El 1 de noviembre, el Partido Libre de Honduras burló la Constitución al nombrar a dos leales al partido como principales funcionarios del Ministerio Público (MP). Johel Zelaya y Mario Morazán son el nuevo fiscal general y fiscal adjunto, respectivamente. Esta ilegalidad del partido de la presidenta socialista Xiomara Castro es crucial para controlar todos los poderes del Estado, el objetivo es instaurar una dictadura al estilo nicaragüense.
Pese a que no tenían la autoridad legal para hacerlo, la Comisión Permanente de nueve miembros del Congreso Nacional nombró a los dos funcionarios. Libre —que domina la comisión con ocho miembros— muestra así su propensión a la ley de la selva al tomar el control del MP.
El Artículo 205 de la Constitución hondureña establece que el Congreso debe reunir al menos 86 votos de los 128 miembros, una mayoría de dos tercios, para elegir nuevas autoridades del MP. Mientras que Libre tiene 50 escaños, los cinco partidos restantes tienen 78 escaños. El actual Congreso simplemente no puede elegir nuevas autoridades del MP sin negociaciones entre Libre y la oposición. Ninguna de las partes tiene los dos tercios por sí sola.
Tras cuatro sesiones de votación entre septiembre y octubre, el Congreso Nacional no logró llegar a un acuerdo para designar autoridades. Según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 80, los titulares deben permanecer en sus cargos hasta que existan reemplazos legales. Sin embargo, el régimen de Castro ha aprovechado la confusión para imponer a sus candidatos preferidos.
La Corte Suprema de Honduras confirmó en 2017 la constitucionalidad del Artículo 80, sin embargo, no se ha pronunciado aún sobre este caso en específico. Por ahora, el régimen parece haberse salido con la suya. Desafortunadamente, Honduras está acostumbrada a vivir con crisis constitucionales y fallos judiciales que desafían los mandatos constitucionales. El caso del presidente Juan Orlando Hernández sirviendo dos mandatos consecutivos (2014-2022), a pesar de la prohibición de la reelección, es un ejemplo flagrante.
No obstante, los líderes de la oposición están organizando una resistencia. El 8 de noviembre, los partidos Nacional, Liberal y Salvador anunciaron la creación de una comisión especial compuesta por nueve congresistas. Su objetivo sería “restaurar el orden constitucional” y dar marcha atrás en las designaciones ilegales que están burlando al Estado de derecho.
El Congreso Nacional tenía vigencia legal para designar a los fiscales general y adjunto hasta el 31 de octubre, según dicta el artículo 312 de la Constitución hondureña. Ese día, 74 congresistas de oposición, amparados en el artículo 190 de la constitución, se autoconvocaron en el pleno legislativo y celebraron una sesión extraordinaria con el fin de ampliar la jornada legislativa anual hasta el 24 de enero de 2024. Los congresistas lograron extender la jornada pese a haber sido agredidos por simpatizantes oficialistas cuando intentaban ingresar al hemiciclo, lo que demuestra la naturaleza antidemocrática del régimen.
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Momentos de tensión se viven en el Congreso Nacional, al enfrentarse diputados de oposición y del Partido Libre por el juramento de Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y adjunto interinos del Ministerio Público.Visite…… pic.twitter.com/l9rJaeulUS
— Radio América HN (@radioamericahn) November 1, 2023
Luis Redondo, presidente del congreso y diputado de Libre, calificó la ampliación de la jornada legislativa de ilegal y en su lugar creó una comisión permanente —también bajo su mando— para así proceder con la designación de sus candidatos. El oficialismo basó su proceder en el artículo 208 de la Constitución hondureña, que establece que una comisión permanente del Congreso Nacional puede elegir interinamente a los funcionarios en caso de falta absoluta de sustitutos.
