Testimonio de la senadora colombiana María Fernanda Cabal ante la Comisión Lantos

Si cae Colombia, caerá toda la región

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El objetivo de este asalto es, primero, derrocar al gobierno del presidente Iván Duque; segundo, debilitar a las instituciones democráticas. (Humano Salvaje)

Declaración enviada por la Senadora colombiana
María Fernanda Cabal
a la
Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos
para la audiencia
“Protestas en Colombia”
1 de julio de 2021

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La creencia generalizada fuera de Colombia es que la ola actual de violencia es en reacción a la propuesta de reforma fiscal que el presidente Iván Duque presentó en abril. Organizaciones criminales transnacionales (OCT), incluyendo narcotraficantes y tratantes de personas, y sus aliados totalitarios y mediáticos han creado esta falsa narrativa para enmascarar su violento intento de derrocar al Gobierno colombiano.

Una Colombia democrática y próspera amenaza al plan regional de los culpables y el control de los países que ahora dominan. Si conquistan Colombia, el hemisferio entero, incluyendo Estados Unidos, perderá libertad. Si los defensores de la libertad entienden la verdad y se unen con Colombia, podemos repeler la amenaza.

Durante los últimos dos meses, Colombia ha estado sometida a un feroz ataque, no solo por parte de fuerzas internas vinculadas a la guerrilla y al narcotráfico, sino también por parte de actores internacionales que buscan que nuestro país caiga en la órbita comunista de Cuba y Venezuela, por cuenta de organizaciones como el Foro de São Paulo o el Grupo de Puebla. La operación no ha terminado.

El objetivo de este asalto es, primero, derrocar al gobierno del presidente Iván Duque; segundo, debilitar a las instituciones democráticas para así justificar la imposición de una Asamblea Constituyente, similar a la que se convocó en Venezuela en 1999 o la que se impuso en Chile; y tercero, entregar el poder a los voceros políticos de las FARC, el ELN y el narcotráfico.

No es la primera vez que Colombia es blanco de grupos terroristas y del narcotráfico. A partir de los años 80 hasta los 2000, nuestro país estuvo a punto de sucumbir ante los cárteles de drogas. El Plan Colombia, implementado en 1999 con ayuda del Gobierno estadounidense, desempeñó un papel fundamental para forzar el retroceso del narcoterrorismo.

El virus de la insurrección en Latinoamérica

Hoy, los mismos enemigos están lanzando una nueva ofensiva. Están modificando las estrategias del pasado —orientadas entonces hacia las zonas rurales— para desplazar el conflicto hacia las zonas urbanas.

Para lograr este fin, están usando el mismo modelo que ya fue implementado en Ecuador, cuando el presidente Lenin Moreno retiró los subsidios a la gasolina; en Chile, cuando se elevó el precio del pasaje del metro en Santiago; e incluso en la propia Colombia, tan solo un año después de la elección de Iván Duque. Esta última implementación continúa pese a que el presidente Duque anunció el 2 de mayo que retiraría la reforma fiscal.

Las fuerzas comunistas usaron estas medidas gubernamentales como pretexto para desatraillar su previamente planificado asalto con protestas que quisieron presentar como espontáneas. No es distinto, por cierto, a lo ocurrido en los Estados Unidos luego del asesinato de George Floyd. Todo estaba preparado esperando la chispa.

Los caudillos venezolanos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no esconden su responsabilidad en estos hechos por toda Latinoamérica. Por el contrario, se ufanan de haberlos concebido y apoyado, y hasta le pusieron el nombre de “brisita bolivariana”. Cabello ha sido aún más explícito, al afirmar públicamente que él se encargaría de promover una guerra en territorio colombiano. Y ciertamente, se trata de una guerra, no solo por los altos índices de violencia, sino por el daño económico causado a la nación.

Tras olas de protestas violentas en Ecuador, Chile y Bolivia, algunos colombianos salieron a las calles en noviembre de 2019 para manifestarse contra el presidente Duque. Estaban al frente los sindicatos de trabajadores, quienes citaron como su motivación las reformas fiscales, laborales y pensionales. Sin embargo, otros grupos se unieron a las protestas para exigir gratuidad de la educación universitaria y la implementación definitiva al acuerdo de “paz” con las FARC.

Estas protestas llevaron a al menos US$60 millones en pérdidas económicas y daños a la infraestructura pública. Los grupos violentos aprovecharon las protestas para saquear ciudades y atacar a negocios. Luego de siete días de protestas, la Policía colombiana detuvo a 172 personas por robo, obstrucción de vías, violencia contra servidores públicos y daño a la propiedad de terceros. Con ese nivel de vandalismo quedó claro que no se trataba de una protesta pacífica y espontánea, sino de una protesta organizada y financiada.

