Violenta arremetida de la izquierda en Ecuador busca derrocar al presidente

Guillermo Lasso no logra aplicar la ley ni terminar con la intentona golpista

Ecuador Paro Nacional

Alrededor de 7.000 indígenas de todo el país se instalaron en la capital en oposición al Gobierno. (DDHH_Alianza)

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Los constantes tropiezos durante el primer año de Gobierno de Guillermo Lasso, han dado pie a que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se tome las calles del país en una nueva jornada de violentas protestas. Con el subterfugio de buscar alivio al bolsillo de los más desfavorecidos, los cabecillas están en contubernio con las redes criminales. Ellos han emprendido una ofensiva que busca subvertir el orden democrático y derrocar a Lasso.

El paro nacional inició el 13 de junio con cierres viales en las principales carreteras del país y fuertes confrontaciones con agentes policiales y autoridades. La convocatoria inicial no tuvo la acogida esperada por sus organizadores. Sin embargo, funcionarios de gobierno ordenaron la apresurada detención del presidente de la Conaie Leonidas Iza por provocar disturbios violentos. Otro error estratégico, esta acción intensificó los ánimos de los manifestantes que se radicalizaron para exigir su liberación.

Ante la acelerada escalada del conflicto, el Gobierno decretó un Estado de Excepción durante 30 días en nueve provincias del país. Así mismo, se dieron respuestas a las exigencias de la Conaie al tiempo que la fiscalía liberaba a Leonidas Iza.

Pese a ello, no se ha logrado frenar el avance de las protestas. Al contrario, alrededor de 7.000 indígenas provenientes de todo el país se instalaron en la capital para incrementar la presión hacia el Gobierno.

Tras la fachada del bienestar popular, las facciones más radicales del movimiento indígena —de ideario marxista— han puesto en marcha una agenda de desestabilización. Ellos tienen como objetivos acrecentar su poder político, dinamitar las instituciones democráticas, y de ser posible, derrocar al presidente de la República.

Según informó el viceministro de Economía, José Gabriel Castillo, las pérdidas económicas generales desde que inició la paralización ya alcanzan los $500 millones. El riesgo país se ha disparado hasta los 1.139 puntos, cerca del doble que en mayo de 2021. El riesgo país, elaborado por JP Morgan, es inverso al indicador de confianza de los inversores en Ecuador.

Un año lleno de turbulencias

Con una tendencia política hacia la liberalización de los mercados, el movimiento gobernante CREO cuenta con solo 12 escaños de 137 en la Asamblea Nacional. Puesto que la mayoría de asambleístas abogan por el socialismo, CREO no ha podido generar alianzas políticas. Esto le ha imposibilitado al Gobierno emprender su ambicioso paquete de reformas, el cual incluye una reforma laboral y una ley para atraer nuevas inversiones al país.

La oposición también forzó a Lasso a romper su promesa de campaña de no subir impuestos. En alianza con el movimiento político del ex presidente autoritario Rafael Correa, CREO pasó la reforma tributaria. Aunque esta ha permitido reducir el déficit fiscal, también ha golpeado los bolsillos de la clase media y los emprendedores.

Además de los retos económicos exacerbados por el débil liderazgo político, la inseguridad también ha aumentado. Si bien la criminalidad está muy por debajo de países como Colombia o Venezuela, este ha duplicado su tasa de homicidios en tan solo tres años. Mientras que en el año 2018 la tasa se ubicaba en 7,4 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, para el 2021 registró una tasa de 14.

El tema de la salud pública es otra de las grandes preocupaciones. No se logran avances significativos para abastecer medicamentos e insumos a los hospitales públicos. Las redes de corrupción han copado los establecimientos, imposibilitando que se puedan brindar mejoras.

Según la evaluación del primer año de gobierno de la Escuela de Negocios de la Universidad San Francisco de Quito, los avances han sido escasos y poco sostenibles en el tiempo. De doce indicadores solo cuatro—crecimiento económico, libertad económica, obertura comercial y reducción del déficit—han mostrado relativa mejora. Los demás se encuentran estancados o incluso retrocediendo. Siendo justos, la mayoría son complicados de impulsar en un año.

Una segunda arremetida

Ecuador ya vivió en 2019 una similar violenta jornada de protestas. Los disturbios dejaron entonces ocho víctimas mortales, cientos de heridos y millonarias pérdidas económicas y patrimoniales.

En esa ocasión, la motivación fue un decreto del entonces presidente Lenín Moreno que eliminaba el subsidio a los combustibles que ha distorsionando la economía ecuatoriana por cuarenta años. Para evitar un golpe de Estado, Moreno aceptó aplicar una reducción gradual del subsidio. Lasso detuvo esta reducción en marzo de 2022.

