Hallazgos clave:
- El mercado de piraterías más grande de Perú, Gamarra, alberga alrededor de 30.000 negocios. En 2021, el distrito generó cerca de 350.000 empleos, según estimaciones del ex ministro de Producción José Incio. Sin embargo, desde las políticas de aislamiento por la COVID-19, Gamarra no ha logrado recuperar sus niveles de ventas prepandémicos.
- Los extorsionadores —conocidos como apretones— controlan los negocios informales de Gamarra, dividiendo las calles y veredas en lotes y cobrando a los vendedores el uso de espacio: de $8 a $27 por día.
- El 3 de septiembre, los comerciantes exigieron a las autoridades locales y nacionales que implementen políticas que garanticen seguridad en Gamarra. El 12 de septiembre, la presidente peruana Dina Boluarte anunció el despliegue de 300 agentes policiales para combatir la presencia de las mafias.
Contexto
La Victoria —uno de los 43 distritos de Lima, Perú— alberga el mercado textil y de piratería más grande del país, con alrededor de 30.000 negocios. Los locales han denominado a la zona como el Emporio Comercial Gamarra o simplemente Gamarra.
Desafortunadamente, los niveles de violencia en Gamarra han aumentado con el tiempo y los agentes de seguridad han sido frecuentemente los objetivos. Los negocios formales del área alegan que la criminalidad ha sido un factor fundamental para que se estanquen las ventas y se disuada a posibles clientes, convirtiendo al área en una zona vulnerable a la actual recesión peruana. Recientemente, el 3 de octubre, Susana Saldaña, presidente de la Asociación de Empresarios de Gamarra, llamó la atención del gobierno para que reduzca los niveles de criminalidad en la zona.
Los grupos criminales de la zona, conocidos como apretones, controlan el área al dividir las calles y veredas en lotes y cobrando a los vendedores de $8 a $27 diarios para permitirles trabajar en la zona. Inicialmente, los mercados únicamente impedían el paso de peatones, pero ahora incluso las calles están taponadas, pero ese ni siquiera es uno de los problemas.
A pesar de recientes esfuerzos de agentes de seguridad para remover a los comerciantes informales y al crimen organizado, ambos continúan operando en la zona. La presencia combinada de estos grupos ha generado quejas sobre la inseguridad. Incluso los extorsionistas han quedado atrapados en balaceras, en ocasiones con negociantes, por disputa de territorio.
✅ A su vez un equipo de fiscalización recuperó las pistas y veredas, de las av. Bausate y Meza, Estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima y el Damero C, del comercio informal. pic.twitter.com/iVx1AVM51T
— Municipalidad de La Victoria (@munilavictoria) October 30, 2023
Los comerciantes están tratando de sobrevivir con un ingreso diario en la informalidad, pero se vuelven peones de los extorsionistas y objetivos sencillos para la policía. Los vendedores son la fuente de ingresos de los apretones, así que los agentes policiales buscan asfixiar a los extorsionistas al remover a los comerciantes.
La industria textil de Gamarra —producción, importación y manufactura— data de los 1950, cuando familias árabes que vivían en Perú empezaron sus negocios en La Victoria. Entonces, negocios nuevos, relacionados a los textiles empezaron a poblar la zona. En aquel momento, los vendedores textiles también empezaron a ocupar las zonas de tránsito. En los 1960, la producción de textiles se expandió exponencialmente, atrayendo a migrantes internos en busca de oportunidades económicas.
A pesar de las crecientes quejas por la inseguridad y la inestabilidad política del país, Gamarra sigue generando cientos de miles de empleos directos e indirectos en Perú. En 2021, el entonces ministro de Producción José Incio estimó que Gamarra generó 350.000 negocios en el sector formal e informal de la economía. En 2023, la industria textil en total generó un millón de empleos.
Cómo se financia el crimen organizado
El crimen organizado controla a los comerciantes informales a través del uso de la violencia. Los comerciantes representan su mayor fuente de ingresos. Si los comerciantes no pagan la extorsión, los apretones no los dejan trabajar en la zona. Un reporte de Infobae reveló que si los agentes de seguridad castigan a los comerciantes, estos actúan contra los funcionarios, ya que una reducción de comerciantes representa menos ingresos para los extorsionadores.
Los robos y arranches también son pan de cada día en Gamarra. Algunos vendedores de la zona compran dispositivos electrónicos robados para repararlos, si es necesario, y venderlos a precios más bajos que aquellos de distribuidores autorizados.
El 25 de julio, sicarios asesinaron al inspector municipal Deberin Chihuan —que previamente dirigió operativos para combatir a los extorsionadores en la zona—. Según el agente de seguridad municipal Juan Roncagliolo, “el gran trabajo de Chihuan y sus operaciones contra los apretones condujo a su asesinato”. El 4 de julio, Chihuan lideró una operación contra los extorsionadores donde alrededor de 1.600 agentes policiales negaron la entrada de comerciantes a las calles del emporio que controlan los apretones. Las pérdidas económicas de los apretones es incierta, pero Infobae reportó que su asesinato fue en represalia por las acciones de Chihuan.
