8 de diciembre de 2022
El honorable Antony Blinken
Secretario
Departamento de Estado de EE. UU.
2201 C St. NW Washington D.C.
Estimado secretario Blinken,
Escribo para solicitar información sobre el reporte de la Sección 353 de actores corruptos y antidemocráticos, con fecha del 20 de julio de 2022. Estoy solicitando información de los mecanismos y criterios de selección considerados para clasificar a personas en el Triángulo del Norte como “corruptas” y “antidemocráticas”.
Los criterios publicados por el Departamento de Estado son insuficientes y generan cuestionamientos razonables sobre un sesgo político en el proceso de clasificación, especialmente a causa de la falta de claridad en las medidas de protección proporcionadas en el debido proceso a los acusados. Para que la lista de personas sancionadas tenga credibilidad y legitimidad, es de suma importancia que el Departamento de Estado sea transparente sobre la evidencia y los criterios utilizados para acusar a personas de ser actores corruptos y antidemocráticos.
En cuanto a lo que el Departamento percibe como evidencia creíble, el reporte menciona que el secretario puede designar individuos como corruptos y/o antidemocráticos “basado en información o alegaciones creíbles sobre la conducta en cuestión, de reportes de medios y otras fuentes”. Esto le brinda credibilidad a la percepción de sesgo político en la aplicación de la Lista Engel ya que los medios en sí están sujetos a un rampante sesgo político, así como cualquier estadounidense conservador puede testificar.
La aplicación de la Lista Engel y el reporte de la Sección 353 necesita estar basada en evidencia confiable que pueda superar el escrutinio en una corte competente, si se pretende que Estados Unidos sea un promotor creíble del Estado de derecho en países aliados. El reporte de la Sección 353 no puede estar basado en narrativas políticas promovidas por medios sesgados y activistas políticos que presionan con narrativas de solo un bando y agendas específicas en Guatemala, El Salvador y Honduras; especialmente cuando estos medios y activistas políticos están alineados y son promovidos por el Departamento. Esta maña de crear una red circular en la que el Departamento promueve sus puntos de interés a través de medios afines y oenegés aliadas en Centroamérica, para luego utilizar esos reportes para convertir a las sanciones estadounidenses en armas contra los conservadores, oponentes políticos de sus medios y oenegés aliadas es inaceptable y contraria al Estado de derecho.
La percepción de que nuestra política de sanciones está siendo aplicada de manera equívoca debido a sesgos políticos del Departamento de Estado es razonable, basado en evidencia previa. El Departamento respaldó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, conocida como Cicig, la que abusó de su poder al perseguir de forma atroz a particulares asociados con la política coservadora, tal como el senador Marco Rubio y yo hemos resaltado en el pasado. Más directamente, otra vez sin brindar ninguna evidencia, el Departamento ha librado ataques incesantes en contra de la actual fiscal general, Consuelo Porras, una aliada leal a Estados Unidos en la guerra contra las drogas y la trata de personas, tal como los representantes del Congreso Buck, Crawford y Salazar resaltaron en su carta dirigida a usted con fecha del 30 de junio de 2022.
Ahora, con la creación el año pasado del Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACTF), completa con una línea directa dirigida por el FBI, existen aún más motivos para preocuparse por la selectiva persecución a conservadores por parte del Departamento de Estado. He clarificado públicamente mis preocupaciones sobre los abusos y pasos en falso del FBI en nuestro país. Estoy comprometido a verificar que exportemos solo lo mejor de nuestro sistema de justicia, mas no el abuso de poder.
La lista de evidencias de abusos pasados brinda credibilidad a las percepciones de abusos actuales por parte del Departamento de Estado en su aplicación de la política de sanciones estadounidense. Otro hecho preocupante es que el Departamento de Estado reconoce que su programación del Estado de derecho (ROL) es político. La guía de practicantes del ROL de Usaid explícitamente establece que el “ROL tiene un empeño político que no tiene un camino estándar al éxito” (página cuatro). No es de extrañar que existan percepciones de sesgo político del Departamento de Estado cuando los documentos de la agencia bajo su control libremente admiten que su acercamiento al ROL es de una perspectiva política, no jurídica.
En el pasado, le he planteado mis dudas a usted debido a unos tuits de Todd Robinson, subsecretario de Estado para asuntos de narcóticos a nivel internacional y cumplimiento de la ley. El 5 de mayo de este año, el señor Robinson publicó el numeral #pactodecorruptos en un retuit de la publicación de Josep Borrell Fontelles, el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y políticas de seguridad y vicepresidente de la Comisión de la Unión Europea, describiendo su reunión con el ministro guatemalteco de relaciones exteriores, Mario Búcaro. Este intento de dañar la reputación de un alto oficial respetado de un Gobierno aliado, y un conservador religioso públicamente conocido como tal y sin acusaciones de corrupción en su contra, no es una conducta propia del alto funcionario del Departamento de Estado. Más generalmente, el numeral #pactodecorruptos también ha sido utilizado ampliamente por activistas de izquierdas para calumniar al sector privado guatemalteco y mezclar a los empresarios conservadores con narcotraficantes y políticos corruptos. El uso indiscriminado de tácticas de calumnias por parte de funcionarios del Departamento de Estado es una causa de grave preocupación para mí y para muchos de mis colegas, tanto enel Senado y como en la Cámara de Representantes.
Señor secretario, basado en mis preocupaciones mencionadas anteriormente, respetuosamente le solicito las respuestas a las siguientes preguntas hasta el 13 de enero de 2023:
- ¿Cuáles son los criterios evidenciables para incluir a personas en la lista de sanciones?
- ¿Cuáles son los criterios del Departamento para determinar si una persona es un actor antidemocrático?
- ¿Qué medios y fuentes de oenegés están siendo utilizadas por el Departamento para sancionar a individuos? ¿Cuáles son sus conexiones, financieras o de otro tipo con el Departamento?
- ¿Consideran ustedes en su análisis que los reportes de los medios considerados pueden contener información sesgada? ¿Qué criterios, si existen, usa el Departamento para equilibrar los reportes contra los acusados?
- ¿Qué garantías del debido proceso se le brinda al acusado?
- ¿Cuál es el proceso para quitar a alguien sancionado de la Lista Engel?
- ¿Qué mecanismos de control existen para prevenir la politización de la Lista Engel?
- ¿Qué rol ha tenido el señor Robinson en la determinación de la lista final de personas sancionadas y qué evidencia usó para esa determinación?
- ¿Qué mecanismos de transparencia y calidad se implementarán para brindar garantías en contra de abusos cometidos por representantes del Departamento y el FBI en el pasado?
Estas preguntas necesitan respuestas directas. Le agradezco mucho por su atención a este asunto y espero su respuesta para el 13 de enero.
Sinceramente,
Michael S. Lee
Senador de EE. UU.
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