Los principales gestores de la violencia de octubre de 2019 fueron encausados penalmente ante la justicia. Sin embargo, los legisladores decidieron amnistiar a los terroristas como un gesto de “reconciliación nacional”. Hoy, gracias a la impunidad que les otorgó la clase política, retornan envalentonados a infundir el caos.

En esta ocasión, las protestas ya no son promovidas por algún decreto antipopular. Esta vez la Conaie presentó 10 exigencias, en su gran mayoría disparatadas, y espera que el Gobierno las acate al pie de la letra para poner fin a la ola de violencia, algo inconcebible en democracia.

Las exigencias de la Conaie incluyen reducir el precio de los combustibles, prohibir las privatizaciones, condonar deudas en los bancos e imponer controles de precios, estas son contrarias a la lógica económica. Ecuador tiene uno de los precios de los combustibles más bajos de la región, así como la inflación más baja. También cuenta con uno de los salarios básicos más altos, y todas estas imposiciones ya se interponen en el camino de muchas más oportunidades económicas para los que las necesitan.

Mientras que Ecuador tiene muchos otros problemas socioeconómicos reales que necesitan atención, bloquear vías e incitar a la violencia no hacen más que socavar la estabilidad, la confianza y la prosperidad. El paro nacional y las medidas propuestas son inviables y empeoran los mismos retos que supuestamente quieren solucionar.

Desestabilizar para forzar un golpe

El 23 de junio, la Conaie respondió a la propuesta de concesiones del Gobierno presentada por Lasso y pidió que el diálogo se lleve a cabo de forma cerrada, con modalidad uno a uno y sin mediadores.

Sin embargo, los manifestantes han seguido bloqueando las vías y abrumando a las fuerzas del orden. “Queda en sus manos: escalar la violencia o responder los diez puntos” dijo el presidente de la Conaie a Lasso. Sin embargo, Lasso simplemente no tiene la autoridad para satisfacer sus demandas, las cuales dejarían al país en caos; la verdadera agenda es derrocar a Lasso.

Al final del libro “Estallido” un relato con el cual Iza busca justificar el terrorismo de octubre de 2019, exclama: “La luz al final del túnel proviene de la afirmación creída, buscada e impostergable: Comunismo indoamericano o barbarie”. Manifestando así, sus claras intenciones.

El modus operandi de estas protestas—cierres de carreteras, extorsión, saqueos y motines—ha sido calcado de las turbas orquestadas por las izquierdas en países como Colombia o Chile, lugares donde instauraron el terror y hoy se han hecho con el poder.

El Grupo de Pueblo—una alianza latinoamericana de organizaciones políticas socialistas—ya ha dado pinceladas de su estrategia para controlar el poder en la región. Cuando la fuerza pública actúa para restaurar el orden, estos intensifican sus provocaciones para instalar una batalla campal. El objetivo es configurar un escenario con el cual victimizarse y justificar su derecho a la resistencia, en este caso contra un “represor gobierno neoliberal”. El expresidente de Bolivia Evo Morales, colega de Leonidas Iza, se ha referido en la misma sintonía en un tuit.

Al doceavo día del Paro Nacional, ascienden a cinco las muertes en estas protestas. Tres personas murieron mientras participaban en las protestas, pero otros dos fallecieron por que las ambulancias que los transportaban no pudieron pasar entre las trubas y cierres. Los manifestantes han contaminado el sistema de agua potable de una ciudad con aceite de motor, han ocupado pozos petrolero, han atacado las instalaciones de la Fiscalía y la Contraloría, han secuestrado y violentado a policías, militares y jueces. Un cuartel policial, un convoy militar y un banco han sido calcinados.

El ministro de defensa, Luis Lara declaró: “Estas acciones coinciden con el brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado. Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana, se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones”.

Vale tener en cuenta que el Gobierno ha batido récord históricos en la incautación de droga. En 2021 se incautaron 210 toneladas y en lo que va del 2022 la cifra supera las 80 toneladas. Esto supone un golpe sin precedentes al narcotráfico en el país.

En síntesis, mientras el país aún no ha logrado recuperarse de los estragos ocasionados por la pandemia y ahora también por los embates derivados de la guerra de Rusia en Ucrania, ahora también tiene que sufrir una paralización ocasionada por grupos radicalizados, que mediante el terrorismo urbano buscan imponerse por fuera del juego democrático y subvertir las instituciones.

Andrés Sebastián Díaz Ponce

Andrés Sebastián holds a bachelor’s degree in political science and international relations from the University of the Americas, Ecuador. He founded Libertario, a Spanish-speaking community that promotes the ideas of liberty in Latin America, and he collaborates with the Ecuadorian liberal think tank Libre Razón. Follow @asdp250.

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