Lo que implica para la inversión el rechazo del Ecuador a la extracción petrolera en la Amazonía

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Hallazgos clave:

• El 20 de agosto, 59% de ecuatorianos votaron a favor de frenar las operaciones de extracción de petróleo en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní (PNY), ubicado en las provincias de Orellana y Pastaza en la región amazónica.
• El PNY es una de las zonas más biodiversas del mundo, según la revista científica PLOS One. Alberga al menos 1.130 especies de árboles, 81 de murciélagos y 593 de aves. Asimismo, es el hogar de tres nacionalidades indígenas: los kichwa, los shuar y los waorani.
• Además de dejar a miles de ciudadanos sin empleo, la prohibición de la extracción en esta parte del PNY podría sentar un precedente negativo para la inversión en otros lugares del país. “Miles de millones de dólares en inversiones serán desperdiciados cuando las compañías dejen de operar en el bloque 43”, según Walter Spurrier, vicepresidente de la oenegé enfocada en desarrollo Esquel.

Contexto

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año, el 20 de agosto de 2023 —convocadas anticipadamente por el presidente Guillermo Lasso—, Ecuador celebró simultáneamente un referendo sobre la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní (PNY), una de las zonas más biodiversas por metro cuadrado en el mundo. Propuesto por la oenegé ambientalista, apartidista y sin fines de lucro Yasunidos, el referendo para frenar la extracción de petróleo del bloque 43 del PNY ganó con el 59% de los votos.

La Constitución ecuatoriana, en su artículo 105, permite a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil proponer referendos sobre “temas relevantes” siempre y cuando no incluya enmiendas constitucionales. Le tomó 10 años a Yasunidos para que la autoridad electoral y la Corte Constitucional del Ecuador aprueben su referendo. Esta es la primera organización en la historia del país que ha podido proponer una consulta a nivel nacional.

El 9 de mayo, cinco de los nueve jueces de la Corte Constitucional aprobaron el referendo. Este decía: “¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Sí o no”.

El PNY está ubicado en las provincias de Pastaza y Orellana en la región de la Amazonía. Orellana alberga el bloque 43, donde la extracción de petróleo parará el próximo año. Cabe destacar que Orellana también es una de las dos provincias donde ganó el “no” en el referendo con el 58% de los votos. Los resultados electorales en Orellana provocaron múltiples debates sobre si todo el país debería decidir sobre las provincias que más sufren el impacto de la extracción petrolera.

Como era de esperar, los que sufrirían las mayores pérdidas económicas querían continuar con la extracción. El analista económico y columnista para la Revista Vistazo Alberto Acosta Burneo explica que los habitantes de Orellana votaron en contra de frenar la extracción petrolera en el bloque 43 porque son ellos los que han experimentado directamente los beneficios económicos y de desarrollo de las compañías extractivistas que operan, consumen e invierten en la zona.

Por otro lado, la fundadora de la oenegé ambientalista Resiste Yasuní Nahiara Morán asegura que las personas de Orellana deben superar la extracción de petróleo. Para ella, “hay vida después del extractivismo, pero es difícil verlo cuando eso ha sido todo lo que las personas han experimentado”.

El PNY en el centro del huracán

En un territorio de un millón de hectáreas, el PNY tiene las reservas más grandes de petróleo bajo tierra en el país: cerca de 1,670 millones de barriles. Compañías locales y extranjeras empezaron la extracción de petróleo en el bloque 43 en 2016 y actualmente tiene 12 plataformas petroleras y 230 pozos, que están produciendo 57.000 barriles de crudo al día.

En cuanto a su importancia medioambiental, el PNY es “una de las áreas más biodiversas por metro cuadrado en el mundo”, según la revista científica PLOS One. El PNY también es el hogar de 1.130 especies de árboles, 81 de murciélagos y 593 de aves.

Además de ser un área extremadamente biodiversa, la Amazonía ecuatoriana, una de las cuatro regiones del país, alberga a 11 nacionalidades indígenas: kichwa, shuar, achuar, sapara, shiwiar, waorani, andwa, quijos, siona, siekopai y ai´cofán. Los kichwa, shuar y waorani —que incluyen a dos grupos no contactados llamados tagaeri y taromenane— viven dentro del PNY.

Los tagaeri y taromenane viven en aislamiento voluntario del resto de la sociedad civil en un área llamada la Zona Intangible Tagaeri Taromenane. El artículo 407 de la Constitución prohíbe las actividades extractivas dentro de la zona intangible. Sin embargo, hay ocho bloques extractivistas que colindan con la zona intangible en el territorio llamado la zona de amortiguamiento.

El gran impacto a los ecuatorianos

“Ecuador es un país petrolero. Lo que paga los hospitales y las carreteras de Ecuador es el petróleo”, explica el profesor de economía de la Universidad San Francisco de Quito, Luis Espinosa Goded. Lauro Papa, portavoz de una comunidad kichwa en el Tiputini, sostiene que la explotación petrolera les ha brindado educación y desarrollo.

