En el último año, la minería ilegal ha crecido de forma pronunciada en Panamá. Solamente alrededor de la mina Cobre Panamá, suspendida desde el año pasado, las actividades de explotación ilícita habrían escalado de 60 en julio de 2023 a más de 250 entre marzo de este año. Así lo reveló la Cámara Minera de Panamá (Camipa) en el Foro Internacional Minería y Metales Estratégicos para el Desarrollo Sostenible e Inclusivo, realizado en Ciudad de Panamá en julio de 2024.
En este foro, Maria Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara Minera de Ecuador, enfatizó: “Para frenar la minería ilegal, es crucial promover y apoyar la minería formal y responsable, solo así podemos proteger nuestros recursos naturales y garantizar beneficios duraderos para las comunidades locales”. Ahuyentar la inversión extranjera y empresas responsables con la comunidad y el ambiente, deja a los territorios ricos en metales y minerales en las manos de grupos ilegales, lo que incrementa la criminalidad y el daño ambiental.
De acuerdo con las estimaciones de Camipa, el gobierno estaría dejando de percibir alrededor de $12 millones anuales en ingresos tributarios por la actividad ilegal en Cobre Panamá. Quizás por ello, las autoridades panameñas también reconocieron el aumento de esta problemática, lo que les ha llevado a tomar acción y ordenar una auditoría ambiental de la mina. El nuevo presidente panameño José Raúl Mulino ordenó a inicios de julio una “estricta auditoría ambiental” a la mina abandonada que cuente con veeduría ciudadana.
Los efectos de la prohibición
Camipa también sostuvo en el foro que Panamá puede convertirse en un líder en el sector minero orientado hacia la transición energética y el cuidado ambiental. De esta forma, el país no dejaría de percibir los ingresos de una explotación minera responsable con su entorno.
De acuerdo con Camipa, el país podría desarrollar legalmente siete proyectos mineros estratégicos de cobre y oro —incluyendo Cobre Panamá. En once años estos representarían $7.120 millones en ingresos para Panamá y $1.870 millones en ingresos para el Estado.
El crimen organizado ya realizaba operaciones de minería ilegal en la región del Darién, la zona fronteriza con Colombia—donde controla el tráfico de personas, drogas y demás mercancías ilícitas. Si no se toman acciones concretas y efectivas para el sector minero en el país, estos grupos delictivos serán quienes se queden con el rédito del oro y demás metales que yacen bajo el suelo panameño.
No hay que irse muy lejos para saber que los grupos de explotación ilegal aprovechan los espacios donde compañías mineras inician los trabajos y toman el control de las minas cuando estas quedan abandonadas. En mayo de 2024, por ejemplo, los medios reportaron que supuestos integrantes del Clan del Golfo se habían apoderado de la mina abandonada por la empresa canadiense Eco Oro en el departamento de Santander en Colombia.
El riesgo ambiental persiste y empeora
A finales del año pasado, los panameños salieron a las calles para pronunciarse en contra de las afectaciones ambientales de la actividad minera, luego de que el 20 de octubre se haya celebrado el contrato de concesión de 20 años con la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM). Luego de casi un mes de revuelo social, con falta de proactividad desde el Ejecutivo para atender el estallido, la Corte Suprema de Justicia declaró el contrato inconstitucional por unanimidad.
La única propuesta del entonces presidente Laurentino Cortizo fue convocar a consulta popular, pero el Tribunal Electoral lo rechazó, argumentando condiciones desfavorables como la falta de presupuesto y el malestar social. Las autoridades optaron por el camino rápido— el cierre total de la mina— y con ello calmar las aguas y evitar más protestas masivas, que estaban paralizando el transporte de insumos industriales a nivel nacional.
Asimismo, ofrecieron un desmontaje ordenado de la mina, aunque el periodo de Cortizo se terminó sin que eso sucediera. Alejandro Chambi, el gerente de Ambiente de la mina, advirtió que el cierre podría extenderse hasta 15 años y que si no se lleva a cabo con rigurosidad conlleva el riesgo de generar una “catástrofe medioambiental”, incluyendo la contaminación de las aguas cercanas.
Los representantes de First Quantum Minerals (FQM) —que operaban la mina— y del sector minero, han alertado durante meses que existen amenazas ambientales, producto del cierre intempestivo de la mina por las protestas masivas del año pasado y la declaración de que el contrato de operación era inconstitucional. Por un lado, no se ha llevado a cabo un cierre ordenado y vigilado como ofreció la anterior administración. Por otro, 121.000 toneladas de concentrado de cobre extraído que yace en la intemperie, lo cual puede presentar riesgos ambientales.
Adicional a ello, los grupos ilegales ocupan productos nocivos con el ambiente como cianuro y mercurio para la extracción. Al desmantelar actividades de explotación en el Darién en septiembre de 2023, por ejemplo, se encontró generadores eléctricos y máquinas para erosionar la tierra, junto con reserva de combustibles para operarlos.
Impulsar soluciones que activen las minas y la economía
Ha sido ampliamente difundido por medios que el cierre de la mina ha dejado un impacto negativo significativo en la economía panameña. Minera Panamá representaba el 5% del PIB nacional y empleaba a más de 4.000 trabajadores. En otras palabras, la afectación económica resulta igual o más trascendental para Panamá que los riesgos ambientales.
Por ello, es crucial que las autoridades tomen decisiones proactivas en este asunto. Cuando hablan de cierre y transición ordenada, pasan de propuestas populistas a soluciones reales y sostenibles que incluyan e involucren al sector privado. Dejar a la deriva la mina, sin actividad ni presencia en la zona, atrae a grupos indeseables al sector.
Generar asociaciones público-privadas o soluciones creativas es crucial para dinamizar la economía y evitar la llegada de capitales y actividades nocivas. En Europa, por ejemplo, varias minas cerradas y abandonadas posterior a la segunda guerra mundial se han transformado en parques de atracciones, museos, hoteles o parajes naturales de camping.
Las autoridades panameñas han demostrado la falta de liderazgo y gobernabilidad en el manejo del conflicto minero y social. Han decido adoptar la decisión rápida de cerrar la mina, sin una consulta popular que permita a los ciudadanos dimensionar en debate público el impacto económico del fin de la industria minera y de la oportunidad que esto conlleva para el crimen organizado. Si Panamá no presenta una solución temprana, la deuda ambiental y la crisis social ocasionada por la expansión de dominio de los grupos criminales les pasará factura.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.