El Departamento de Estado estadounidense (DOS) se posiciona como un promotor clave del desarrollo democrático en el exterior, pero la envoltura contradice al producto original. Una de las agencias más prominentes que usa el DOS para cumplir sus metas es USAID. El DOS ha puesto un gran énfasis en efectuar un cambio político en Centroamérica en años recientes, particularmente en Guatemala.
Guatemala es importante para Estados Unidos, no solo por la inmigración ilegal, sino también por su apoyo a políticas estadounidenses sobre Taiwán. Guatemala es el país más grande del mundo, en términos de PIB, población y gasto militar, que todavía apoya a Taiwán. Ni siquiera Estados Unidos puede decir lo mismo ya que no reconocemos oficialmente a Taiwán como un país independiente.
Uno pensaría que el DOS reconocería el valor estratégico como un aliado leal frente a la expansión de la China comunista en la región, pero uno estaría equivocado.
Desde 2001 hasta 2021, USAID desembolsó casi $2.800 millones en Guatemala. USAID gastó tanto en asuntos políticos bajo la categoría de democracia, derechos humanos y gobernanza (DDHG) como lo hizo en desarrollo económico, casi $500 millones en cada una.
En Guatemala, USAID está financiando el Proyecto de Gobernanza Electoral y Reformas (EGRP), con el valor de casi $17 millones por siete años, acabando en 2024. El supuesto objetivo del EGRP en Guatemala es fortalecer las instituciones y aumentar la voz de los ciudadanos y la responsabilidad en la política.
El EGRP prioriza la participación política de los discapacitados, la juventud, los indígenas y, por supuesto, la comunidad LGBT, enfocándose en el interior de Guatemala. Es dudoso que la mayoría de aquel segmento de la población siquiera sepa lo que es la agenda LGBT. Si supieran, es casi seguro que lo rechazarían.
¿Por qué los contribuyentes estadounidenses están pagando para promover una agenda divisoria en el exterior?
El sitio web de USAID proclama: “Nuestro personal y la cultura de USAID continúa sirviendo como un reflejo de los valores centrales estadounidenses”. Interferir en política doméstica en el exterior para promover una agenda LGBT radical, que tiene inclinaciones marxistas, no reflejan “valores centrales estadounidenses”.
El aliado de USAID para implementar el EGRP es el Consorcio para Elecciones y Fortalecimiento de Procesos Políticos (CEPPS). El CEPPS admite que se basa en la experticia del Instituto Nacional Democrático (NDI), entre otras organizaciones. El CEPPS también admite que opera para proveer a USAID y “otros donantes” la capacidad para brindar “la programación de democracia compleja, derechos y gobernanza (DDG)”.
Complejo es un adjetivo apropiado para describir el trabajo que involucra el imponer una agenda de política pública que los ciudadanos ciertamente rechazarían si supieran lo que sucede.
NDI menciona que es una organización no gubernamental y apartidista. Sin embargo, en su página de “aliados”, NDI agradece especialmente a agencias gubernamentales como USAID y el DOS por su apoyo, así como al CEPPS, que también está financiado por USAID. NDI menciona específicamente a CEPPS en su página de aliados, donde agradece a sus donantes.
NDI también agradece el apoyo de varios gobiernos e instituciones multilaterales financiadas por gobiernos. Estos incluyen varias agencias de Naciones Unidas y las organizaciones internacionales más corruptas y menos democráticas.
No solo que NDI recibe dinero directamente del Gobierno estadounidense a través del DOS y USAID, sino que también lo recibe su aliado de implementación de programa, el CEPPS. El rastro del dinero parece ir desde el Gobierno estadounidense a NDI, aliados de NDI, que también dan dinero de regreso y asistencia a NDI. ¿Esto es no gubernamental?
Este esquema de las supuestas oenegés, que están completamente unidas con el Gobierno, parece ser un modelo de negocios lucrativo y potente. Se alimenta de los fondos del Gobierno para, opacamente, promover una agenda radical que más que seguro sería rechazada democráticamente si se somete a la votación en la mayoría de países tercermundistas.
Las oenegés deben sincerarse sobre las agendas inspiradas en gobiernos, para lo que han sido contratadas con el fin de implementarlas.
NDI no acepta financiamiento de ciertas fuentes no gubernamentales. Una de las destacadas es la Federación de Profesores Estadounidenses (AFT), la organización radicalmente progresiva (woke) y antidemocrática que usó su poder político para negar a los niños su derecho a la educación de calidad durante los confinamientos por COVID-19, que la AFT apoyaba fervientemente.
Randi Weingarten, presidente de AFT, está tan agradecida con el Gobierno estadounidense que visitó Ucrania para apoyar la guerra proxy allí, cuando la política exterior no tiene nada que ver con su campo de responsabilidad. Bajo el mandato de Weingarten, la woke AFT también apoyó el adoctrinamiento de estudiantes menores de edad con ideologías radicales, divisorias racialmente y antidemocráticas —incluso en contra del consentimiento de sus padres y sin su conocimiento—.
Cualquier organización que pretenda promover la democracia no puede tener a Weingarten en su directiva.
Se pone peor. En la junta directiva de NDI se sientan personas como Stacey Abrams, Donna Brazile y Michael McFaul. Abrams es conocida como una negadora de las elecciones. Brazile es un interferidor de elecciones documentado, que admitió filtrar preguntas previas al debate de las primarias del Partido Demócrata de CNN a la campaña de Hillary Clinton durante la elección presidencial de 2016. McFaul es un conocido embaucador ante Rusia y anti-Trump, que intenta esconder con gusto reportes objetivos que documentan evidencia creíble de la corrupción épica de la familia de Biden.
Cualquier organización que supuestamente intenta promover la democracia también se alejaría de personajes deshonrosos como McFaul, Abrams y Brazile. NDI ha elegido no hacerlo. Asimismo, USAID no tiene porqué estar trabajando con organizaciones que violan los preceptos básicos de la democracia. Mientras USAID continúe haciéndolo, no tendrá legitimidad alguna para promover la democracia en países como Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas tienen la obligación de bloquear todos los desembolsos de USAID que estén orientados políticamente. Le estarían haciendo un favor a los contribuyentes estadounidenses.
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