Hallazgos clave:
- El presidente colombiano Gustavo Petro anunció un nuevo acuerdo de cese al fuego con grupos criminales en diciembre de 2022. Sin embargo, el defensor del pueblo dice haber identificado un incremento del 53% entre el primer cuarto del 2023 y 2022.
- Los departamentos con los niveles más altos identificados de reclutamiento de menores han sido Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Caquetá.
- Las guerrillas ven en niños y adolescentes mano de obra desechable. Ellos hacen mandados, espían y brindan información, manejan explosivos, asesinan y vigilan laboratorios de drogas. También pueden ser mulas, soldados, conductores y proveedores de armamento. Las mujeres son sujetos de violencia y abuso sexual.
- No todos los niños y adolescentes son víctimas de reclutamiento forzado, algunos menores de edad se unen voluntariamente debido a la remuneración en efectivo o la percepción de mejorar sus condiciones.
Contexto
El 31 de diciembre de 2022, el presidente colombiano Gustavo Petro —quien fue un miembro de la guerrilla M-19 en los 1980— anunció un acuerdo de cese al fuego con cinco organizaciones criminales. Estas eran:
- el Ejército de Liberación Nacional (ELN);
- el Estado Mayor Central (EMC);
- la Segunda Marquetalia;
- el Clan del Golfo;
- las Fuerzas de Autodefensa de la Sierra Nevada.
El EMC y la Segunda Marquetalia son disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El acuerdo de cese al fuego fue uno de los primeros pasos de Petro para lograr la “paz total” en el país —que incluye negociaciones con las guerrillas—.
El acuerdo multilateral de cese al fuego, que en un principio se esperaba durase hasta junio de 2023, terminó temprano para el ELN, el Clan del Golfo y el EMC. El 22 de mayo, por ejemplo, miembros del EMC se atribuyeron el asesinato de cuatro niños indígenas en el Departamento de Putumayo, cerca a la frontera con Ecuador. El acuerdo de cese al fuego sigue todavía para la Segunda Marquetalia y las Fuerzas de Autodefensa de la Sierra Nevada.
Según un reporte de marzo de 2023 de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia, los cuatro grupos criminales más grandes del país son el ELN, con 5.882 miembros; el Clan del Golfo, con 3.618 miembros; el EMC, con 3.480 miembros; y la Segunda Marquetalia, con 1.646 miembros.
A pesar del deseo establecido de Petro por negociar con grupos criminales para lograr su plan de paz total, estas organizaciones han permanecido activas. Además de expandir sus operaciones y territorios —usualmente ocupando los vacíos que han dejado las extintas FARC— están reclutando menores.
El 28 de abril, el defensor del pueblo Carlos Camargo reveló que identificó 23 menores reclutados por grupos armados en el primer cuarto de 2023. Esto representa un aumento de 53% con respecto al mismo periodo del año pasado. En 2022, el total de reclutamientos de menores identificados fue de 30 casos. Sin embargo, los números oficiales son solamente la punta del iceberg. Nadie tiene datos precisos sobre cuántos niños están trabajando con las guerrillas y otros grupos criminales en Colombia.
Camargo teme que el aparente incremento en el reclutamiento refleje una mayor presencia de grupos criminales. Con los escasos datos disponibles sobre el reclutamiento infantil, sin embargo, se puede evidenciar un leve reflejo del problema. Además, considerando que ha pasado tan poco tiempo desde que asumió Petro el 7 de agosto de 2022, no hay forma de establecer una relación clara entre su plan y el incremento reportado este año.
Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, “enlistar a menores de 15 años en fuerzas armadas o usarlos para participar en actividades hostiles” es un crimen de guerra. Asimismo, el Código Penal de Colombia establece una pena de 6 a 10 años en prisión y una multa económica de 600 a 1.000 salarios mínimos ($242) por “reclutamiento ilícito”. Esto se refiere a grupos armados reclutando a menores.
Esta investigación examina las interacciones entre grupos criminales y menores de edad en Colombia. El Impunity Observer entrevistó a Mathew Charles, profesor adjunto en el Observatorio Colombiano de Organizaciones Criminales, y Julia Castellanos, coordinadora en el Observatorio Colombiano de Niñez y Conflicto Armado.
