El régimen de Biden está desesperado por destacar hasta la mínima muestra de éxito en contra de la migración ilegal. Al mismo tiempo, mantiene las compuertas abiertas y fomenta el desorden en el extranjero.
El secretario de seguridad nacional (DHS) Alejandro Mayorkas ha alardeado de sus acciones “en contra de atroces operaciones de trata… con sus aliados internacionales”. Las acciones ocurrieron en Guatemala, pero Mayorkas no lo mencionó.
Cuando al DOS le conviene no aplicar la ley
Claramente, al DHS le faltó mencionar la indispensable participación de la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras. Esta omisión refleja la dudosa posición estadounidense: mientras que Porras arresta a traficantes de personas, el Departamento de Estado (DOS) la sanciona por supuestamente perseguir a fiscales y jueces anticorrupción y por proteger criminales.
El DOS se opone a Porras porque ella aplica la ley de forma correcta, incluyendo hacia los fiscales y jueces protegidos por el DOS que infringen la ley. Estos perpetradores tienen cuentas bancarias con saldos muy por encima del alcance de un servidor público, de acuerdo con el reportaje de Primer Informe. Una reciente resolución de una alta corte ha revertido acciones ilegales realizadas por el fiscal Juan Francisco Sandoval y la juez Erika Aifán, pero ambos han recibido premios del DOS y permanecen fugitivos en Estados Unidos.
Guardando silencio ante los motivos
A la interferencia del DOS para prevenir la reasignación de Porras, le siguieron numerosas indagaciones por parte del Congreso. El DOS no respondió a ninguna.
Desde la reasignación de Porras en mayo, el DOS ha evitado casi totalmente comentar en eventos que normalmente lo condenarían. Asimismo, para evitar la atención del Congreso, el DOS terceriza sus ataques a sus medios, oenegés y aliados congresistas.
Associated Press (AP) comentó acerca de la suspensión de la edición impresa de ElPeriódico luego del arresto de su presidente, José Rubén Zamora. Desde prisión, Zamora pregonó para AP por transparencia y dijo que el caso en su contra “está efectivamente diseñado y montado por el Presidente, la Fiscal General y otras personas”. AP, ostentando sus credenciales de difusor de fake news, replicó la propaganda del DOS sobre la supuesta persecución y corrupción de Porras.
Al mencionar los cargos en contra de Zamora –lavado de activos y extorsión–, AP omite detalles públicos de los casos. Oficiales guatemaltecos atraparon a empleados de Zamora entregando $39,000 en efectivo a cambio de un cheque de alguien que Zamora había reclutado para camuflar la fuente.
Un ex congresista presentó cargos en contra de Zamora y del agente del DOS, Sandoval, acusándolos de extorsión. Él denunció que Sandoval pasó información confidencial a Zamora, quien ofreció al ex congresista no publicarla en la sección amarillista “El Peladero”de ElPeriódico si este le pagaba $26,000. Zamora ha admitido en la corte que hay más de 100 demandas de difamación en su contra.
El Congreso estadounidense en la palestra
La representante demócrata de California, Norma Torres –nacida en Guatemala– introdujo una resolución elogiada por 14 oenegés estadounidenses radicales y repitiendo la propaganda del DOS acerca de Guatemala. Esta resolución cita las arbitrarias sanciones del DOS en contra de Porras. Torres pide una ilegal y agresiva intervención en contra de Guatemala, aparentemente para liberar a sus camaradas de la responsabilidad de sus crímenes y que puedan continuar con la agenda de imponer tiranos criminales.
Torres no menciona que las sanciones de Porras se originan porque ella despidió a Sandoval, a quien el secretario de Estado Anthony Blinken llenó de elogios en una carta personal. El DOS ignoró dos ofertas formales por parte de Porras para aclarar sus razones para despedir a Sandoval. El representante republicano por Nueva Jersey Chris Smith exhortó a la subsecretaria de Estado Wendy Sherman en una audiencia del 6 de abril a aceptar la oferta de Porras y compartir la información con el Congreso. El silencio del DOS ha sido ensordecedor.
Una razón que Porras declaró públicamente con respecto al despido de Sandoval es que él había ocultado ilegalmente información del conocimiento de ella. El DHS había enviado una remisión al Ministerio Público acerca de una oenegé lavando dinero de USAID, pero Sandoval la ocultó por dos años. Torres ha ignorado este antecedente público y se ha expuesto a ella misma como un agente del DOS promoviendo la criminalidad en Guatemala.
En su resolución, Torres indica que seis periodistas huyeron por miedo de perder su vida luego de recibir amenazas de muerte. Ella aparentemente culpa al gobierno pero no brinda detalles. Torres continúa el escrito haciendo referencia al arresto de Zamora, sugiriendo –sin decir– que Zamora es una víctima de persecución a los medios por parte del gobierno.
La asociación guatemalteca sin fines de lucro Liga Pro-Patria, que ha promovido el Estado de Derecho en Guatemala por 25 años, menciona: “la evidencia pública en contra de Zamora indica que él ha cometido crímenes severos que no están relacionados al periodismo”.
Los demócratas de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU. programaron la resolución de Torres para debate el 6 de diciembre pero parece que lo cancelaron cuando los republicanos mostraron oposición. No había una base para la resolución condenando a Guatemala, especialmente luego de que el DOS ha ignorado múltiples indagaciones del Congreso acerca de sus acciones allí.
La activa cooperación de Porras en la operación Hacienda Río con DHS –pese a la difamación del DOS y su persecución– muestra su compromiso con la ley y sus funciones. El régimen de Biden puede mitigar la migración ilegal trabajando con Porras y con el gobierno guatemalteco, en lugar de estar en su contra.
Eso, sin embargo, no va a suceder, como se puede interpretar por las consistentes acciones del régimen de Biden. Para agrandar el problema, las recientes elecciones sugieren que pocos estadounidenses han percibido las intenciones totalitarias del régimen.
La esperanza estadounidense recae en que la nueva mayoría republicana de la Cámara de Representantes exponga la corrupción y el totalitarismo del régimen de Biden. La Cámara debe rechazar esto y ponerse a trabajar inmediatamente con investigaciones y audiencias.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.