Contexto
En Guatemala, la educación pública superior ha perdido de foco su principal razón de existencia, la educación. En un intento para quitar poder a los políticos, la Constitución convirtió a la universidad en una codiciada pugna de poderes entre grupos enraízados en la universidad e influencias exteriores con agendas políticas específicas. El principal objetivo de esta investigación es revelar cómo la universidad pública de Guatemala se ha desviado de sus metas educativas y mostrar el poder real que tienen algunas personas dentro de la universidad.
Guatemala es el hogar de algunas de las universidades importantes de Centroamérica, tales como la Universidad Francisco Marroquín (UFM), la Universidad del Valle (UVG), o la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Estas universidades son mencionadas en ránkings reconocidos internacionalmente como QS. USAC en 2021 tuvo como presupuesto alrededor de 334 millones de dólares, financiados principalmente por el 5% de los ingresos ordinarios de Guatemala. Además, al ser la única universidad pública del país, la USAC es considerada como el ente regulatorio de la educación superior guatemalteca.
El cuerpo legislativo interno de la USAC, el Consejo Superior Universitario (CSU), anunció que se realizarán las elecciones de rector para el periodo 2022-2026 el 27 de abril de 2022. El CSU aprobó y compartió el acta No. 43, que obedece las reglas establecidas la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Estatuto de la Universidad San Carlos de Guatemala y las Reglas del Proceso Electoral de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
OFICIAL | Convocatoria a elección de Rector de #USAC período 2022-2026. https://t.co/AxIAzo2D4l pic.twitter.com/mOOqEzcXcQ
— Universidad de San Carlos de Guatemala #USAC (@InfoUsac) October 7, 2021
La USAC tiene reglas básicas establecidas que todo candidato debe seguir para ser elegible como nuevo rector de la universidad. Algunas de estas reglas incluyen: ser guatemalteco y que la candidatura sea anunciada públicamente al menos dos meses antes de las elecciones. Si el candidato no cumple con los requisitos, otras elecciones se realizarán de forma inmediata.
El estado actual de la USAC
La USAC es la única universidad pública en todo el país y está involucrada constantemente en diversos escándalos de corrupción. El Impunity Observer, por ejemplo, ha reportado anomalías encontradas en las designaciones del magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) y su alterno. La USAC está atravesando un periodo de inestabilidad e incertidumbre causado por una crisis política que viene desde hace décadas.
¿A qué se debe la crisis? Una fuente íntima a la USAC le contó al Impunity Observer que, “la universidad se está volviendo una organización muy apetecida por muchos grupos de poder, donde algunos de estos están enraízados dentro de la misma institución con influencia de grupos externos”. Otras fuentes inmersas en la universidad, incluyendo un ex profesor, contaron que grupos con intereses específicos ven a la universidad como una gran oportunidad para ganar poder político y económico. Estos testimonios ayudan a corroborar que la universidad es mucho más que solo educación pública, donde hay mucho juego de poder político de por medio.
La USAC está terminando el periodo 2018-2022 con un rector interino después de que Murphy Paiz renunciara al cargo, ya que está siendo investigado por el Ministerio Público (MP) a causa del caso Comisiones Paralelas 2020, que trata sobre irregularidades en el nombramiento de estas designaciones clave. Paiz escribió a mano su carta de renuncia desde la prisión.
Desde la renuncia de Paiz, la USAC ha tenido cuatro rectores interinos: Gustavo Taracena, Wálter Mazariegos, Alberto García y Pablo Oliva. Ahora, en casi un año, el quinto rector será elegido el 27 de abril. El periodo de campaña en la universidad se vuelve muy intenso, ya que los candidatos, conscientes de lo que está en juego, gastan grandes cantidades de dinero y otros recursos para ganar la contienda.
