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El régimen criminal de Joe Biden, que aspira a ser totalitario, ha mostrado en Guatemala lo que quiere hacer en casa en 2024. El régimen ha consumado un fraude electoral e instaló a su títere comunista como presidente: Bernardo Arévalo. El fraude incluyó la manipulación de la tabulación de votos y la intimidación de funcionarios que favorecían elecciones libres.
Como mano derecha de Obama, Biden utilizó dinero estadounidense para apoderarse del sistema de justicia de Guatemala en 2016. El embajador estadounidense Todd Robinson (2014-2017) era el ejecutor de Biden.
Guatemala recuperó su sistema de justicia en 2021 al designar a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que no estaban controlados por el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS). Sin embargo, estos magistrados han cedido y permitieron el fraude del régimen de Biden. El 14 de enero ordenaron, violando la ley, la toma de posesión de Arévalo como presidente.
La oenegé sin fines de lucro de Guatemala, Liga Pro Patria, ha reportado que el personal de la Oficina Internacional Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) bajo Robinson se reunió con magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes de la primera vuelta electoral el 25 de junio.
Después de más de 1.000 denuncias, el Ministerio Público (MP) investigó el fraude electoral en 2023. El DOS contraatacó diciendo falsamente que la fiscal general, Consuelo Porras, no tenía autoridad sobre asuntos electorales y también reclutó a gente influyente para presionarla a renunciar a su cargo. El MP continuó y, en un reporte del 8 de diciembre, documentó una serie extensiva de crímenes electorales.
Por ejemplo, de las 25.000 firmas necesarias para registrar al Movimiento Semilla —el vehículo electoral de Arévalo para estar en las papeletas— más de 8.000 eran fraudulentas. El TSE destruyó o perdió 7.950 actas de conteo originales, lo que representa más de dos millones de votos, que por ley debían ser guardados en cajas selladas. De aquellos que el MP encontró, el número de votos era diferente al número reportado por la máquina de conteo. Encima, los metadatos revelaron votos subidos a la plataforma antes de que las juntas receptoras del voto hubieran cerrado.
La intimidación del DOS, incluyendo violencia por parte de oenegés sustitutas —que el DOS denominó protestas pacíficas—, incrementó cuando la evidencia del fraude se volvió notorio. El DOS coaccionó a los guatemaltecos para que crean sus mentiras y descarten sus propias leyes. Si se hubieran aplicado, estas hubiesen prevenido la toma de posesión de Arévalo.
El exembajador de Estados Unidos ante Alemania y exdirector interino de Inteligencia Nacional, Rick Grenell, visitó Guatemala la semana pasada. Publicó en X que había escuchado sobre “funcionarios del Departamento de Estado exigiendo a personas que apoyen las políticas de izquierda o a cambio… es antiestadounidense y puede ser ilegal…. Lo que el equipo de Biden está haciendo a los conservadores en Estados Unidos es exactamente lo que están haciendo en el exterior —a través del liderazgo de las INL y WHA [del hemisferio occidental] del Departamento de Estado”.
La Liga ha promovido el Estado de derecho en Guatemala por 25 años. El 9 de enero, la Liga presentó una petición ante la CC, basándose en el reporte del MP, para evitar la toma de posesión de Arévalo el 14 de enero. La petición decía que el Movimiento Semilla de Arévalo es, considerando la ley, nulo y sin efecto. Sus 8.000 firmas falsificadas no se atuvieron a la ley para registrar un partido político, por lo que su candidato legalmente no puede asumir el cargo de presidente.
La Liga también le dijo a la corte que los magistrados del TSE conspiraron con miembros de Semilla para cometer el fraude electoral. El TSE no ha estado funcionando desde que cuatro de sus magistrados salieron del país a finales de noviembre. Esto dejó tiempo insuficiente para que el Congreso y las cortes, especialmente bajo la intimidación del DOS, tengan a disposición un TSE en funciones que pueda anular las elecciones.
Auditores nacionales acusaron a cuatro de los cinco magistrados del TSE de malversación de fondos. El Congreso, con una mayoría de dos tercios (108 congresistas), luego suspendió la inmunidad de los magistrados del TSE, convirtiéndolos en sujetos de posibles investigaciones y enjuiciamientos.
El DOS revocó la visa de los 108 congresistas y sus esposas. Esto refuerza la acusación de la Liga, en la que sostienen que Estados Unidos estaba dirigiendo el fraude electoral.
La CC no hizo nada ante la solicitud de la Liga. En cambio, la CC ordenó al Congreso que posesionara a Arévalo. Esto materializó el fraude electoral del régimen de Biden y condenó a los magistrados de la CC a actuar como sus predecesores: ejecutando la agenda criminal del DOS a través de sentencias ilegales.
Un gobierno nacido en la criminalidad protegerá sus crímenes y los de su titiritero, el régimen de Biden. El DOS ahora tiene el poder ejecutivo que tanto ha buscado desde el 2015. El DOS tratará de consolidar todo el poder en el ejecutivo mientras mantiene la apariencia de separación de poderes.
La tarea más desalentadora del régimen de Arévalo, para la que no hay un camino legal, es remover a Porras del MP antes de que termine su periodo en mayo de 2026. Porras es la mejor aliada de Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de personas y narcóticos. El régimen de Biden ha mostrado que desea que esos flujos continúen.
Una congresista dijo que el 14 de enero la Embajada estadounidense amenazó a miembros para que apoyen a la planilla de Semilla para la presidencia del Congreso. Esta intimidación del DOS significa que Semilla, a pesar de tener una minoría de menos del 15% en el Congreso, ahora tiene el poder legislativo.
La forma para evitar que Arévalo consolide una dictadura sería la supervisión del Congreso de los criminales que hoy manejan el DOS. Así, los criminales no podrían dirigir al régimen de Arévalo. Grenell pidió al inspector general del DOS que investigue y el senador Mike Lee sostuvo que el DOS “necesita una limpieza exhaustiva”.
Los comentarios de Grenell y Lee resaltan la necesidad de que la Cámara investigue y exponga la instrumentalización doméstica y en el extranjero del gobierno. Al hacer esto, se educaría a la población sobre la naturaleza criminal del régimen de Biden y la necesidad de terminar con el abuso del poder del Estado.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
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