Por María Fernanda Cabal y Fergus Hodgson.
Organizaciones criminales transnacionales (OCT), incluyendo narcotraficantes y tratantes de personas, y sus aliados totalitarios han creado una falsa narrativa para enmascarar su violento intento de derrocar al Gobierno colombiano, el aliado más importante de Estados Unidos en Latinoamérica.
Financiados por narcodólares y motivados por el poder y la ideología marxista, la alianza terrorista ha propagado la creencia infundada de que la ola actual de violencia en las ciudades colombianas, que llegó a su punto más álgido el 28 de abril, comenzó como una respuesta espontánea a una propuesta de reforma fiscal. El presidente Iván Duque anunció el 2 de mayo que retiraría la reforma fiscal, pero los paros ilegales y ataques a las estaciones de policía no se detuvieron.
Dicho montaje no fue mencionado el 1 de julio durante una audiencia de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de EE. UU. Lo que los participantes no comprendieron en la audiencia es la barbarie, competencia y astucia del enemigo. Antifa y la Región Autónoma de Seattle son juegos de niños en comparación con las guerrillas consolidadas, los acaudalados cárteles de drogas y los regímenes antiestadounidenses. Más recientemente, ellos paralizaron Cali, una ciudad de más de dos millones de residentes. Vandalizaron el 90 % del transporte público y cerraron el acceso al aeropuerto y al puerto Buenaventura.
La conexión con Venezuela
El ímpetu de violencia en Colombia —tras levantamientos similares en Bolivia, Chile y Ecuador— se origina especialmente en la dictadura en Venezuela, cuya miseria le ha traído a América Latina el éxodo más grande de la historia. El régimen ha contemplado por mucho tiempo su dominio sobre Colombia, y Hugo Chávez y Fidel Castro crearon la Alianza Bolivariana (ALBA) en 2004 como un contrapeso a la influencia regional estadounidense.
Ahora bajo el mandato de Nicolás Maduro, el primer objetivo del régimen venezolano es derrocar al gobierno de Duque. El segundo objetivo es debilitar a las instituciones democráticas para así justificar la imposición de una Asamblea Constituyente, similar a la que se convocó en Venezuela en 1999 o la que se impuso en Chile este año; y tercero, entregar el poder a los voceros políticos de las FARC, el ELN y el narcotráfico. El 7 de abril, Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, amenazó: “La guerra se la vamos a hacer en su territorio”.
No es la primera vez que Colombia es blanco de grupos terroristas y del narcotráfico, que a menudo son los mismos. A partir de los años 80 hasta los 2000, Colombia estuvo a punto de sucumbir ante los cárteles de drogas. El Plan Colombia, implementado en 1999 con ayuda del Gobierno estadounidense, y un enérgico presidente Álvaro Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, desempeñaron un papel fundamental para forzar el retroceso del narcoterrorismo.
En 2016, los votantes colombianos rechazaron un acuerdo con las FARC, quienes no merecían nada más que castigo. Sin embargo, el entonces presidente Juan Manuel Santos cedió ante las guerrillas y los premió con amnistía y beneficios, incluso con escaños en el Congreso, por deponer públicamente sus armas. El acuerdo con las FARC transmitió el mensaje de que la violencia funciona, y la llamada disidencia de las FARC asumió los espacios que sus pares dejaron. Las FARC 2.0 han expandido sus operaciones y han encontrado refugio en Venezuela, al igual que el ELN.
Negociar con terroristas fue un error en aquel momento, y sería un error ahora. Sin embargo, las instituciones colombianas —especialmente la Policía y su escuadrón antimotín— están desbordadas. Colombia está enfrentando una guerra, no solo por la violencia sino por el impacto económico. El ministro de Hacienda estima pérdidas diarias desde el levantamiento, ahora en su segundo mes, de US$130 millones ($2,9 mil millones en total).
Las noticias falsas fomentan la narrativa de odio
Como Joseph Humire del Centro por una Sociedad Libre y Segura indica, “esta es una amenaza que Colombia no puede resolver por sí sola”. Un problema internacional nos obliga a una solución internacional, la cual requiere combatir a la desinformación en los medios.
Aquí es donde entidades internacionales con grandes presupuestos han respaldado las manifestaciones. En tan solo tres días se coparon las redes sociales a través de 7 mil bots operando desde Rusia y Bangladesh. De este modo, lograron distorsionar la realidad con la creación de cientos de noticias falsas que pretendían captar la atención de las organizaciones de derechos humanos en contra de la Policía Nacional.
Además de pedir reformas a políticas públicas, los agresivos sindicatos aprovecharon la indignación y generaron simpatía internacional con la retórica de las propuestas progresistas: salario mínimo universal, educación universitaria gratuita, la teoría monetaria moderna, entre otras.
Duque ya ha aceptado reformar la Policía, así que ellos están siendo incongruentes. Sin embargo, ninguna reforma se hace de un día para otro, y atacar a los oficiales cuando ellos literalmente están siendo bombardeados es una receta para debilitar completamente el imperio de la ley.
El dinero de las drogas paga las cuentas
Detrás de la pantalla de humo de estas propuestas y acontecimientos está el narcotráfico. Maduro, según los propios señalamientos de las autoridades estadounidenses, es el jefe del cártel de los Soles, el más poderoso de la región porque cuenta con el apoyo del Estado venezolano. El narcotráfico pretende unificar sus operaciones, controlando un vasto territorio desde el Atlántico hasta el Pacífico, apoderándose de Colombia.
Los flujos ilícitos por tierra, con la ausencia de la ley similar a la de Venezuela, aumentarán significativamente. Si Colombia cae en manos de las OCT, esto perjudicará la seguridad nacional de toda la región.
Colombia es un país atrapado por la mafia y bajo ataque por parte de milicias urbanas de las guerrillas escudadas en una falsa protesta social. Si bien los medios de comunicación internacionales no han mostrado la situación correctamente, los congresistas de EE. UU. no pueden ver a Colombia a través de un prisma favorable a los usurpadores.
Fergus Hodgson es director de Econ Americas. María Fernanda Cabal es senadora colombiana.
La versión original en inglés se publicó primero en Epoch Times.
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