Las cuentas individuales de retiro de la seguridad social uruguaya pueden tener los días contados. Durante 27 años el sistema actual ha cubierto alrededor del 95% de la población de 65 años o más, sin presentar déficit. No obstante, ha aumentado la oposición de la central sindical única de Uruguay ante las altas ganancias de los administradores de fondos.
El 27 de abril de 2024, el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) presentó a la Corte Electoral una petición, respaldada con 430.000 firmas, para llevar a cabo un plebiscito sobre abolir las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Las AFAP manejan cuentas de ahorro individuales para el retiro, pero sus aportes vienen de las deducciones de los salarios. PIT-CNT quiere transferir estos aportes a un fondo común administrado por las agencias públicas de la seguridad social.
Si la Corte Electoral autoriza el plebiscito y los uruguayos eliminan las AFAP, la cobertura y sostenibilidad del sistema estaría en juego. Además, dicha reforma reduciría la certeza jurídica y daría cabida a más impuestos, lo que impactaría en la confianza de los inversores.
PIT-CNT recogió 430.000 firmas en todo el país en cinco meses, una cantidad asombrosa. Ahora la Corte Electoral debe verificar la validez de al menos 276,151 firmas (10% del registro electoral) para autorizar el plebiscito. Si se lo ejecuta, este tendría lugar el 27 de octubre, junto con las elecciones generales.
Para los inversores extranjeros, este plebiscito tiene mayor relevancia que la elección presidencial. Esta iniciativa liderada por los sindicalistas arrastraría a Uruguay a la lista de países que han nacionalizado ahorros previsionales privados. En Perú y Chile, por ejemplo, retiraron miles de millones de dólares de estas cuentas en 2020. Argentina confiscó la totalidad de los fondos de pensión privados en 2008. Como resultado, el déficit en seguridad social superó el 33% a finales de 2022.
Qué está en juego con el plebiscito
La seguridad social de Uruguay es una de las más sólidas de América Latina. El Índice Global de Pensiones de 2023, publicado por la consultora Mercer y el CFA Institute, ubicó a Uruguay como el segundo de la región y el décimo quinto entre 47 países del mundo. Chile recuperó el primer lugar al compensar su retiro de los fondos de ahorro con la recuperación económica y un nuevo fondo solidario.
La seguridad social uruguaya opera como un sistema mixto. Por un lado, el sistema comprende varias agencias públicas. Las más importantes son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Administración de Seguridad Social y el Banco de Previsión Social. Estas recolectan los aportes de los trabajadores y los empleadores, administran alrededor de dos tercios del dinero, y distribuyen los beneficios a los trabajadores y los jubilados.
Por otro lado, las AFAP maximizan los retornos de los ahorros, ofreciendo a los afiliados mejores pensiones. Los trabajadores pueden escoger entre cuatro AFAP (República, Sura, Unión Capital e Integración), y abrir una cuenta individual para ahorrar como mínimo el 5% de su salario. También pueden hacer aportes voluntarios para mejorar el rendimiento de sus ahorros. En total, las cuatro AFAP administran $22,5 mil millones, lo que equivale al 30% del PIB. Uruguay necesita mayor competencia y oferta de AFAP, no menos.
La cobertura de la seguridad social uruguaya incluye desempleo, licencia por paternidad, y pensiones por jubilación, incapacidad, o accidentes laborales. Mientras que las pensiones que entrega el Banco de Previsión Social se calculan bajo lineamientos establecidos en proporción con la historia salarial del afiliado, las AFAP permiten a los trabajadores ahorrar más y hacer crecer sus fondos de pensión con mejores rendimientos de inversión.
De acuerdo con Sebastián Peaguda, gerente general de Sura AFAP, “Uruguay no había tenido en su historia un ahorro nacional de estas características, lo pudo hacer luego de 27 años [de establecer un sistema mixto]”.
Además, como un efecto colateral positivo, la capitalización de los ahorros previsionales han fortalecido al mercado de capitales de Uruguay. La inversión de los fondos privados de pensiones en el sector productivo creció de $133 millones en 2008 a $4,7 mil millones en 2023. Estas inversiones han apoyado el desarrollo de proyectos de infraestructura e iniciativas privadas.
Agustín Sheppard, gerente de riesgos de Unión Capital AFAP, explica que “las inversiones de las Administradoras favorecen el crecimiento económico, el empleo, la calidad de vida y también mejora el gobierno corporativo de las propias empresas emisoras, por lo que se genera un círculo virtuoso que favorece las cuentas de ahorro individual de los trabajadores”.
La narrativa de los sindicalistas
Nathalie Barbé, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, opina que las AFAP no reinvierten en la seguridad social. Para ella, esos aportes no deberían alimentar las utilidades de las administradoras. Su gran supuesto es que los trabajadores de la seguridad social podrían sacar mayor provecho para el sistema con esos aportes y expandir los beneficios de la seguridad social para los trabajadores y jubilados.
Peaguda, en contraste, cree que la propuesta de PIT-CNT se asemeja a la seguridad social uruguaya de los años cincuenta, cuando el Estado monopolizaba los fondos previsionales. Ese sistema colapsó, debido a que la tasa de natalidad se redujo en un tercio entre 1950 y 1995. El número de aportantes disminuyó, y el Banco de Previsión Social terminó con las reservas en el pago de pensiones. Esto conllevó a que Uruguay adopte el sistema actual en 1996 mediante una disposición constitucional. “La demografía fue haciendo que se perdieran las reservas, pero además el BPS fue tomando decisiones de inversión en conjunto con el gobierno que no eran óptimas para los trabajadores”, puntualiza Peaguda.
El dinero de los afiliados está en riesgo, pero la reforma constitucional está lejos de ser una realidad. Una encuesta realizada por la consultora Cifra en abril de 2024 reveló que sólo 41% de electores está a favor de eliminar las AFAP. Sin embargo, la encuesta también reveló que un cuarto de los votantes todavía no se ha decidido y que el apoyo a la pregunta del plebiscito ha aumentado en cinco puntos porcentuales desde febrero.
Las organizaciones de izquierda y los sindicatos se han movilizado ágilmente en contra del ahorro previsional individual. En tan solo cinco meses, recolectaron casi el doble de las firmas requeridas para iniciar el plebiscito, y su propuesta está ganando terreno.
Eliminar las AFAP no solo impactaría a los jubilados, sino a todos los uruguayos. Concretar una reforma constitucional sin aprietos y poner en riesgo la sostenibilidad de la seguridad social enviará una señal negativa a los inversores. Aunque no inmediatamente, Uruguay también deberá destinar más presupuesto gubernamental a la seguridad social.
Los trabajadores, empleadores e inversores todavía tienen una oportunidad de salvaguardar el sistema que ha brindado a los uruguayos un sólido sistema de seguridad social, al mismo tiempo que se ha permitido contribuir con el desarrollo del país. Los uruguayos deben proteger sus ahorros rechazando en las urnas la iniciativa colectivista que busca terminar con la maximización de retornos de los ahorros previsionales.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.