El 20 de marzo de 2023, el dictador venezolano Nicolás Maduro aceptó la renuncia del ministro de Energía y Petróleo, Tareck El Aissami. El Aissami —por mucho tiempo aliado del régimen— es uno de las decenas de funcionarios que salieron del sector público debido a una trama de corrupción dentro de la compañía estatal de petróleo, PDVSA, que es la principal fuente de ingresos del régimen.
Maduro nunca ha mostrado interés por luchar contra la corrupción, menos aún dentro del régimen. Se está encargando de eliminar cabecillas que podrían desbancarlo en el corto plazo. El objetivo es asegurar su continuidad en el poder a través de una purga política. Hasta el 20 de abril, la Policía Nacional Anticorrupción había arrestado a 80 personas, incluyendo altos funcionarios, bajo los cargos de tráfico de influencias, asociación criminal y lavado de activos.
La cruzada contra los “antivalores”, como Maduro la ha denominado, revela la confrontación entre las facciones de Maduro y El Aissami. Dado que El Aissami posee información confidencial y relaciones con naciones de Medio Oriente, el régimen lo excluyó de la auditoría a PDVSA. Desde su dimisión, El Aissami se encuentra en paradero desconocido.
Maduro necesita a los militares de su lado
En reemplazo de El Aissami (2020–2023), Maduro designó al coronel Pedro Tellechea como nuevo ministro de Energía y presidente de PDVSA. Desde 2019 hasta 2022, Tellechea fue directivo de Pequiven, la subsidiaria de petroquímica de PDVSA.
Maduro sabe que el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas es crucial para mantener en pie a la dictadura chavista, es por ello que tras el escándalo de PDVSA le ha otorgado a los militares los altos cargos que ocupaban El Aissami y su grupo de confianza.
Esteban Hernández, analista político venezolano y anfitrión del medio Contra Poder con sede en Miami, declaró al Impunity Observer que —al igual que las mafias— hay diferentes grupos luchando por poder dentro del propio régimen.
Hernández explica que después de la muerte del dictador Hugo Chávez, dos facciones entraron en disputa dentro del régimen. Estas son la facción civil o el Frente Francisco de Miranda y la facción militar o Militares del 4F.
Desde la muerte de Chávez, algunas purgas han sucedido dentro de la dictadura, e incluso han llevado al exilio a personajes de alto rango como Luisa Ortega (fiscal general de 2008 a 2014) y Rafael Ramírez (ministro de Energía de 2002 a 2014).
Para asegurar su continuidad, la facción civil liderada por Maduro ha designado constantemente a miembros de la FANB en puestos de poder, excluyendo al ala militar del 4F, con el fin de anularlos. El comandante Vladimir Padrino, que ha sido ministro de Defensa desde 2014, es un claro ejemplo de esto.
Una nueva estructura del poder
La próxima elección presidencial en Venezuela será en 2024, sin embargo, Maduro ha amenazado a la comunidad internacional con que impedirá la elección a menos que Estados Unidos elimine las sanciones que pesan sobre este país. La administración de Joe Biden ya ha aliviado sanciones al sector petrolero y ha ofrecido más concesiones si las negociaciones con la oposición avanzan.
Al deshacerse de El Aissami —el interlocutor de Venezuela con Irán, Siria y la organización terrorista Hezbollah— es prueba de la supuesta voluntad por reestablecer vínculos con Estados Unidos. Desde 2017, pesan sobre El Aissami sanciones estadounidenses y una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. Por tal motivo, llegar a acuerdos con el nuevo ministro de Energía, Tellechea —aparentemente sin vínculos con el narcotráfico— hace las negociaciones más cómodas, tanto para Estados Unidos como para Venezuela.
La administración de Biden ha elogiado la auditoría de PDVSA, compartiendo su deseo por una investigación a profundidad y transparente. La dictadura ha logrado engañar a la Casa Blanca con la auditoría, que no es nada más que una purga política.
ÚLTIMA HORA | EEUU espera que investigación por megacorrupción chavista en PDVSA sea “transparente, profunda e independiente” (Detalles) https://t.co/ngYw7XCF54 pic.twitter.com/O1AfARyTEi
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 22, 2023
Los partidos de la oposición venezolana han convocado elecciones primarias en octubre, estos buscan confrontar al chavismo en 2024 con un candidato fuerte que les permita ganar las elecciones y tener una transición pacífica y democrática.
Mientras Maduro se aferra al poder, una transición podría conllevar concesiones y amnistías de Estados Unidos a funcionarios de la dictadura, incluyéndolo a él mismo. Sin embargo, esto representaría un revés importante para la facción militar, que ha gozado de múltiples privilegios desde el inicio del chavismo.
Al otorgar a los militares más poder dentro de la dictadura, Maduro busca asegurar la continuidad de su régimen de cara a las elecciones de 2024. Asimismo, el haber eliminado del sector petrolero a la figura de El Aissami, es una forma de congraciarse con los miopes funcionarios estadounidenses.
La fachada anticorrupción
Venezuela es el país más corrupto de la región y el tercero a nivel mundial entre los 180 países ranqueados en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional.
Victor Mijares, profesor de ciencia política en la Universidad de los Andes de Colombia, ha reportado cómo el régimen venezolano ha utilizado sistemáticamente la corrupción para atornillarse en el poder. El boom petrolero que disfrutó Venezuela durante el mandato de Chávez reforzó la centralización del poder en el país. En conjunto con irregularidades electorales, esto convirtió a Venezuela en un régimen autoritario y lleno de amiguismo.
PDVSA no ha sido la excepción. Francisco Monaldi, profesor del Instituto Baker para Políticas Públicas de la Universidad de Rice, ha estimado que la compañía generó $1 billón entre 2004 a 2014. Gran parte de ese dinero incrementó la corrupción y el amiguismo. La oenegé Transparencia Venezuela ha reportado 220 casos de malversación de fondos por funcionarios de PDVSA desde 1999.
Mucho antes del embargo al sector petrolero de Estados Unidos de 2019, el régimen premiaba a sus aliados con altos cargos en PDVSA. Estos funcionarios incurrieron en contrabando de petróleo y otras formas de malversación. Como han informado abiertamente medios internacionales, Venezuela también le ha vendido petróleo a Irán.
Debido a intermediarios poco confiables, una investigación de Reuters estima que de $25.000 millones, PDVSA ha acumulado $21.200 millones en cuentas por cobrar desde 2020. Alrededor de $3.600 millones son irrecuperables.
La denominada cruzada anticorrupción es la primera a gran escala desde el inicio del chavismo, pese a que oenegés y medios han revelado incansablemente casos de corrupción, tráfico de drogas y alianzas con grupos terroristas. Es ridículo pensar que el régimen, en un arrebato de honestidad, esté llevando a cabo una cruzada contra sí mismo.
La oposición venezolana y Estados Unidos deben estar conscientes que esto es una fachada. El régimen, particularmente el ala de Maduro del chavismo, se está preparando para reforzar su estatus de poder frente a las elecciones de 2024.
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