Lo que significa la reforma electoral de AMLO para la democracia

El presidente mexicano centralizaría aún más las elecciones

El presidente mexicano AMLO ha propuesto una reforma constitucional para reformar el sistema electoral del país. (Wikimedia)

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El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha propuesto una reforma constitucional para reformar el sistema electoral del país. A pesar de debatir desde finales de octubre, miembros del Congreso de la Unión, el cual es un sistema bicameral, todavía no han llegado a un acuerdo sobre la propuesta.

Aquellos que se oponen a AMLO y el partido oficialista Morena mantienen que la reforma arriesgaría la democracia en México.

Uno de los cambios propuestos reemplazaría el Instituto Nacional Electoral (INE) con el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). El INE es una institución que cuenta con un 87% de aprobación, más alto que el 59% de aprobación hacia AMLO.

Aparte de cambiarle el nombre, el Gobierno tendría una influencia más directa sobre la nueva entidad.

La enmienda constitucional se aprobará solo si al menos dos tercios de ambas cámaras votan a favor. Las reformas podrían afectar las elecciones presidenciales de México en 2024. Si se rechaza, el gobierno de turno podría presentar una reforma con enmiendas, pero cómo procedan permanece incierto.

¿Cuáles son las reformas propuestas?

De acuerdo con la administración de AMLO, la reforma busca “brindar al país un sistema electoral seguro, confiable y que respete el voto de la gente”.

Los diez principales cambios son:

  1. Reemplazar el INE con el INEC, que según la administración de AMLO será autónomo.
  2. Reducir el número de diputados de la cámara baja de 500 a 300.
  3. Reducir el número de senadores de 128 a 96.
  4. Los tres poderes de la Unión seleccionarían una lista de personas para que sean candidatos a consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Federal Electoral. El pueblo luego los votaría.
  5. Reducir los consejeros del ente electoral de 11 a siete.
  6. Limitar los fondos públicos de partidos políticos solo a campañas electorales.
  7. Reducir la publicidad política en radio y televisión de 48 a 30 minutos por día.
  8. Reducir el requisito de participación electoral de 40 a 33% para que una consulta sea vinculante.
  9. Eliminar los 32 Organismos Públicos Locales (Oples), quienes se encargan de organizar y validar las elecciones para gobernadores, alcaldes y otras autoridades locales.
  10. Implementar el voto electrónico.

¿Cuáles son las implicaciones de la reforma?

Contrario a la declaración de la administración de AMLO acerca de que la reforma aseguraría un sistema electoral independiente, esta brindaría más poder al Gobierno central. El Ejecutivo, Legislativo y Judicial nombrarían cada uno a 20 candidatos para consejeros del INEC. La reforma no especifica requisitos para los candidatos.

Ya que la reforma eliminaría a los Oples, el INEC y sus siete consejeros se encargarían de coordinar todas las elecciones en México. El INEC también tendría la última palabra en cuanto a la validez de las elecciones.

Actualmente, el INE designa a los consejeros de los Oples basados en sus habilidades y en los resultados de dos diferentes exámenes sobre el sistema judicial y el sistema electoral. Ahora los funcionarios públicos están prohibidos de hablar públicamente en periodo de elecciones, pero la reforma les permitiría hacerlo.

Con los recortes de presupuesto que significa la reforma, la administración de AMLO prevé que la propuesta les permita ahorrar alrededor de $1.200 millones de dinero de los contribuyentes al año.

No hay escasez de críticas al autoritarismo

Miembros del Congreso de diversos partidos políticos, así como líderes de la sociedad civil, se han envuelto en un caliente debate con respecto a la reforma electoral.

A finales de octubre, un grupo de profesores mexicanos enviaron una carta al Congreso rechazando la reforma. Entre los firmantes estaba Denise Dresser, politóloga del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), así como profesores de otras reconocidas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia de Economía (CIDE), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Iberoamericana.

