El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó la captura del presidente de Rusia, Vladimir Putin. La CPI acusa a Putin de ser responsable de crímenes de guerra por haber trasladado niños de las zonas ocupadas en Ucrania a Rusia.
La CPI se dispara en la cara al violar los principios del derecho internacional de prudencia y cautela. La corte se está exponiendo al riesgo de caer en ridículo y creciente irrelevancia si el mundo ignora su resolución.
Antes de emitir una orden de captura en contra de Putin, la CPI debería haber estudiado casos históricos como el de Marbury versus Madison, que dejó un precedente para la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS). En cambio, la CPI asumió, por su propia voluntad, el riesgo de destruir el mito de la existencia del derecho internacional.
La resolución de la CPI dejó un par de preguntas al aire: ¿quién hará las capturas que ordenó? Y, ¿bajo qué autoridad? La prepotencia de la CPI en emitir orden de captura contra el jefe de Estado de una potencia nuclear en medio de una guerra es descomunal.
A la CPI se le olvida una simple realidad: hay dos grandes tipos de temas en el sistema político internacional (SPI), primero, guerra y paz y después, todo lo demás. En el primer orden de temas internacionales –guerra y paz– el derecho internacional realmente no existe. Simplemente, no hay justicia.
La justicia se manifiesta entre iguales, mas no entre fuertes y débiles como es el caso del sistema internacional. Al respecto, Tucídides mencionó, “los poderosos hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben”. La CPI ignora esto. La corte también afirma que 123 países son parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero omite que China, Rusia y Estados Unidos no lo son. Esto implica que ellos no están sujetos a sus dictámenes.
En el SPI manda el más fuerte. El SPI se caracteriza y distingue de los sistemas políticos nacionales por la anarquía. No hay un Gobierno mundial, ni ley máxima, ni entidad con la autoridad legítima de imponer sus reglas sobre el resto. Esto lo hace el país más fuerte.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el país más fuerte ha sido Estados Unidos, que impulsa la aplicación de sus reglas preferidas a todos, menos a ellos mismos.
Según el New York Times, el Pentágono ha bloqueado el intento del Gobierno estadounidense de recabar evidencias en contra de Putin por temor a sentar un precedente que permita a la CPI juzgar a políticos y militares estadounidenses en el futuro. Así, la ridiculez de la CPI quedó evidenciada.
La importancia del caso Marbury versus Madison
Para entender la magnitud del error que comete la CPI, hay que recurrir a un ejemplo histórico de cómo una corte debe ir construyendo legitimidad y poder a través del tiempo. Son buenas lecciones que la CPI, apenas fundada en 2002, aparentemente no ha entendido.
Tomemos de ejemplo a la SCOTUS. Cuando Estados Unidos todavía estaba en su infancia, allá por finales del siglo XVIII, el poder de la SCOTUS no estaba claro en la Constitución. ¿Era un poder del Estado al mismo nivel que el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Podía ordenar que actúen los otros poderes del Estado? ¿Qué hubiera pasado si la SCOTUS emitía una orden y nadie hacía caso? Estas preguntas se aplican hoy en día a la CPI.
La SCOTUS usó el caso Marbury versus Madison para mostrar su rol en la gobernanza de Estados Unidos. Lo hizo sin exponerse a los riesgos que acaba de asumir la CPI con la orden de captura a Putin. La SCOTUS aplicó los principios de prudencia y cautela y evitó afirmar poder y legitimidad que aún no tenía.
En las semanas previas a la asunción de Thomas Jefferson como presidente de Estados Unidos en marzo de 1801, el Congreso saliente creó nuevas judicaturas. El presidente saliente John Adams, del Partido Federalista y defensor de un Gobierno central poderoso, procedió a llenar las nuevas judicaturas con federalistas. La intención de Adams era preservar el control absoluto del poder judicial y obstaculizar el mandato del republicano Jefferson. Por falta de tiempo, el federalista William Marbury no recibió su comisión durante la presidencia de Adams, aunque el documento ya había sido firmado.
Cuando asumió la presidencia, Jefferson sabía que no había ni un juez republicano en el sistema federal de justicia y que el Partido Federalista quería impedir su agenda por medio del control de las cortes. Jefferson ordenó a James Madison, su secretario de Estado, detener las cuatro comisiones aún no entregadas. Sin el documento físico, Marbury no podía tomar cargo de su judicatura. Bajo el derecho que le otorgaba la Ley Judicial de 1789, Marbury puso una demanda ante la SCOTUS, pidiendo que emitiera un mandato judicial para obligar a Madison a entregar las cuatro comisiones.
La creación del principio de revisión judicial
Marbury versus Madison tuvo un impacto enorme en el desarrollo de la jurisprudencia estadounidense, que hoy intenta aplicar sus normas en todo el mundo. El caso estableció el principio legal de revisión judicial, el cual le da el poder a la SCOTUS de declarar nulas leyes incompatibles con la Constitución. Este principio no está plasmado en ninguna parte de la Constitución, pero se construyó a lo largo del tiempo gracias a la prudencia y cautela de los magistrados de la SCOTUS.
John Marshall, presidente de la SCOTUS, rápidamente reconoció el problema que enfrentaba si no actuaba rápido: el presidente podría ignorar cualquier mandato de la SCOTUS. Marshall quería evitar que se interpretara una falta de emisión de mandato judicial como una sumisión de la SCOTUS ante el Ejecutivo.
La solución de Marshall sigue siendo famosa en la jurisprudencia estadounidense por su sabiduría y prudencia política. La SCOTUS le dio la razón a Marbury en que tenía derecho a su judicatura, que sus derechos habían sido violados y que tenía derecho de pedir un remedio legal. Sin embargo, la SCOTUS dictó que no tenía el poder legítimo de darle el remedio que Marbury pedía porque las provisiones de la Ley Judicial de 1789 que le daban ese derecho contradecían la Constitución.
Marshall renunció al poder que esa ley le daba a la SCOTUS. La SCOTUS le dio al Ejecutivo la victoria temporal que buscaba, pero estableció al mismo tiempo el gran poder que la SCOTUS goza hasta el día de hoy: el principio de revisión judicial, que posiciona a la SCOTUS como el árbitro final de la legitimidad de las leyes aprobadas por el Congreso y firmadas por el Ejecutivo.
El camino de la CPI a la irrelevancia
Al ordenar el arresto de Putin, la CPI ha violado todas las lecciones históricas y políticas que debería conocer. Sin embargo, como toda organización internacional, cree que tiene más relevancia de lo que en verdad tiene.
La CPI asumió poderes que no tiene al emitir la orden de captura en contra de Putin. Muchos países, empezando con las partes afectadas que son ajenas al Tratado de Roma de la CPI, disputan sobre adjudicar o no estos poderes a la CPI. La orden de captura de la CPI va ser ignorada flagrantemente por Putin y nadie se va atrever a hacer cumplir su mandato. Ni siquiera Estados Unidos, el principal rival de Putin y el único país con la capacidad de capturarlo, le quiere dar ese poder a la CPI.
La CPI, por acciones y voluntad propia, pasará a la irrelevancia por su falta de prudencia y cautela. El golpe al orden mundial liberal será tangible a partir de hoy.
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