Hasta el momento, hay seis candidatos que están aspirando al cargo: María Paz Cabrera, directora general del Centro Universitario de Occidente; Luis Arturo Suárez, decano de la facultad de economía; Carlos Valladarez Cerezo, exdecano de arquitectura y ex secretario general del CSU; Wálter Mazariegos Bioelis, decano de la facultad de humanidades; Erwin Calgua Guerra, exdirector de investigación en la facultad de medicina; y Abraham Baca Dávila, excomunicador del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La USAC está invadida de supuestos casos de corrupción casi a diario. Sus autoridades, como decanos y rectores, deben ir constantemente a declarar frente a las citaciones del MP sobre numerosos casos de actividades ilegales. Recientemente, el MP acusó al decano de derecho, Henry Arriaga, y al exrector, Estuardo Gálvez, de irregularidades al dar un contrato para la construción de un nuevo edificio de la universidad en 2014. El MP llamó a ambos a testificar el 25 de enero.
De acuerdo a fuentes dentro de la universidad, la malversación de fondos no es la forma más común de corrupción dentro de la institución. De hecho, la fuente afirma que, “no es fácil de hacer porque hay como cuatro diferentes filtros de auditoría que se deben pasar”. En cambio, “el tráfico de influencias es algo mucho más común y pasa todo el tiempo en la universidad”, comenta la fuente. Sin embargo, es importante recalcar que, a pesar de que no sea lo más común, todavía existen varios casos de malversación de fondos como los que involucran a Arriaga y a Gálvez.
¿Qué está en juego en las elecciones?
Mediante la ley guatemalteca, la USAC tiene en su poder más que sólo el 5% de los ingresos ordinarios nacionales, sino que nombran designaciones y comisiones fundamentales en áreas clave de la política y el órgano judicial. Sin embargo, el rector no está enteramente al control de esto. El CSU nombra a diferentes personas en sitios estratégicos políticos, judiciales y de participación social como el caso de la Junta Monetaria, la CC, el Ministerio de Economía y 62 más.
El CSU está compuesto de diversos grupos a través de representaciones. Entre estos miembros, es posible identificar a los decanos de las facultades con derecho al voto, representantes estudiantiles, representantes de los colegios de profesionales, profesores, rectoría y otras autoridades. El CSU tiene un total de 42 miembros que pueden votar.
La universidad se ha vuelto la mayor fuente de poder político en toda Guatemala. Ninguna otra organización tiene tal fuerza política e injerencia en el ámbito público. La USAC tiene voz y voto en cada uno de los poderes del Estado: en el ejecutivo, el judicial y el legislativo. En el poder ejecutivo, la universidad pública tiene representación en órganos como la Junta Monetaria. En el legislativo, es uno de los cuatro cuerpos no gubernamentales que puede presentar proyectos de ley en el Congreso y es la única universidad en todo el mundo que puede hacerlo. En el judicial, tiene un representante en casi todas las cortes, incluyendo la más importante, la Corte de Constitucionalidad. Así, la USAC tiene representación en casi todos los organismos gubernamentales y un gran poder consigo.
No obstante, el enfoque principal y todos estos poderes se desviaron de su objetivo principal, brindar educación de calidad para los jóvenes guatemaltecos. El caso de Paiz es sólo uno más de una larga lista de casos de supuesta corrupción y deshonestidad entre rectores y más autoridades de la USAC. Algunos de sus predecesores, como Gálvez Barrios y anteriores a él, han tenido casos similares en su paso por la universidad. En el particular caso de esta institución, obtener el 5% de los ingresos ordinarios de todo el país parece algo de menor importancia en comparación con la injerencia política y judicial que las autoridades tienen.
De sobremanera, a menudo surgen quejas e inconformidades a causa de una aparente falta de transparencia a lo largo del proceso electoral. Por ejemplo, el 7 de enero, estudiantes de un sindicato de la universidad invadieron el campus principal en Zona 12 y dijeron: “Nos oponemos a las elecciones de rector porque ya están compradas por el Consejo Superior Universitario (CSU)”. Así, los estudiantes expresan su descontento sobre la actual crisis que atraviesa la universidad.
