Un reciente artículo de The Washington Post tergiversa los esfuerzos de representantes del sector privado organizado (SPO) de Guatemala por relacionarse con la administración de Donald Trump. De acuerdo con la versión presentada por el periódico, existiría un oscuro complot para impulsar un giro hacia la derecha en oposición al actual gobierno guatemalteco, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo.
Tanto el artículo original como sus reproducciones en medios locales presentan pocos hechos y muchas insinuaciones. Su intención es presentar el acercamiento diplomático y comercial rutinario como algo siniestro. Al mismo tiempo, ignoran las operaciones de influencia, mucho más grandes y financiadas por los contribuyentes, que la izquierda ha mantenido durante años para promover diversas causas de dudoso valor para los intereses de Estados Unidos y Guatemala.
Lo que la administración Trump ha solicitado a Guatemala es mutuamente beneficioso: una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, así como reducir la dependencia de China. Estas solicitudes coinciden en gran medida con las propias necesidades de seguridad y desarrollo económico de Guatemala, como ha señalado el propio Arévalo.
Contrario a lo que insinúa el artículo de The Washington Post, el equipo del presidente Trump no ha mostrado hostilidad hacia el gobierno de Arévalo. El propio artículo admite que las relaciones fueron descritas por el actual portavoz del Departamento de Estado (DOS) como “positivas y productivas”. Sin embargo, el objetivo del encuadre del artículo era presentar cualquier acercamiento pragmático con la administración Trump como algo sospechoso.
Los $400.000 en gastos de cabildeo del sector privado guatemalteco que menciona el Post son presentados como evidencia de una influencia indebida. Sin embargo, en Washington D. C., esa suma apenas cubriría el salario de un presidente de una ONG de izquierda.
Más importante aún, estos fondos son privados y están sujetos a las normas de divulgación de Estados Unidos bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Compárese esto con la infraestructura permanente de financiamiento y personal que la izquierda ha mantenido durante años: exfuncionarios del Departamento de Estado, exintegrantes de la CICIG, programas de USAID, Freedom House, WOLA, Seattle International Foundation, Human Rights Watch, Oxfam, Vital Voices y la Fundación Ford.
Estos actores de izquierda, financiados directa o indirectamente por los contribuyentes estadounidenses, han moldeado durante años narrativas que atacan tanto a la administración Trump como al sector empresarial guatemalteco en medios como The New York Times, The Washington Post, The Economist y medios guatemaltecos alineados. Los argumentos se originan en estas redes y luego son amplificados localmente. Este patrón de flujo informativo unilateral nunca aborda los hechos que contradicen la narrativa previamente asignada.
El representante de WOLA en Guatemala incluso llegó a publicar en X que la firma de cabildeo en cuestión, Corcoran Partners, representa a “redes de crimen organizado”. Se trata de una acusación grave, sin ninguna evidencia que la respalde, y una imputación difamatoria que podría constituir motivo para una acción judicial.
Al final, el artículo del Post se basa en al menos tres inexactitudes. Primero, afirma que el sector privado guatemalteco ha lanzado “ataques devastadores” contra el gobierno de Arévalo. Los hechos muestran lo contrario. Poco después de las elecciones de 2023, la Cámara de Industria de Guatemala presentó al presidente electo Arévalo el plan “Guatemala en Marcha”, una hoja de ruta del sector privado para ampliar el comercio y la inversión en el país.
Posteriormente, cuando circularon rumores de que los resultados electorales podrían ser impugnados, la SPO pidió públicamente respetar el resultado oficial. Literalmente no existe evidencia de “ataques devastadores” del sector privado organizado contra el gobierno de Arévalo.
Segundo, el artículo insinúa tensiones entre la administración Trump y el gobierno de Arévalo, pese a citar las palabras del secretario de Estado Marco Rubio sobre la relación entre ambos países: “No solo somos vecinos, somos aliados, somos amigos”. Otros funcionarios del Departamento de Estado, según el propio Post, calificaron las relaciones bilaterales actuales como “positivas y productivas”. Estas no son las palabras de una administración hostil.
Tercero, el artículo sugiere que el cabildeo del sector privado está dirigiendo la política estadounidense hacia Guatemala. Los ajustes en la política exterior de Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump responden a una decisión estratégica coherente de Rubio, quien escribió en un artículo de opinión en The Wall Street Journal:
“No es casualidad que mi primer viaje al extranjero como secretario de Estado, a Centroamérica este viernes, se mantenga en el hemisferio. Esto es poco común entre los secretarios de Estado del último siglo. Por muchas razones, la política exterior de Estados Unidos se ha centrado durante mucho tiempo en otras regiones mientras descuidaba la nuestra”.
Bajo el liderazgo de Rubio, el Departamento de Estado publicó un mensaje en X criticando a los funcionarios del propio Departamento y de USAID que se habían acostumbrado a impulsar agendas personales o politizadas desconectadas de los intereses fundamentales de Estados Unidos. Como afirmó Rubio de manera contundente en su testimonio ante el Senado el pasado mayo: “El Departamento de Estado tenía que cambiar”.
No sorprendería a nadie que antiguos funcionarios se encuentren entre las fuentes anónimas del reportaje del Post. Los críticos de Arévalo mencionados por el periódico —como Laura Loomer, Michael Flynn o Roger Stone— no ocupan cargos en la administración Trump. Como el propio artículo reconoce, Stone afirmó que nunca ha discutido el tema de Guatemala con el presidente ni con ningún miembro de la administración. En última instancia, la culpabilidad por asociación no constituye evidencia de captura de políticas públicas.
¿Qué queda después de estas correcciones? Poco más que una alarma reciclada sobre líderes empresariales guatemaltecos que buscan legítimamente espacios comerciales y diplomáticos. Esto es especialmente relevante en un entorno cambiante en Washington, donde el nearshoring ofrece enormes oportunidades de beneficio mutuo para Estados Unidos y sus socios regionales.
Guatemala enfrenta numerosos desafíos, entre ellos la corrupción, la debilidad institucional, los flujos de narcóticos y la competencia estratégica con China. Estos desafíos no se resolverán manteniendo el monopolio informativo del que antes gozaba un reducido grupo de exfuncionarios del Departamento de Estado, ONG internacionales de izquierda y medios de comunicación tradicionales.
El acercamiento del sector privado guatemalteco a Estados Unidos es una acción legítima. Sus representantes han tendido puentes con una nueva administración cuyas prioridades declaradas en materia de seguridad y cadenas de suministro coinciden con los intereses de largo plazo de Guatemala.
