El gobierno de Estados Unidos ha priorizado la lucha contra la corrupción en los países en desarrollo, como se refleja en la política oficial del Departamento de Estado. Esta política también continúa en la USAID y en ningún lado se la implementa con tal énfasis como en Centroamérica, especialmente en Guatemala.
La guerra contra la corrupción ha revelado nuevos extremos de hipocresía y ha socavado las relaciones diplomáticas con aliados estratégicos. En medio de la tensión, China está aprovechando la oportunidad y ganando terreno en América Latina, tanto comercial como militarmente.
En pocas palabras, la teoría de la que se deriva esta política indica que, en países como Guatemala, el crecimiento económico llega una vez que se controla la corrupción y se fortalecen las instituciones. Con más oportunidades económicas, el flujo de migrantes ilegales hacia Estados Unidos disminuirá.
Dadas las múltiples acusaciones sobre la politización y corrupción en torno a las —una vez veneradas— instituciones estadounidenses (el Departamento de Estado, el FBI, el Departamento de Justicia, y la CIA) y altas autoridades como Pelosi y Biden, no es de sorprenderse que este argumento sea poco persuasivo en el extranjero. Los líderes políticos, empresarios, académicos y activistas del resto del mundo atienden de cerca los eventos estadounidenses. Por ende, muchos saben que la posición moral de Estados Unidos para dictar a otros cómo deben manejar sus asuntos políticos es débil, por decir lo menos.
Estados Unidos es el país desarrollado con el peor puntaje en control hacia la corrupción, de acuerdo con los más recientes datos del Banco Mundial. En esta variable, Estados Unidos se ubica en el puesto 34, ni siquiera cerca de los mejores 25. Estados Unidos está por debajo de Andorra, Bahamas, Brunei, Bután, e incluso de Emiratos Árabes Unidos.
A pesar de que el ejemplo de Estados Unidos y su credibilidad son deficientes, la política estadounidense está en lo correcto al asociar mayor control hacia la corrupción con niveles más altos de desarrollo económico y calidad de vida. Los países desarrollados como Estados Unidos tienen mejores puntajes que el promedio mundial en lucha contra la corrupción, desempeño económico y cualquier otro indicador de bienestar. Los datos de los distintos indicadores son demasiados para mencionarlos aquí, pero sus correlaciones son fáciles de verificar.
Ahora bien, la evidente relación entre el control hacia la corrupción y el bienestar nada dice acerca de cómo los países lograron mejores puntajes en lucha contra la corrupción y desarrollo. Lant Pritchett, economista de desarrollo de la Universidad de Oxford, argumenta que la regla general es que los países primero crecen y después controlan la corrupción. De acuerdo con Pritchett, no es lo habitual que los países en vías de desarrollo lleguen a un mundo de reglas para alcanzar un importante crecimiento económico. La idea es que, una vez que se inicie un episodio de crecimiento, se genere un sistema de retroalimentación positiva donde el crecimiento impulse el fortalecimiento institucional y que a su vez contribuya al crecimiento económico.
El argumento de Pritchett es contrapuesto a la estrategia anticorrupción estadounidense.
Hay varias razones para cuestionar la narrativa estadounidense sobre la relación corrupción-crecimiento. Primero, el argumento político: Estados Unidos presiona a sus aliados estratégicos en Centroamérica como Guatemala —a veces de forma agresiva— y busca imponer una solución rápida al perenne problema de la corrupción. Esto ha causado gran revuelo político en Guatemala. China, que ha hecho enormes incursiones en América Latina, no hace peticiones similares en los países donde comercia e invierte.
Cuando presiona a sus aliados en Centroamérica, la narrativa estadounidense es que la inversión extranjera no llegará donde existe corrupción o una democracia débil. Esta narrativa es falsa, lo que es comprobable. Por ejemplo, Estados Unidos es el inversor más grande en China. Su inversión ha aumentado uniformemente en el país dictatorial desde el año 2000. Después de Estados Unidos, China es el destino que más inversión extranjera directa recibe en el mundo, por lo que no son solo las compañías estadounidenses las que escogen invertir donde no existe democracia y abunda la corrupción.
Segundo, el argumento económico: no se ha demostrado que un menor nivel de corrupción sea necesario para mejorar el desempeño económico. Desafortunadamente, la data histórica sobre corrupción es reciente, pero desde 1996 el Banco Mundial ha registrado información relevante al tema en sus indicadores de gobernanza.
Si consideramos el puntaje del índice de control de corrupción (del 0 al 100, donde 100 es el mejor) de los 136 países en desarrollo en 1996 y los comparamos con su correspondiente crecimiento del producto interno bruto en dólares estadounidenses de 2015 (PIB real) de 1996 a 2021, la correlación es negativa pero moderada (-0,33).
Otra forma de analizar la relación entre corrupción y crecimiento económico es medir el cambio en el puntaje del índice de control de corrupción versus la variación del PIB real. Esta medida refleja una correlación positiva pero insignificante (0,15) para 137 países. Muchos países flaquearon en sus puntajes de control hacia la corrupción pero pudieron aumentar su PIB real de forma significativa. Cambodia y Panamá destacan. Otros casos, como Birmania, Irak y Georgia, apuntan a lo contrario.
Las dimensiones políticas y económicas del argumento estadounidense para priorizar la lucha contra la corrupción por encima de todo lo demás, en un intento de provocar cambios positivos, están siendo contraproducentes. China aparentemente está en busca de obtener presencia naval en Nicaragua, lo que sería un factor fundamental y permanente a los intereses de seguridad de Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos ataca a sus más cercanos aliados como Guatemala, se descuida el hecho de que China está desembarcando en sus costas.
Estados Unidos haría bien en dejar de dar lecciones de moralidad y trabajar con sus aliados reales en propio beneficio.
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