Espinosa también explica que hay un “problema de concepción económica” en la sociedad ecuatoriana sobre cómo el freno a la extracción petrolera del bloque 43 afectará a los ciudadanos y a la economía del país. Mientras la discusión en medios se enfoca en los ingresos que dejará de recibir el Estado, Espinosa señala que el “problema real es que miles de ciudadanos se quedarán sin empleo” a causa de dejar de explotar el bloque 43.

Debido a la complejidad y necesidad por trabajadores altamente especializados, las industrias extractivistas han significado ser importantes en cuanto a oportunidades de trabajo para los ecuatorianos. Por ejemplo, el sector minero ayudó a crear 132.736 empleos directos e indirectos en 2022, según el Ministerio de Energías y Minas. Para ponerlo en contexto, el número de personas que trabajan en el sector formal del país, según el reporte de julio de 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas, es 2,9 millones.

Los inversionistas en jaque

El resultado del referendo no solo impactará a los ciudadanos, sino que también a las arcas del Estado, que a su vez fluyen a los gobiernos provinciales y locales para diversos programas. El Estado actualmente recibe $1.200 millones anualmente (de unos $20.000 millones de ingresos estatales) gracias a la extracción de petróleo en el bloque 43.

En 2022, el producto más exportado del Ecuador fue el petróleo, llegando al 35.5% del total de las exportaciones, según el Ministerio de Producción. Asimismo, la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador asegura que la industria de extracción de petróleo genera entre 30 y 40% de los ingresos anuales del Estado. La asociación sostiene que los ingresos de Ecuador por la extracción de petróleo representa un promedio del 11,3% del PIB interanual. El bloque 43 ha sido el de mayor producción en Ecuador.

Cesar las operaciones de extracción petrolera no es un trabajo fácil. Ramón Correa, gerente de Petroecuador, dice que la compañía necesita $500 millones para remover las plataformas de extracción en el bloque 43. Él asegura que las comunidades indígenas que viven en zonas cercanas dejarán de recibir $40 millones en total por compensaciones —las cuales se incrementarían en el transcurso de los años— debido a la explotación petrolera en sus territorios.

Para ilustrarlo, en junio, dos de siete comunidades indígenas que están adyacentes al bloque 43 protestaron a favor de la extracción petrolera en la zona. Tal vez porque había desacuerdo entre sus miembros, las demás comunidades no adoptaron una postura clara ni se manifestaron de manera unificada.

En el bloque 43, aclara Correa, el Estado ya invirtió más de $2.000 millones que se perderán cuando las empresas cesen sus operaciones. Un trabajador del bloque 43 compartió con La Posta la inmensa complejidad y el gasto que implica retirar la maquinaria que las empresas utilizan actualmente en el territorio.

Correa también asegura que las compañías locales y extranjeras de explotación petrolera que están operando en el bloque pueden emprender acciones legales en contra del país por violar sus contratos y forzarles a cerrar las operaciones. Un reporte de La Posta estima que las compañías operando en el bloque 43 podrían demandar al Estado por $500 millones.

De acuerdo con Walter Spurrier, vicepresidente de la oenegé Esquel, enfocada en desarrollo, el daño a las finanzas del país es aún más costoso de lo que se piensa ya que “las compañías planeaban incrementar su producción de 55.000 barriles al día a 125.000 en los próximos años”. Él advierte que otro problema sería la creciente presencia de madereros ilegales en la zona ya que los trabajadores petroleros y su seguridad impiden su presencia en la zona.

Para Spurrier, cesar las operaciones en el bloque 43 establece un precedente negativo para los inversores en todas las industrias del país ya que nunca sabrán si habrá un referendo que los lleve a cerrar sus operaciones. Para él, es inconcebible que un “referendo propuesto por ciudadanos puede hacer que millones de dólares que ya se han invertido en una industria se desperdicien”.

Espinosa, por otro lado, permanece relativamente optimista en cuanto a las operaciones extractivistas en la minería (y no petrolífera) en el PNY: “Las consultas de explotación minera son locales… si va a haber que hacer una consulta minera en una localidad de Imbabura [provincia de la Sierra ecuatoriana], lo más probable es que gane el que sí se siga explotando”.

Aunque los resultados del referendo dictan que ni compañías estatales o extranjeras podrán continuar extrayendo petróleo del bloque 43, la estrategia para abandonar los pozos y la infraestructura ya construida todavía es incierta. La Corte Constitucional emitió una resolución en mayo estableciendo que si ganaba el voto a favor de frenar la extracción petrolera, las compañías tendrían un periodo de un año para parar sus operaciones. Sin embargo, Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía de Ecuador, cree que es irrealizable completar el proceso en ese periodo. El plazo de un año para el cese de la producción y la retirada de la maquinaria —que probablemente se incumplirá— también podría incentivar las prisas por extraer mientras aún sea legal.

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