Sin embargo, la dirección del MP no se encontraba vacante, ya que luego de que el ex fiscal general Óscar Chinchilla culminara su periodo el 31 de agosto, el fiscal adjunto Daniel Sibrián tomó posesión como nuevo fiscal general el 1 de septiembre. “Yo tengo la obligación conforme a la ley de seguir hasta que las autoridades nombren a nuestros sustitutos”, dijo Sabrián en el mes de agosto respecto a las intenciones del oficialismo de nombrar cargos interinos. No es que Redondo desconociera la legalidad, sino que se la ha saltado deliberadamente.
Diputados de la oposición, abogados constitucionalistas y organizaciones civiles coinciden en que la designación carece de sustento legal y atenta contra el orden constitucional y el Estado de derecho. Tomás Zambrano, jefe de la bancada del conservador Partido Nacional de Honduras manifestó que la elección es ilegal y un golpe a la Constitución, pues no hay ausencia de fiscal en el Ministerio Público, y que la intención es instaurar una dictadura como las de Venezuela y Nicaragua.
Asimismo, Maribel Espinoza, abogada y congresista hondureña por el Partido Liberal, ha señalado en una entrevista con el Impunity Observer que el actual gobierno de Castro, pese a haber llegado democráticamente al poder, tiene entre manos establecer un Estado autocrático mediante la concentración de los poderes del Estado, tal y como se ha venido haciendo en Nicaragua. De igual modo, denuncia que la presidencia del Congreso está violando el derecho a la privacidad de los congresistas al instalar sistemas de vigilancia de audio y video.
Al noble pueblo Hondureño, ONU, OEA, CIDH y a la comunidad Internacional: Desde el CN liderado por Luis Redondo y los diputados de LIBRE que le acompañan en ese objetivo, se está gestando un golpe a la Constitución que terminará en un golpe de Estado desde el propio poder…
— Maribel Espinoza (@AbogadaEspinoza) November 1, 2023
Mediante un comunicado de prensa del 1 de noviembre, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada manifestó su rechazo ante los acontecimientos de violencia contra los diputados de oposición y la violación a las normativas constitucionales. Con un PIB per cápita inferior a $2,500 en 2022, Honduras es uno de los países más pobres de la región. Además, el país sufre constantes crisis políticas que socavan sus instituciones.
El precario entorno empresarial ahuyenta posibles inversiones en el país, las cuales son cruciales para impulsar el crecimiento económico y abordar la emigración y la pobreza descontrolada. La crisis política solo agrava la situación. La tasa de pobreza fue del 73% en 2021, según el propio Instituto Nacional de Estadística de Honduras.
La elección de un fiscal a la medida es un paso fundamental para la “refundación de la patria” que pregona el régimen de Castro. Este necesita la complicidad del MP para politizar la justicia e instalar un gobierno autoritario. Un fiscal general leal al régimen puede llevar a cabo investigaciones según sus preferencias, lo que también podría afectar a la prevista Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH).
En diciembre de 2022, el régimen y las Naciones Unidas firmaron un memorándum para crear esta nueva institución. Aunque pueda parecer una buena idea, los eventos recientes sugieren que esta comisión estará tan politizada como la de Guatemala (CICIG), que el entonces presidente Jimmy Morales cerró en 2019.
En definitiva, el régimen de Castro, con el apoyo de oenegés antioccidentales como Progressive International, está socavando las instituciones del país al nombrar ilegalmente a Zelaya y Morazán. Es ingenuo pensar que las nuevas autoridades del MP nombradas recientemente permanecerán en el cargo temporalmente, hasta que el Congreso llegue a un acuerdo. Tal acuerdo no muestra signos de materializarse, por lo que Zelaya y Morazán podrían ocupar los cargos durante los próximos cinco años.
El régimen sigue al pie de la letra el manual totalitario del socialismo del siglo XXI. La intención de Castro, respaldada por su esposo y expresidente Manuel “Mel” Zelaya, siempre ha sido controlar el poder judicial de Honduras. Tomar el control del MP ayudará al régimen a protegerse de acusaciones criminales y profundizar la politización del poder judicial del país.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
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