El de Chihuan no es el único caso de ataques criminales contra las autoridades. El 30 de agosto, cuatro criminales dispararon al agente de seguridad Richard Villanueva en el pecho. Villanueva sobrevivió el ataque, pero el agente de seguridad Félix Burga le dijo a Canal N que estos ataques “buscan intimidar a las autoridades”.
Los negociantes también son objetivos de ataques violentos y robos. El 26 de junio, un grupo de cuatro criminales robaron US$40.000 a cambistas en Gamarra. Los criminales lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a la gente antes de disparar a las dos víctimas que tuvieron suerte de sobrevivir. Los negociantes también son objetos de ataques y robos.
Según un informe de junio de 2023 del Instituto Nacional de Estadística, entre octubre y diciembre de 2022, La Victoria fue el barrio número 12 de 43 distritos con más crímenes reportados. Entre enero y marzo de 2023, la policía arrestó a 252 personas en La Victoria por presuntamente cometer crímenes. Estos números apuntan hacia un problema generalizado en Lima. Gamarra es una fuente de extorsión, pero no es la única en sufrir otros crímenes.
Se agotó la paciencia de los negociantes
Los casos de asesinatos, extorsión y robo han enfurecido a los ciudadanos, especialmente a aquellos que tienen negocios y viven en Gamarra. En 2023, ellos se han quejado en varias ocasiones de la problemática ante las autoridades para que puedan garantizar su seguridad y la de los clientes. Saldaña se quejó del tema en septiembre y la respuesta de las autoridades para taclear la inseguridad ha sido escasa. Esto sugiere que la intimidación de los apretones contra las autoridades ha sido exitosa, siendo pocos los agentes que buscan estar en la mira de los extorsionadores.
El 6 de septiembre, cientos de negociantes locales salieron a las calles de Lima para exigir al gobierno central que “implemente políticas que aborden la presencia del crimen organizado y los comerciantes informales en Gamarra”. Según los manifestantes, que cerraron sus negocios por más de 11 horas en un día laboral, están cansados de los criminales que controlan las calles y los comerciantes informales que venden afuera de sus negocios.
#6S Día histórico.
Los gamarrinos, en unidad, levantamos la voz.
Por seguridad,
orden,
tranquilidad y
para poder trabajar sin amenazas, ni competencia deseleal.
Ahora le toca a @presidenciaperu, @AlbertoOtarolaP. #SalvemosGamarra📷 @elcomercio_peru pic.twitter.com/bXmJDx3X8b
— Gamarra Perú (@GamarraPeru_Pe) September 6, 2023
Los negociantes —que marcharon desde Gamarra al palacio de gobierno— exigieron a las autoridades que brinden justicia por el asesinato de Chihuan y un plan de seguridad para La Victoria. Para ellos, es imperativo reunirse con las autoridades para trabajar en conjunto y obtener una respuesta efectiva contra los criminales.
Según los vecinos de Gamarra, ellos temen “balaceras en el distrito ya que no hay respuesta de las autoridades”. Además, múltiples negociantes sostienen que después de los últimos casos de violencia en la zona, sus ventas se han estancado porque los clientes temen ir al barrio.
La impotencia estatal
Mientras el gobierno local dice que las agencias de seguridad como inspectores han llevado a cabo múltiples operaciones en los últimos cinco meses, Saldaña dijo el 3 de septiembre que “no hay una fuerte presencia policial en el área”.
Saldaña dijo a Infobae que los empresarios de Gamarra “han pedido al Ministerio de Seguridad que desplieguen más policías en la zona en los últimos meses”. Añadió que “las mafias se han apoderado de Gamarra y es cuestión de tiempo antes de que empiece a correr la sangre”.
Después de la marcha de empresarios de Gamarra frente al palacio presidencial, la presidente Dina Boluarte anunció el despliegue permanente de 300 policías adicionales en Gamarra a diario. Según Boluarte, algunos agentes trabajarán encubiertos para llevar a cabo inteligencia sobre los grupos criminales.
EMPRESARIO DE GAMARRA: “El alcalde nos prometió Lima potencia mundial. ¿Cuál potencia mundial si no cumple lo que dice? Está hablando estupideces.”
López Aliaga, creo que te hablan. pic.twitter.com/7mWAMm7IQd
— Justicia para Urresti (@DanielUrresti1) September 6, 2023
Sin embargo, esta no es la primera vez que las autoridades han anunciado el despliegue de nuevas unidades en el área. Un mes antes del asesinato de Chihuan, el ministro de Seguridad Vicente Romero anunció el despliegue de 120 policías en Gamarra.
Los anuncios de la presidente peruana y otros funcionarios gubernamentales serán puestos a prueba. El hecho es que operativos anteriores no han logrado disminuir la presencia de los apretones, los cuales se han enquistado en la economía local. Para bien o para mal, Gamarra es un punto focal de la economía peruana y el comercio. Formalizar negocios allí es complicado ya que enfrenta a enemigos agresivos, que son un hueso duro de roer.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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