Para ellos, la enmienda es “una amenaza a las elecciones limpias y justas”. Además, ellos dicen que esta “debilitará la institución electoral a tal punto que la autonomía y credibilidad de las elecciones serán cuestionadas”.

De igual manera, Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) —el principal partido de oposición en México— argumentó que la “reforma busca eliminar los contrapesos del poder y acabar con el árbitro electoral autónomo”. A nombre del PAN, Cortés ha declarado que la reforma desmantelaría el sistema electoral para brindarle control absoluto al Ejecutivo.

El consejero del INE Lorenzo Córdova advirtió que la reforma podría ser un retroceso para el sistema electoral de México. Asimismo, él explica que, en contraste con los argumentos del partido oficialista, cambiar las labores de las autoridades electorales no es suficiente para promover la democracia.

De forma similar, representantes de la Iglesia Católica declararon que la reforma representaría una regresión para la democracia. AMLO respondió que respeta la opinión de la Iglesia, pero no está de acuerdo.

Al contrario, Mario Delgado, líder de Morena —el partido de AMLO— mantiene que el INE ha reducido la “legitimidad” del proceso electoral. Él también expresa que la oposición está “defendiendo sus redes de complicidad con la élite electoral y no está actuando en pro de la democracia ni de los intereses de los mexicanos”.

La reforma, Delgado exclama, eliminaría los “privilegios heredados del régimen corrupto neoliberal”.

Para AMLO, la reforma ayudará a evitar el “fraude electoral” en elecciones futuras. Él dijo: “Queremos tener una democracia auténtica y verdadera en el país”.

En recientes declaraciones, el presidente atacó a Córdova y al PAN en lugar de argumentar a favor de la reforma. Él sostiene que el PAN se opone a la reforma porque sus miembros “quieren continuar siendo dueños de México”.

El rol histórico del INE

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dominó la política mexicana por 70 años. Conocido como la “dictadura perfecta”, el PRI estuvo al mando desde 1929 hasta el 2000. El PRI centralizó las instituciones y la toma de decisiones políticas, todo esto mientras hacían de la corrupción, el fraude y el autoritarismo parte del sistema.

En 1990, el Instituto Federal Electoral (IFE) surgió para garantizar elecciones transparentes y legítimas. Seis años más tarde, la Constitución fue modificada para darle autonomía al IFE. En 2014, este cambió su nombre a INE.

Desde su creación, el INE ha garantizado competencia entre ideologías y partidos. Joy Langston, profesora de ciencia política en CIDE, explica que el INE ha contribuido a la creación de reglas claras para los actores políticos.

El sistema actual de nombramientos del INE garantiza la competencia entre los miembros del organismo electoral. Como se muestra en los altos índices de aprobación, el INE ha generado una relativa confianza entre las instituciones electorales y los mexicanos.

Sin embargo, una encuesta de opinión hecha pública por el INE el 3 de noviembre muestra que 51% está de acuerdo con la reforma electoral propuesta. Específicamente, los participantes apoyan las reducciones de presupuestos para los partidos políticos y la reducción de senadores y diputados.

AMLO criticaba al INE incluso antes de ser presidente. En 2006, cuando perdió las presidenciales contra Felipe Calderón del PAN, él declaraba que las elecciones estaban arregladas. AMLO sigue alegando que fue víctima de un fraude electoral.

Así mismo, AMLO y otros miembros de Morena —incluyendo a Delgado, líder del partido, y el gobernador de Michoacán Alfredo Bedolla— han acusado al INE de malversación de fondos. Declarando que algunos asistentes de los consejeros del INE ganan casi lo mismo que AMLO, ellos abogaban por la reducción de su presupuesto.

La Cámara de Diputados aprobó un recorte presupuestario del INE de alrededor de $230 millones el 29 de octubre. Sin embargo, la Corte Suprema dijo que el Congreso debe presentar una justificación apropiada. Los diputados desafiaron el dictamen y, debido a que tienen autoridad exclusiva sobre el presupuesto de la Unión, redujeron el presupuesto de todas formas.

Mauro Echeverría

Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.

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