituto, puede llevar a abuso de poder.
En reacción al decreto 78, Constanza Valdez del INDH dijo que la organización envió una solicitud al ministro de defensa para que se hagan públicos los protocolos y armas que utilizarán los militares al realizar estas tareas adicionales.
La Red Nacional de Organizaciones para los Migrantes estableció que es “necesario promover políticas públicas que garanticen el respeto por los derechos de los migrantes”. La organización argumenta que los militares no deben criminalizar a los migrantes por intentar entrar al país, aunque cómo tomar control de las fronteras nacionales y fomentar la migración legal no queda claro.
La administración de Luis Arce en Bolivia, por otro lado, ha expresado su preocupación sobre si los pasos legales estarán listos con los más grandes flujos de migrantes. Además, esperan que el control de los militares genere tiempos de espera más largos para trabajadores legales de Bolivia como camioneros.
Debido a los grandes flujos de migrantes en las fronteras legales, grupos criminales han encontrado más víctimas para extorsionar y traficar. La administración de Boric está tratando de reducir el crimen, enfocándose en un mayor control de la migración ilegal y sus fronteras. Sin embargo, los resultados de las nuevas medidas de Boric permanecen inciertos y la opinión pública está notoriamente dividida entre aquellos a favor y los críticos de la militarización de la frontera norte de Chile.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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