Las zonas más afectadas
Las regiones en las que se percibe mayor prevalencia de reclutamiento de menores en 2023 es diferente a las de 2016, cuando el Gobierno colombiano firmó el acuerdo de paz con las FARC. Charles le contó al Impunity Observer que las zonas afectadas varían de acuerdo a las interacciones entre grupos armados y el Gobierno.
Sin embargo, que miembros de las FARC hayan sido desarmados parece tener un efecto limitado. Las oportunidades económicas relacionadas al crimen permanecieron intactas y otras organizaciones se expandieron hacia esas áreas, reclutando nuevos miembros —incluyendo a menores—.
Un estudio del 2023 de UNICEF y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, financiado por el Estado, reveló que los departamentos con niveles más altos de reclutamiento:
- Antioquia, con 13,9% de los casos;
- Chocó, con 13,3%;
- Cauca, con 12,9%;
- Nariño, con 10,8%;
- Caquetá, con 8,5%.
Otras regiones que son comunes para el reclutamiento de menores son Arauca, Meta, Putumayo, Bolívar y el Norte de Santander.
A pesar de que las regiones rurales son las más afectadas por el reclutamiento infantil, Castellanos y Charles están de acuerdo que este es un fenómeno que se ha estado expandiendo desde mediados de 2017. Esto fue un año después del acuerdo de Paz y lo que habían sido números estables de casos hasta ese momento.
Charles explica que ciertas dinámicas de conflicto llevan al aumento o disminución de reclutamiento de menores en Colombia. Estas incluyen estrategias del Gobierno para abordar los grupos criminales —incluyendo operaciones militares— y disputas por territorios entre bandas.
Los grupos armados reclutan nuevos miembros si perciben que necesitan una presencia más fuerte para demostrar su poder —quizás exagerando su verdadera capacidad— para batallar contra rivales o fuerzas del orden. El último puede ser útil cuando se negocian acuerdos con funcionarios del Gobierno.
Charles explica que Bajo Cauca y Vaupés tenían uno de los niveles más altos de reclutamiento de menores entre 2017 y 2019, debido a una disputa entre el Clan del Golfo y el extinto grupo paramilitar conocido como los Caparros. Sin embargo, él dice que estas ya no son las zonas más afectadas debido a las más recientes dinámicas de conflicto.
Castellanos dice que el Norte de Santander y Putumayo son actualmente dos de los departamentos de Colombia con niveles más altos de reclutamiento. Esto se debe principalmente a conflictos entre grupos criminales y el retorno del gobierno al combate en estas zonas.
Grupos criminales y menores de edad
Una forma común de reclutar menores es acercándose a escuelas y casas cuando los niños y adolescentes están llegando o saliendo. Miembros de la organización criminal convencen, secuestran o los amenazan para que se unan al grupo. También pueden visitar los hogares de los niños y amenazar a los familiares encargados de los menores. Estos individuos se enfrentan a una decisión complicada, donde no tienen otra opción que dejar que los menores vayan o que los asesinen a ellos y a los niños.
Una razón clave para reclutar menores es la necesidad de una mano de obra desechable y que lleven a cabo interacciones entre guerrillas o con funcionarios gubernamentales. Una razón menos común es que los grupos armados pueden requerir información o habilidades específicas que tengan o puedan obtener los menores.
Castellanos y Charles están de acuerdo en que las guerrillas requieren personas energéticas con el potencial de aprender múltiples actividades y habilidades relacionadas al crimen. Un beneficio adicional, dice Charles, es que “el sistema de justicia de Colombia tiene pocas o nulas sanciones cuando encuentran a menores cometiendo crímenes”. Las organizaciones también pueden enseñar más fácilmente ideología marxista a menores que a adultos.
