Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
El 9 de julio de 2023, el partido oficialista Nuevas Ideas formalizó al actual presidente salvadoreño Nayib Bukele como candidato para las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en febrero de 2024. Pese a que la Constitución salvadoreña prohíbe explícita e inequívocamente la reelección, Nuevas Ideas nominó a Bukele tras elegir a dedo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Esta maniobra trastoca a la débil democracia salvadoreña y abre la puerta al autoritarismo. El presidente salvadoreño ya controla los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
En mayo de 2021, la recién instalada Asamblea Legislativa de El Salvador —en manos del oficialismo con 56 de 84 curules— removió a los cinco magistrados de la CSJ alegando que habrían efectuado fraude a la constitución y prevaricación. Los magistrados negaron tales acusaciones y, en respuesta, acusaron a la Asamblea de violar el artículo 85 de la Constitución, que establece que el Estado es “republicano y democrático”.
Sin embargo, gracias a la eficaz política de seguridad del gobierno denominada “guerra contra las pandillas”, Bukele ha logrado posicionarse como el presidente mejor valorado de la región. Según la encuesta de Cid Gallup realizada en junio, el 90% de los salvadoreños aprueban su gestión. Su enorme popularidad prácticamente le garantiza una victoria en las siguientes elecciones.
Finalizando el día, comunicamos al pueblo salvadoreño que el Presidente @nayibbukele y el Vicepresidente @fulloa51, ya están inscritos como precandidatos para Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador, en el partido más grande de la historia de El Salvador 🇸🇻😎… pic.twitter.com/k9Ki4Fjxca
— Nuevas Ideas (@nuevasideas) June 26, 2023
La instrumentalización de la justicia
El artículo 75.4 de la Constitución castiga a cualquier ciudadano que “apoye o promueva la reelección” privándole de sus derechos de ciudadanía. Sin embargo, las constituciones no son documentos que se apliquen por sí mismos.
En total, seis artículos prohíben la reelección. El artículo 152 especifica la prohibición de reelección para los presidentes que lleven al menos seis meses en el cargo o dentro de los seis meses anteriores al inicio del siguiente mandato presidencial. Además, el artículo 268 establece que ningún artículo referido a la reelección puede ser reformado.
En 2014, el CSJ emitió un fallo interpretando que el artículo 152 prohibe la reelección presidencial hasta 10 años tras terminar el mandato, a pesar de que la Constitución salvadoreña no hace una referencia explícita.
De esta manera, quedaba más que claro que la Constitución de El Salvador no permite la reelección presidencial, sin embargo, Bukele no iba a quedarse con los brazos cruzados. En 2021, los nuevos magistrados del CSJ —designados por Nuevas Ideas— reinterpretaron a conveniencia el artículo 152 de la Constitución para avalar la candidatura de Bukele, quien podrá ser candidato si deja la presidencia al menos un día antes de sus últimos seis meses en el cargo.
Los magistrados de la CSJ argumentaron que El Salvador es una nación soberana; por lo tanto, son los ciudadanos quienes deberán decidir. Los magistrados jugaron con sentimientos populistas e ignoraron que la Constitución existe precisamente para limitar la tiranía de la mayoría.
Bukele tendrá que elegir a su sucesor temporal, que deberá tomar posesión de su cargo el 1 de diciembre, seis meses antes de la fecha prevista para el final de la actual administración. No obstante, aún tendrá que evadir el artículo 156 que establece que el cargo presidencial solamente es renunciable por una causa grave y comprobada que deberá validar la Asamblea, la misma que está en manos de su partido.
La diputada @suecallejase pide la dispensa de trámite y la introducción de la pieza de correspondencia para destituir a los cinco Magistrados Propietarios y Suplentes de la Sala de lo Constitucional de la @CorteSupremaSV. pic.twitter.com/z06L6ESjQa
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) May 1, 2021
En 2021, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron la destitución de los magistrados y acusaron al gobierno de Bukele de consumar un ataque al poder judicial y conculcar la democracia en el país. Bukele, por su parte, elogió la remoción de los magistrados, afirmando que era necesaria para mejorar el sistema judicial.