En medio de ese contexto, se dio de baja a un miembro de la guerrilla del ELN, alias Uriel, responsable de las milicias urbanas de dicha guerrilla. En efecto, en su computador aparecieron cuentas detalladas de la financiación que el ELN brindaba a grupos juveniles en Bogotá para la promoción de la violencia. El periodista Herbin Hoyos ya había documentado el funcionamiento de las milicias urbanas.

Las noticias falsas atacan a autoridades legítimas

Mi equipo, con ayuda de unos investigadores forenses, demostró que civiles con armas ilegales habían participado en ataques contra estaciones de policía. En su momento, como ahora, la estrategia era el copamiento total de las autoridades, a las que llegaron incluso a intentar quemar vivas al interior de las estaciones. Detrás de las manifestaciones había mucho más de lo que saltaba a la vista de los incautos.

Al iniciar la pandemia del COVID-19, se frenó esta estrategia de la izquierda y dejaron de realizarse las marchas y bloqueos planificados por la oposición. Sin embargo, la llegada del coronavirus solo supuso la suspensión de la escalada de violencia. El 28 de abril de este año, los congresistas de la izquierda llamaron a sus huestes a las calles, para supuestas protestas pacíficas. En tan solo 3 días se coparon las redes sociales a través de 7 mil bots operando desde Rusia y Bangladesh.

De este modo lograron distorsionar la realidad con la creación de cientos de noticias falsas que pretendían captar la atención de las organizaciones de derechos humanos en contra de la Policía Nacional, un libreto idéntico al aplicado contra las fuerzas del orden en Chile y en Estados Unidos. Nos dimos cuenta de la debilidad que tienen países como Colombia para proteger el acceso a la información en las redes sociales.

En este link se puede consultar un informe detallado en español que entregamos a la CIDH con todas las noticias falsas, donde se puede ver cómo distorsionaban los videos para que los supuestos casos de brutalidad policial sirvieran como detonantes de nuevos actos de violencia, como efectivamente sucedieron. Esto demuestra que existe una red de comunicaciones muy compleja que logra abarcar la totalidad de las redes y logra, a través de aliados internacionales, tergiversar la narrativa, donde la izquierda está logrando invertir la realidad.

Mientras tanto, las instituciones, especialmente la Policía Nacional y su unidad antidisturbios, se enfrentan a hechos que desbordan su capacidad operativa.

Señores congresistas, no es coincidencia que las protestas se convirtieran en bloqueos violentos en el departamento del Valle del Cauca, el centro industrial y despensa agrícola del occidente de Colombia, que tiene salida al mar a través de uno de los principales puertos del Pacífico (Puerto de Buenaventura). Había un estudio perfectamente hecho por los violentos para impedir totalmente la movilidad de los ciudadanos y el transporte de mercancía.

Los vándalos han impedido el paso de ambulancias y carrotanques de oxígeno, claves para la atención de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en medio del peor pico de la pandemia. Vale la pena destacar dos casos aterradores que se presentaron en medio de los bloqueos sobre el personal médico: dos niños, uno recién nacido y una niña, murieron al interior de las ambulancias que los llevaban a recibir atención médica y cuyo paso fue impedido por parte de manifestantes violentos sin ningún límite moral.

Además, vandalizaron el 90 % del transporte público en la ciudad de Cali, destruyeron las redes de suministros de alimentos, acabaron con las empresas más importantes de la industria, especialmente la industria avícola, principal fuente de proteína de los colombianos más pobres. Llevaron al país al desabastecimiento y provocaron un aumento de precios que hizo aún más difícil la situación de pobreza y desempleo que vive el país. En medio del caos de las manifestaciones violentas se logró incautar más de $270 mil. Estos dineros provienen del Norte del Cauca, zonas cocaleras con presencia de las FARC y los cárteles mexicanos del narcotráfico.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda las pérdidas diarias por el mal llamado paro que cumple dos meses, son del orden de los $130 millones, con pérdidas generales en este periodo de tiempo de $2,9 mil millones.

Se han tergiversado las cifras de fallecidos durante las manifestaciones, buscando exagerar la situación. Muchos de los fallecimientos fueron presentados por la oposición y la extrema izquierda, como muertes por brutalidad policial; pero muchas de esas muertes no se produjeron en el marco de las protestas, ni en hechos relacionados, y otros han sido víctimas, no de la Fuerza Pública, sino de sicarios que aprovecharon el caos para cometer homicidios.

Sin embargo, señores congresistas, no han dicho la verdad, pues en las protestas la Policía y algunos civiles han sido las verdaderas víctimas.

