El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó ejecutar sin éxito un autogolpe de Estado al disolver el Congreso Nacional y tomarse el poder judicial. Acorralado por las acusaciones de fiscalía por colusión, tráfico de influencias y liderar una organización criminal, este episodio ha sido un intento desesperado para esquivar la justicia y hacer gala de su talante antidemocrático.
El lado positivo, fue que las ambiciones dictatoriales de Castillo se volvieron innegables y se las pudo eliminar de raíz. Sin embargo, a pesar de ya no estar en el poder, sus acciones han hundido aún más al Perú en una grave crisis de inestabilidad política con seis presidentes diferentes en los últimos seis años.
Ante tal evidente ruptura del orden constitucional, Castillo fue destituido en el acto por el Congreso y capturado por la Policía Nacional. Acorde con la constitución, su vicepresidenta, Dina Boluarte, fue investida como nueva presidenta del Perú.
No obstante, los problemas están lejos de terminar ya que la fanaticada de Castillo parece que comparte su deleite con el caos y el Gobierno sin contrapesos. Esta ha incurrido en una serie de violentas protestas que ya han cobradola vida de 65 personas. La herramienta escogida por los manifestantes ha sido la intimidación —en medio de la denominada “Toma de Lima”— y buscan más que solo la liberación de Castillo. Además del cierre del Congreso, ahora claman por una nueva carta magna.
Un autogolpe sin pies ni cabeza
El mismo 7 de diciembre, el Congreso Nacional del Perú tenía previsto —por tercera ocasión en un año y medio— debatir la destitución de Castillo bajo la figura de “permanente incapacidad moral”. Esto, tras los múltiples escándalos de corrupción en los que estaba inmerso el expresidente. Castillo se encuentra en prisión preventiva y podría pasar hasta 20 años tras las rejas si se lo encuentra culpable de rebelión.
La excusa de Castillo para llevar a cabo el autogolpe era que el Congreso buscaba destituirlo para así implantar “una dictadura congresal con el aval del Tribunal Constitucional”. Con esta evasiva, Castillo —tembloroso ante las cámaras— dispuso disolver el Congreso, establecer un Gobierno de emergencia e iniciar un proceso constituyente. Asimismo, buscaba intervenir en el Poder Judicial, la Fiscalía General y el Tribunal Constitucional. Una dictadura en toda regla.
Para lograr efectuar el proceso de destitución, era necesario el voto favorable de 87 de 130 representantes, lo cual ya había fracasado previamente en dos ocasiones anteriores, la última fue en marzo de 2022. Sin embargo, el intento de autogolpe consensuó a 101 de estos para efectuar la destitución, incluyendo a seis de 15 congresistas de Perú Libre, el partido marxista-leninista con el que Castillo llegó al poder. Sin embargo, un año después de estar en el poder —el 30 de junio de 2022— Castillo renunció a Perú Libre en medio de un conflicto con la dirigencia del partido.
Sin respaldo alguno de las leyes, su gabinete o de las fuerzas armadas, Castillo fue retenido por su propia escolta presidencial mientras intentaba huir hacia la embajada de México. El famoso tráfico de Lima jugó en su contra. La excusa surrealista que dio su exjefe de gabinete, Guido Bellido, es que Castillo pudo haber sido drogado con una bebida antes de dar el discurso. Castillo, luego, se negó a pasar las pruebas toxicológicas ordenadas por fiscalía.
Presidentes de la izquierda hispanoamericana como los de Argentina, Bolivia, Colombia y México son algunos de los que han cerrado filas en defensa de Castillo, pese a su evidente intento por instaurar una dictadura. Ya es común ver a estos actores vestirse de demócratas cuando les es favorable a sus intereses, y cuando no, hacen esquemas mentales para defender lo indefendible, como en el caso de Venezuela o Cuba.
Agradezco al hermano @lopezobrador_ por su solidaridad con el pueblo peruano. Más pronto que tarde, estaremos junto a nuestros hermanos y hermanas, construyendo un país lleno de esperanza. pic.twitter.com/1wwKLEeMQP
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 25, 2023
De la inestabilidad a la violencia política
Castillo quiso emular el autogolpe de Estado efectuado por Alberto Fujimori en 1992, donde este, con el aval de las fuerzas armadas, disolvió el Congreso y se atribuyó todos los poderes del Estado.
Sea Castillo o no, alguien está utilizando su cuenta de Twitter para motivar a sus adeptos a que se enfrenten con las fuerzas del orden en bien de su liberación y el anhelado proceso constituyente. El Ministerio del Interior, a cargo de la seguridad nacional, ha señalado que existen indicios de la financiación del narcotráfico y la minería ilegal en las protestas.
Va acercándose el día de la justicia para nuestro pueblo. Los responsables de esta masacre pronto darán la cara por los delitos de lesa humanidad y su prensa mafiosa no podrá salvarlos. El Perú, a pasos firmes, va forjando su liberación y está a un paso de la Constituyente.
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 27, 2023
Los manifestantes acusan al Congreso de haber obstaculizado y entorpecido al Gobierno de Castillo. No obstante, su destitución era inminente incluso antes del intento de golpe y no salió de la nada. Castillo se enfrentaba a acusaciones creíbles de liderar una organización criminal estando en la presidencia. También fue el presidente con más cambios de ministros en los últimos 40 años —78 en menos de 500 días—. Por último, hubo una ausencia absoluta de un proyecto político, a pesar de las flamantes promesas de campaña.
La presidenta interina Boluarte ha prometido crear un gobierno de consenso con todas las fuerzas políticas y pidió al Congreso adelantar las elecciones presidenciales a octubre de 2023. Cediendo ante los manifestantes violentos, Boluarte también ha hecho un llamado para una reforma total de la Constitución.
Su deseo de tregua entre los manifestantes violentos y las fuerzas del orden no ha convencido a los manifestantes, estos siguen pidiendo su renuncia inmediata y el cierre del Congreso. Boluarte fue, de hecho, elegida por quienes hoy piden su renuncia. Ella había asegurado un año atrás que renunciaría al cargo si Castillo era destituido por el Congreso. Su incumplimiento ha sido visto por muchos fanáticos del expresidente como una traición.
La violenta arremetida de quienes apoyan al golpista ha incentivado a la fuerza pública a incrementar el uso de la fuerza. Al momento, se contabilizan 65 personas que han perdido la vida —incluyendo un policía— y alrededor de un millar de heridos —repartidos entre policías y manifestantes—. La izquierda ha hecho un llamado a parar la represión, pero ninguno para incentivar el diálogo, terminar con las protestas violentas o buscar soluciones en el marco de la Constitución.
No cabe duda, que el responsable principal del caos desatado en las calles del Perú es Castillo, el mismo aprendiz de dictador que, con arrogancia y torpeza, se lanzó al vacío al pretender usurpar todos los poderes del Estado. Sin embargo, la recurrente incapacidad de las instituciones peruanas para generar estabilidad política y gobernabilidad, solo augura un desenlace similar, tanto para Boluarte como para sus sucesores.
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