La demonización de las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE) de Honduras por parte de políticos, organizaciones y medios de comunicación progresistas está privando a los hondureños de oportunidades laborales y de entornos seguros para vivir. Además, ha provocado una costosa demanda contra el Estado y violencia entre sus ciudadanos.
Los progresistas presentan, de forma deshonesta, las ZEDE como un atentado contra la soberanía hondureña, el Estado de derecho y los derechos de las personas. Pero los hechos indican exactamente lo contrario.
Lo que está en juego
Las ZEDE —que promueven el libre mercado, la competencia, la prosperidad y la seguridad jurídica— dan trabajo directo a unos 3.000 hondureños. Gabriel Delgado, cofundador y director de desarrollo de Próspera, explica que las ZEDE de Próspera, Morazán y Orquídea emplean a 1.400, 1.000 y 600 personas, respectivamente.
Además, Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera, afirma que la ZEDE ha invertido más de $100 millones en Honduras. Cualquiera puede hablar de atraer inversiones y crear puestos de trabajo, pero las ZEDE lo han hecho. Han superado con creces la fase de prueba y se han ganado su momento de gloria.Los hondureños se beneficiarían de la presencia de más ZEDE, no menos.
Muchas personas oriundas de zonas aledañas han conseguido trabajo y crean empresas dentro de las ZEDE. Virginia Mann, una residente de Crawfish Rock, un pueblo adyacente a Próspera en Roatán, dijo al Impunity Observer: “Próspera ha tenido un gran impacto en mi vida. Me ha permitido ayudar a mi comunidad… [conseguir un] trabajo que está a 10 minutos a pie de mi casa… y un salario que me permite mantener a mi familia. También me ha permitido dar una mejor educación a mis hijos”.
A Ursula Frederick, residente de la ZEDE de Morazán, en las afueras de Choloma, al norte de San Pedro Sula, la zona le ha proporcionado un entorno seguro (sin extorsiones) para poner en marcha su propio negocio: una cafetería. Frederick perdió su trabajo tras la pandemia de COVID-19, pero encontró una nueva forma de obtener ingresos vendiendo café y pasteles. Además, trabaja a distancia como planificadora, lo que le permite dedicar tiempo a la cafetería.
Las graves necesidades de Honduras
Como la mayoría de latinoamericanos, los hondureños están desesperados por encontrar oportunidades de empleo. No se necesita más que ver las oleadas de emigrantes que abandonan el país en busca de mejores días. Como escribió una expatriada estadounidense: “Venir a Honduras en busca de trabajo es como ir al Sáhara a buscar agua”.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de pobreza de Honduras es del 64,1%, una de las más altas de la región. Sus vecinos de El Salvador y Guatemala, por ejemplo, tienen tasas de pobreza del 29,5% y el 55,2%, respectivamente. Además, el 73% de los hondureños sobreviven en la economía informal.
La falta de desarrollo económico no debería sorprender. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, una oenegé mexicana que aboga por la paz, clasificó en 2022 a San Pedro Sula y Tegucigalpa como las ciudades 42 y 45 más peligrosas del mundo, respectivamente.
Esta calamitosa situación necesita de inversión extranjera —con el Estado de derecho como base—, precisamente lo que se pretendía fomentar con las ZEDE. Sin embargo, un capitalismo de laissez faire próspero, sin intromisiones del gobierno central, es humillante para quienes se empeñan en una refundación socialista de la nación.
La narrativa hostil
Los progresistas han unido fuerzas para politizar las ZEDE y socavar su presencia, al margen de los beneficios para los hondureños. Los políticos del Partido Libre han eliminado la vía legal para crear nuevas ZEDE y han acosado a las que ya existen. Eso incluye quitarles, sin causa, la autorización aduanera. Para echar sal en la herida, el gobierno socialista en funciones ha creado eventos para condenar e intimidar a las ZEDE.
Después de una reunión de la Internacional Progresista con diplomáticos, académicos y políticos locales y extranjeros el 13 de noviembre de 2023 en Honduras, el viceministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres, anunció la creación de la campaña Honduras Resiste. El objetivo del movimiento patrocinado por la Internacional Progresista es “convocar a aliados de todo el mundo para contribuir a presentar la lucha por la refundación democrática de Honduras [énfasis mío]”. El movimiento rechaza la presencia de las ZEDE en Honduras porque son un “intento de privatizar la soberanía nacional”.
En consonancia con la narrativa de la Internacional Progresista, la presidente socialista Xiomara Castro se ha opuesto a las ZEDEs en múltiples ocasiones. Su argumento es que estas zonas socavan la soberanía de Honduras y violan los derechos humanos. En otras palabras, las zonas socavan su deseo de una transformación progresista hacia el autoritarismo a manos de su gobierno, flanqueado por su marido, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya (2006-2009).
Nos veremos en los tribunales
Además de las pérdidas económicas directas por la paralización de las ZEDE, el Estado se enfrenta a una demanda en tribunales internacionales. En diciembre de 2022, ocho meses después de que el Congreso derogara la ley de las ZEDE, Próspera presentó una demanda contra el país por valor de $10.700 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Próspera lo hizo para protegerse de las violaciones del Estado al derecho hondureño e internacional, incluyendo posibles expropiaciones forzosas.
Según Erick Brimen, cofundador y director general de Próspera, la organización quería evitar un juicio. Sin embargo, las autoridades hondureñas se negaron a cooperar para llegar a un acuerdo sin acudir a los tribunales. Brimen afirma que Próspera sigue abierta al diálogo con el gobierno hondureño para alcanzar una “solución amistosa”.
Altos funcionarios de la ZEDE señalan que las zonas, al menos en teoría, tienen garantizadas sus operaciones en Honduras durante al menos 50 años. Sin embargo, los funcionarios temen la expropiación ilegal de las zonas.
¿Quién paga el precio?
Estas expropiaciones perjudicarán a los hondureños. Las ZEDE en funcionamiento han proporcionado una seguridad de primer mundo, algo que el Estado no ha hecho durante décadas.
Trágicamente, la politización de las ZEDE ha llevado a violentos enfrentamientos entre hondureños que se han convertido en peones del juego del régimen. En diciembre de 2023, el gobierno de Castro envió a Roatán a unos 60 funcionarios y organizó un evento para criticar a Próspera y otras ZEDE. Emergió un conflicto porque los residentes de Crawfish Rock que trabajan en Próspera querían hablar en el evento del gobierno. Querían compartir sus experiencias en la ZEDE y explicar cómo Próspera había mejorado sus vidas. Sin embargo, los organizadores del acto no les permitieron hablar. Ambas partes perdieron la calma, y hubo puñetazos y un herido.
En contraste de la retórica de los políticos izquierdistas y de las organizaciones internacionales que supuestamente abogan por los derechos humanos, basta con ver la evidencia: las ZEDE han atraído importantes inversiones extranjeras y están teniendo un impacto positivo en la población y en las comunidades aledañas. Quienes siguen demonizando los indiscutibles beneficios de las ZEDE están más preocupados por su preciada revolución socialista que por el bienestar de los hondureños.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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