Una nación asediada por los narcos

Este nivel de violencia y de organización nos llevan a descartar la tesis del estallido social espontáneo. Si bien es cierto que las manifestaciones de 2021 empezaron con la excusa por la presentación de una reforma tributaria, la cual buscaba reunir $6,5 millones para atender el crecimiento de la pobreza y el aumento del desempleo, esto no se trata de una protesta pacífica. Hoy, Colombia vive una toma guerrillera organizada como las que vivimos antes de la llegada del expresidente Álvaro Uribe a la presidencia (2002-2010).

Ahora las guerrillas se han trasladado a algunas ciudades y se han camuflado como aliados y manifestantes pacíficos. Como se demostró, en realidad son manifestaciones violentas financiadas por el narcotráfico y dirigidas desde el exterior.

Reiteramos que Colombia está bajo asedio. Tenemos como vecino el régimen de Nicolás Maduro que protege las mal llamadas disidencias de los terroristas de las FARC, quienes se enfrentan con bandas criminales y la guerrilla del ELN por los corredores del narcotráfico y están aliadas, una a la Guardia Nacional Bolivariana y otra al Ejército venezolano. Se sabe de la presencia de mercenarios rusos en territorio venezolano, y Colombia enfrenta una crisis de migrantes sin precedentes en la región, algunos de los cuales han sido instrumentalizados, otros han sido colectivos chavistas infiltrados en territorio colombiano como lo han revelado fuentes de inteligencia. Por si fuera poco, esta estrategia de desestabilización ha usado a los indígenas, que incluso han llegado a invadir propiedades privadas y protagonizar la destrucción de vehículos.

Según un informe del Ministerio de Defensa, desde el 28 de abril de 2021 se dieron 7.334 concentraciones y 2.464 marchas, se produjeron 3.541 bloqueos criminales e ilegales que dejaron 1.454 miembros de la Policía Nacional heridos, de ellos 1.392 hombres y 62 mujeres. Hoy continúan hospitalizados 6 miembros de esa institución.

Los terroristas urbanos han secuestrado a 13 policías en el departamento del Valle del Cauca.
Sus acciones violentas en el marco de las protestas han incluido el asesinato de dos policías, uno en la ciudad de Cali con arma de fuego y otro en Soacha, cerca de Bogotá, con armas cortopunzantes.

Es imposible que por más de 50 días grupos organizados de encapuchados puedan mantenerse en las calles sin una financiación a gran escala para comprar indumentaria y artefactos contundentes como armas de fuego, entre las que hay papas explosivas y bombas molotov, ácido y otros elementos para atacar a la Fuerza Pública. Estas acciones en contra de la Fuerza Pública requieren dinero, personas entrenadas y organización jerárquica. Es obvio que no se pudieron haber originado espontáneamente como producto de una protesta contra una reforma tributaria.

Debo recordar que desde el año 2015, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y por presión de las FARC, se decidió suspender la fumigación con glifosato para erradicar de manera efectiva cientos de miles de hectáreas de coca sembradas por los terroristas.

En 2015 en Colombia, de acuerdo con la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, había sembradas 159 mil hectáreas de coca. Luego, en 2016 pasó a 188 mil; en 2017, 209 mil; en 2018, bajó a 208 mil; en 2019 subió a 212 mil y en 2020 llegamos a la cifra récord de 245 mil hectáreas de coca con una producción de 1.010 toneladas métricas de cocaína.

La clave para entender lo que pasa en Colombia se llama narcotráfico. No olvidemos que Nicolás Maduro, según los propios señalamientos de las autoridades estadounidenses, es el jefe del cártel de los Soles, el más poderoso cártel de drogas de la región porque cuenta con el apoyo del Estado venezolano. El narcotráfico pretende unificar sus operaciones, controlando un vasto territorio desde el Atlántico hasta el Pacífico, apoderándose de nuestro país.

Pero es aún peor. Colombia es clave para la ruta terrestre de contrabando y migración irregular. Las OCT ahora envían sus productos por aire y mar desde Venezuela a Honduras y Guatemala. Con su control de Colombia, aumentarán significativamente los flujos ilícitos por tierra. Si Colombia cae en manos de los OCT, esto perjudicará la seguridad nacional de toda la región.

Colombia es un país atrapado por la mafia y bajo ataque por parte de milicias urbanas de las guerrillas escudadas en una falsa protesta social. Espero que este documento sirva para que el Congreso de los Estados Unidos tome la tarea de comprobar los hechos verificables sobre la difícil situación que vive Colombia, situación que no ha sido presentada correctamente por los medios de comunicación y que la comunidad internacional no puede seguir viendo con la miopía propia de las noticias falsas.

La versión original en inglés se publicó primero en la Comisión de DD.HH. Tom Lantos