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Una declaración del 16 de marzo del Departamento de Justicia (DOJ) contradice lo que el Departamento de Estado (DOS) ha hecho y socava lo que ha dicho. Los esfuerzos del régimen de Biden para luchar contra la trata de personas se han vuelto momentáneamente una prioridad en la agenda del DOS en Guatemala.
El DOS sancionó, sin justificación, a la fiscal general de Guatemala Consuelo Porras el 20 de septiembre de 2021, por supuestamente interferir con investigaciones criminales: “El patrón de Porras para interferir con las investigaciones penales incluyó… socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval, lo que incluyó su despido”.
El titular de la declaración del DOJ dice lo contrario: “El Departamento de Justicia anuncia extradiciones históricas por trata de personas en la Cumbre Alfa de Trabajo Conjunto”. También anunció “las primeras extradiciones de Guatemala a Estados Unidos por cargos de trata de personas que resultaron en muerte y las primeras extradiciones de Guatemala por trata de cualquier tipo en casi cinco años”.
“El Departamento de Justicia agradece a las agencias guatemaltecas el cumplimiento de la ley, que fueron clave para profundizar esta investigación”. El DOJ no menciona nombres ni agencias específicas. Porras y su ministerio no solo fueron claves, sino indispensables. La Constitución guatemalteca garantiza autonomía al ministerio de Porras y el monopolio de la persecución penal. Nada de lo que el DOJ anunció puede haber pasado sin la participación de Porras y su ministerio.
El régimen de Biden quiere mostrar noticias positivas sobre la frontera con México. El DOJ establece que “unió a líderes del cumplimiento de la ley para discutir sobre desmantelar y desorganizar redes de trata de personas que operaban en la frontera del suroeste”. Posiblemente el DOJ no nombró a su aliada indispensable porque el DOS ha llamado corrupta a Porras, le canceló su visa estadounidense y maneja una campaña de difamación en su contra.
El DOS intervino el año pasado en el proceso de selección de fiscal general. Un documento, aparentemente del DOS y con amplia circulación, contenía un plan detallado de cómo evitar que se reelija a Porras. El 28 de abril de 2022, en una audiencia, el representante Chris Smith (R-NJ) pidió al secretario de Estado Antony Blinken que confirme la autenticidad del documento. El DOS no ha respondido.
La falta de respuesta confirma la autenticidad del documento, que Smith dijo que esperaba que no sea el caso. Si se admite, la intervención ilegal del DOS estuviese en vista de todos y expondría su red criminal en Guatemala. El Congreso tendría que examinar el comportamiento del DOS allí y en el resto del mundo.
Si, como el DOS afirma, Porras fuese corrupta, ella no estuviese exponiéndose a un escrutinio adicional y trabajando en conjunto con el DOJ en temas intensivos de hacer cumplir la ley. Este enigma puede crear pronto un problema para el régimen de Biden.
Entre las razones que Porras brindó sobre el despido a Sandoval el 23 de julio de 2021, está que el demoró las acciones en una remisión penal que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había solicitado el 2 de agosto de 2019. La remisión mencionaba que la oenegé Asodefir había usado una beca de USAID para comprar acciones de un banco en lugar de su propósito inicial.
A pesar de la supuesta obstrucción de un caso por parte de Sandoval que involucraba dinero de contribuyentes estadounidenses, el secretario de Estado Blinken tuiteó esto después de su despido: “Estamos con la gente de Guatemala y el fiscal Juan Francisco Sandoval, a quien elogié este año con el premio de Campeón Anticorrupción. Su despido socava el Estado de derecho y fortalece a las fuerzas de la impunidad”.
El sucesor de Sandoval, Rafael Curruchiche, obtuvo 14 órdenes de captura en el caso de Asodefir en nueve meses como fiscal después de reemplazarlo. El DOS luego sancionó a Curruchiche, en parte por supuestamente accionar de forma espuria en contra de fiscales, lo que incluiría a Sandoval.
Sandoval también ha sido acusado de participar en el infame caso de Odebrecht. Él conspiró con su jefa, la fiscal general Thelma Aldana, y el excomisionado de la CICIG (una comisión antiimpunidad creada por Naciones Unidas), Iván Velásquez. Este trío y sus aliados le otorgaron descargos a funcionarios de Odebrecht.
El DOS ha criticado los cargos en contra de estas tres personas, a pesar de la evidencia documentada que tiene la fiscalía. Blinken escribió una carta elogiando a Sandoval y su “dedicación en la lucha contra la corrupción” —añadiendo a mano: “Con aprecio por su liderazgo”—.
El DOS ha criticado los cargos en contra de José Rubén Zamora, dueño de un diario, por lavado de dinero y extorsión. También lo catalogaron como persecución a periodistas. El juez levantó la reserva del caso el caso y la evidencia en contra de Zamora es convincente, incluyendo su propia declaración en la que se dice un intermediario para la Embajada estadounidense.
Sandoval, un fugitivo en Estados Unidos bajo protección del DOS, ha intentado socavar la fiscalía. En una reciente entrevista, Curruchiche explicó: “Hay audios que todo el mundo ha podido escuchar y se ha podido establecer la vinculación estrecha entre Zamora y Sandoval. Sandoval dio información sobre casos clasificados a Zamora para que publicara en sus medios de comunicación y, al hacerlo, extorsionaba a sus objetivos. Sandoval ha reconocido que él sustrajo información clasificada de esta fiscalía y se la entregó a Estados Unidos, lo que es un delito”.
Curruchiche también dijo que hay cuatro órdenes de arresto contra Sandoval. Curruchiche ha “solicitado formalmente a Estados Unidos su extradición” y resaltó la protección de Estados Unidos que goza Sandoval.
¿Prevalecerán los intereses del DOS o los del DOJ con respecto a la extradición de Sandoval? Si el Gobierno estadounidense se niega a extraditar a Sandoval, a pesar de la cuantiosa evidencia en su contra, Guatemala tendrá pocos motivos para extraditar a cualquier persona a Estados Unidos.
Esto sacrificaría la seguridad nacional para proteger de su revelación la red criminal del DOS en Guatemala. El DOS está casi seguramente involucrado en actividades similares en otros países. Esto convierte a las investigaciones del Congreso en urgentes.
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