El poder que la administración en funciones ejerce sobre el sistema judicial está socavando el Estado de derecho. Bukele está politizando las instituciones y la justicia para favorecer su reelección, como lo hizo anteriormente Juan Orlando Hernández en Honduras. Nada garantiza que esta instrumentalización de las instituciones no sea utilizada posteriormente para barrer con la oposición y silenciar a las voces disidentes.
Del régimen de terror al eterno régimen de excepción
Bukele ha sido eficaz en reducir la tasa de homicidios en El Salvador, uno de los países más violentos y corruptos del mundo. El precio a pagar ha sido su política de mano dura y un Estado de excepción aparentemente permanente.
En 2015, el país alcanzó una tasa histórica de homicidios de 100 personas por cada 100.000 habitantes. En ese momento, esta era la tasa de homicidios más alta del mundo. Las violentas pandillas —Maras Salvatruchas y Barrio 18, sobre todo— llevan más de dos décadas aterrorizando al país con extorsiones, robos, secuestros, narcotráfico, violaciones y asesinatos. Algunas ciudades salvadoreñas se convirtieron en verdaderas zonas de guerra, a pesar de los intentos de gobiernos anteriores por reducir la presencia de las bandas.
Cuando Bukele asumió el cargo en 2018, la tasa de homicidios del país era de 52 por cada 100.000 habitantes. Con su enfoque de mano dura, la tasa se redujo a 8 en 2022, según cifras oficiales del gobierno.
Sin embargo, la magnitud del cambio parece demasiado buena para ser cierta. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador cuestionó estos datos en su informe de 2022, alegando que no se estaban contabilizando las muertes de presuntos pandilleros en combate y bajo custodia policial.
Bukele declaró un Estado de excepción que comenzó en marzo de 2022 y sigue vigente. La Asamblea y el ejecutivo han prorrogado la llamada emergencia 16 veces consecutivas. La CIDH advierte que el gobierno de Bukele, al prorrogar ilegalmente el estado de excepción, ha violado derechos constitucionales de los ciudadanos, como el derecho a un juicio justo, a la legítima defensa y a la presunción de inocencia.
Bajo el estado de excepción, el Estado ya ha encarcelado a más de 71.000 personas, lo que constituye el 1% de la población. En febrero, el gobierno de Bukele inauguró una nueva cárcel con capacidad para otros 40.000 presos.
Con su aparentemente exitoso enfoque contra la violencia de las pandillas, Bukele ha demostrado a los salvadoreños que pueden vivir sin miedo a los criminales, de esta manera ha logrado consolidar el relato de que solo bajo su mando se puede mantener la seguridad en el país.
Si bien los asesinatos han disminuido, no puede decirse lo mismo de la corrupción. En 2022, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, la puntuación de El Salvador fue de 33, la misma que en 2017.
“El CECOT es la casa donde van a pasar, permanecer y morir los terroristas que por años mataron y enlutaron a familias salvadoreñas”, dice el Ministro de Interior y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro (@Vi11atoro).
La entrevista completa en: https://t.co/az7JYZNjGI pic.twitter.com/BfaGYFfDdI
— Americano Media (@AmericanoMedia) February 9, 2023
Una democracia en vilo
Nuevas Ideas ha demostrado ser un partido personalista, incapaz de postular a un candidato alternativo que pueda dar continuidad al proyecto político que comenzó Nayib Bukele. Por ello, ha optado por instrumentalizar las instituciones a su favor. Más allá de estar a favor o en contra de las políticas en materia de seguridad, se debe debatir si vale la pena conculcar el Estado de derecho para dar continuidad a un proyecto estrictamente personalista.
El éxito de las medidas de Bukele para paliar la inseguridad es evidente, no obstante, es solo cuestión de tiempo para que nos demos cuenta de que esta administración está sentando las bases de un régimen autocrático. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales afirma: “Las reelecciones consecutivas, por lo general, han demostrado… conducir a una mayor concentración de poder en el presidente, así como a una menor transparencia y rendición de cuentas”.
La joven democracia salvadoreña se encuentra en un peligroso dilema: permitir un régimen autoritario a cambio de seguridad o arriesgarse a volver al régimen de terror instaurado por las pandillas. La gran tarea de los demócratas salvadoreños consiste en elaborar una alternativa funcional, que permita el correcto funcionamiento del sistema de justicia y garantice los derechos y libertades civiles, respetando cabalmente la legalidad.
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