El 10 de enero, la organización estudiantil Frente Universitario (FU) invadió el campus universitario y reclamó que el acta No. 43 no había sido debidamente compartida, sin seguir las debidas reglas ni los protocolos. Asimismo, el FU ha buscado incentivar una participación activa por parte de actores fundamentales como estudiantes, profesores y otras organizaciones. La participación en las elecciones son clave para dejar bases sentadas en procesos transparentes, legítimos y democráticos al escoger esta nueva rectoría. En general, los estudiantes buscan un proceso legítimo, transparencia y una mejoría en la calidad de la educación.
Importancia de la ley
Las universidades en Guatemala tienen un rol activo en diferentes esferas políticas y judiciales, especialmente la USAC. La Constitución busca garantizar espacio directo y participación desde la academia. De acuerdo con Luis Figueroa, un profesor guatemalteco de la UFM y profesional de relaciones públicas, en el siglo XX las autoridades locales buscaban disminuir la corrupción, el abuso de poder y la deshonestidad, quitando el poder absoluto a los políticos. Así surge la pregunta, ¿quién recibiría todo ese poder? La academia. Para las autoridades, esta era la mejor fórmula para combinar el servicio público con la academia.
A pesar de las buenas intenciones de hacer a la academia una institución fuerte que sería un contrapoder de los políticos, la realidad se ha venido dando de forma diferente. Grupos con intereses individuales, que están ya enraízados dentro de la misma institución, han comprometido a la educación pública superior y han fomentado las facciones políticas en la institución. Hay estudiantes que llevan décadas en la universidad pero no buscan graduarse por el poder que tienen.
USAC, la única universidad pública del país, recibe más privilegios que cualquier otro establecimiento educativo privado. Entre estos privilegios, podemos encontrar uno de los más fundamentales: la designación de un magistrado titular y uno suplente en la Corte de Constitucionalidad. Los otros miembros son designados por la Corte Suprema, el Congreso, el presidente y el Colegio de Abogados. La Constitución también garantiza al menos el 5% de los ingresos ordinarios de Guatemala a la universidad, pero este porcentaje debe ir subiendo de acuerdo a la cantidad de estudiantes y la evolución del establecimiento.
En todo caso, la Constitución también garantiza diferentes separaciones, al menos en el papel. El documento afirma que la USAC debe tener una completa autonomía y su propia personalidad jurídica, expresando así que, como institución educativa, debe promover la investigación y generación de conocimiento en todas las esferas del saber humano. Pero, las autoridades de la USAC están mucho más involucradas en estos juegos de poder que en la educación que brindan a sus estudiantes. Varias fuentes han compartido con el Impunity Observer que los rectores dejan de lado el aspecto educativo en comparación con los diferentes poderes que les brinda la Constitución. Por ejemplo, han existido muchas quejas por parte de los propios estudiantes debido a la mala organización para el regreso a clases presenciales.
Consecuencias de la ley
Usualmente, el objetivo principal de las universidades públicas es ayudar al crecimiento de las mentes de los jóvenes para que el país tenga profesionales más preparados y tener un país más productivo. Sin embargo, como ha sido resaltado anteriormente, el poder casi desmesurado que la Constitución otorga a la universidad ha desvirtualizado el sentido de la educación pública universitaria.
A causa de la ley, las elecciones de rector de la USAC son, sin lugar a dudas, una de las elecciones más importantes en todo el país. La educación pública de Guatemala se ha vuelto un juego de poder, donde se pierde el objetivo de brindar una educación de calidad para sus ciudadanos. Mientras tanto, en universidades privadas las autoridades no tienen el tiempo para juegos políticos porque están enfocados en mejorar sus mallas curriculares, capacitar a sus profesores, crear eventos educativos e innovar modalidades de educación.
En las últimas décadas, la USAC se ha vuelto un foco para un sinnúmero de escándalos de corrupción a nivel de todas sus diferentes autoridades. Rectores, decanos, profesores, miembros administrativos y otros han dado al MP abundante trabajo investigativo. El otorgar tal poder a una universidad ha causado una merma en la calidad de la educación que se brinda a la población. Ahora, diferentes grupos de intereses buscan a la educación por su alto poder político y económico, mas no por una vocación de servicio público. Así, el rector de la USAC es una de las personas más poderosas e importantes de todo el país.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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