Los menores usualmente llevan a cabo las mismas tareas que los adultos. Estos son mandados, espiar y brindar información, manejar explosivos, vigilar laboratorios de drogas, transportar drogas y armamentos, asesinar y estar en el frente de combate. Las mujeres son sujetas a violencia y abuso sexual. Por ejemplo, líderes de grupos armados obligan a chicas a ser “sus novias”, explica Charles.
Las actividades que los menores realizan depende de cuánta confianza les tengan sus superiores. Mientras más confianza hay, más importantes son las actividades que sus miembros pueden realizar. Los que recién ingresan usualmente deben ganarse confianza en rituales como repartir drogas, pasar pruebas de lealtad o incluso matar a alguien. Cuando se pierde la confianza, normalmente resulta en el asesinato del miembro.
Factores para unirse voluntariamente a las guerrillas
No todos los menores que trabajan para las guerrillas son reclutados. El reclutamiento implica dejar el hogar y movilizarse hacia campamentos, pero muchos menores hacen labores esporádicas y no abandonan sus residencias. Esto es conocido como utilización de menores. Estas dinámicas varían entre las diferentes organizaciones criminales y sus necesidades.
Aunque la creencia popular es que los grupos armados obligan a los menores a unirse, este no es siempre el caso. En algunas ocasiones, los menores se unen voluntariamente a los grupos criminales ya que perciben que haciéndolo podrán ayudar financieramente a sus familias y a ellos mismos.
En Colombia, 39,5% de los ciudadanos son pobres (ganan menos de US$2,15 al día) y 44,6% de esta población vive en zonas rurales. Además, la desnutrición es un problema social presente, especialmente en áreas rurales. Por ejemplo, en 2022, al menos 308 niños menores de cinco años murieron en Colombia por desnutrición.
De acuerdo a un reporte de autoría de Charles de 2021, algunos jóvenes se unen a grupos armados a cambio de remuneración como un salario o tres comidas al día. Como lo documentó Charles, un grupo armado en Bajo Cauca ofrecía un bono de dos millones de pesos colombianos ($450) por unirse a trabajar en el grupo.
Tener conexiones que pertenecen a organizaciones criminales y vivir en áreas con importante presencia de estos grupos son factores que también influencian el unirse voluntariamente a estos. Similarmente, vivir en una comunidad indígena y/o ser inmigrante son dos factores que hacen más vulnerables a los menores para que se unan a los grupos criminales.
Las comunidades indígenas tienden a tener menos presencia de las fuerzas del orden, así que las guerrillas se mueven libremente por esas zonas. Esto incluye la región amazónica y las fronteras con Ecuador, Perú y Venezuela. Sus ubicaciones hacen de las comunidades presas fáciles para el reclutamiento.
Aunque no hay disponibles cifras exactas, Charles explica que “la percepción es que un gran número de venezolanos son reclutados”. Tres factores hacen de los niños venezolanos vulnerables a las guerrillas. (1) estar solos, (2) vivir en zonas marginadas y (3) pocos ingresos. El noticiero colombiano RCN estimó que para febrero de 2022, tres de cada 10 miembros de los grupos armados son venezolanos.
Al cruzar de Venezuela a Colombia a través de pasos irregulares, conocidos popularmente como trochas, los menores venezolanos se enfrentan al riesgo de ser reclutados por guerrillas. Como el Impunity Observer documentó previamente, las guerrillas cerca de la frontera colombo-venezolana dominan las trochas. Ellos cobran y trafican a los migrantes en la frontera.
El reclutamiento de menores en Colombia parece haberse vuelto más común desde el acuerdo de paz con las FARC en 2016. Este tomó forma bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. Otras organizaciones criminales se movieron rápidamente para ocupar los vacíos que dejaron las FARC.
Más que por cifras oficiales, las tendencias se identifican por anécdotas, dado la escasa información. El número preciso de reclutamientos infantiles es imposible de calcular, pero parece ser persistente y ahora más común en áreas urbanas.
En ocasiones —debido a múltiples factores como pobreza, lazos familiares y posibles compensaciones— seducían a los menores a que se unan voluntariamente a grupos criminales. Al unirse a los grupos criminales, la creencia es que pueden mejorar sus situaciones actuales y obtener beneficios económicos.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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